El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista “Hermanos al Rescate”, ocurrido en febrero de 1996 y en el que murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos estadounidenses.
La acusación fue presentada ante una corte federal en Miami e incluye cargos por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Además de Castro, fueron imputados otros cinco exmilitares cubanos presuntamente involucrados en la operación aérea.
De acuerdo con la fiscalía estadounidense, las avionetas civiles fueron derribadas el 24 de febrero de 1996 por cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana mientras sobrevolaban aguas internacionales. El gobierno cubano ha sostenido durante décadas que las aeronaves violaron su espacio aéreo y que la acción respondió a motivos de seguridad nacional.
En aquel momento, Raúl Castro se desempeñaba como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, por lo que las autoridades estadounidenses consideran que tuvo responsabilidad directa en la orden de derribo. La acusación señala que la operación fue premeditada y dirigida contra aeronaves civiles pertenecientes a la agrupación de exiliados cubanos con sede en Miami.
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que “después de casi 30 años, las familias de las víctimas finalmente verán avanzar la justicia”, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó el proceso judicial y reiteró la presión de Washington contra el gobierno cubano.
Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel calificó la imputación como una maniobra política y defendió a Castro, de 94 años, al señalar que se trata de un dirigente “respetado y ético”. Funcionarios cubanos denunciaron además que la acusación carece de sustento jurídico y forma parte de una nueva escalada de presión de Estados Unidos sobre la isla.
El caso revive uno de los episodios más tensos en la relación entre Cuba y Estados Unidos tras la Guerra Fría. El derribo de las aeronaves de “Hermanos al Rescate” provocó entonces una fuerte crisis diplomática y derivó en mayores sanciones estadounidenses contra el gobierno cubano mediante la Ley Helms-Burton.
