La presidenta Claudia Sheinbaum defendió sus señalamientos sobre presuntas irregularidades en las contrataciones de material electoral y cuestionó al exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, por conocer la concentración de contratos en un grupo reducido de empresas y no haber actuado para modificar las reglas durante su gestión.
En la mañanera del pueblo, la mandataria retomó las declaraciones de Córdova, quien reconoció que durante su administración se nombró a Guadalupe Taddei como consejera del organismo electoral de Sonora y que estaba al tanto de la existencia de un grupo reducido de proveedores que contrataban con los organismos electorales estatales.
Sheinbaum sostuvo que Córdova estuvo nueve años al frente del INE y que, además de conocer ese esquema, el Instituto también contrató a esas empresas. Cuestionó que no hubiera intervenido para impedir la concentración de proveedores, pese a que el Consejo General del organismo designaba a los consejeros electorales de las 32 entidades, quienes a su vez realizaban las contrataciones.
La presidenta señaló que, de acuerdo con la información que ha expuesto su gobierno, algunas de las empresas involucradas no fabricaban directamente los materiales electorales, sino que funcionaban como intermediarias y subcontrataban a otras compañías. Aseguró que los contratos se habrían otorgado a precios dos o tres veces mayores.
También mencionó a los hermanos Hernández Casillas y a otros personajes que, según sus señalamientos, participaron en la conformación de esas empresas. Sostuvo que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades administrativas o penales que pudieran existir, pues no corresponde a la Presidencia establecerlas.
La mandataria vinculó el origen de este esquema con la reforma electoral de 2014, aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el marco del Pacto por México. Explicó que esa modificación concentró en el INE la facultad de nombrar a los consejeros de los organismos electorales estatales, atribución que antes correspondía a los congresos locales.
Afirmó que esa concentración de facultades también implicaba la responsabilidad de establecer reglas para evitar irregularidades en las contrataciones, tanto del Instituto nacional como de los organismos estatales.
En ese contexto, cuestionó que ahora Lorenzo Córdova sostenga que no tenía responsabilidad sobre las empresas proveedoras y recordó que el exconsejero reconoció públicamente que conocía su existencia.
La presidenta también respondió al anuncio del partido SOMOS de presentar una demanda por daño moral y difamación en su contra y contra la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro.
Dijo que no tiene inconveniente con la acción legal y que sostiene sus declaraciones porque, aseguró, cuenta con pruebas que fueron presentadas públicamente.
“Nosotros sólo dijimos los hechos, sólo dijimos hechos, no tengo ningún problema. Defiendo mis dichos, los sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, afirmó.
Sheinbaum relacionó la formación de SOMOS con figuras que promovieron la consigna “El INE no se toca”, entre ellas Lorenzo Córdova, Álvaro Casar y otros exfuncionarios y actores políticos. Sostuvo que algunos de quienes participaron en la integración de los organismos electorales estatales también conocían a las empresas que posteriormente obtuvieron contratos.
La mandataria también respondió a Córdova, quien manifestó estar de acuerdo con que se auditen los contratos del INE, pero pidió que no se encubra a ningún integrante de Morena si resulta involucrado.
Sheinbaum rechazó que su gobierno proteja a personas de ese partido y sostuvo que las investigaciones deben avanzar cuando existan pruebas. Como ejemplo, mencionó la detención de presidentes municipales emanados de Morena por presuntos vínculos con grupos delictivos o por corrupción.
“Que actúe la Fiscalía, que actúe la Auditoría, pues no cubrimos a nadie, pero que se presenten pruebas, porque no es suficiente con que alguien diga que es o que no es”, señaló.
Sobre la posibilidad de que el INE presente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República y contrate auditorías externas, además de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, la presidenta dijo que el organismo tiene autonomía para tomar esas decisiones.
Sin embargo, insistió en que las auditorías deben revisar no sólo el periodo de Guadalupe Taddei, sino también las administraciones anteriores y los organismos electorales estatales, para establecer desde cuándo opera el esquema de concentración de contratos.
En sus señalamientos también mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien se desempeñó durante 15 años como secretario ejecutivo del INE. Sheinbaum sostuvo que desde ese cargo tenía responsabilidad sobre áreas administrativas relacionadas con la distribución de contratos y cuestionó que no hubiera advertido la concentración de proveedores.
La presidenta planteó que los actuales diez consejeros del INE deben aprovechar el tiempo previo a las elecciones de 2027 para revisar las licitaciones y garantizar que las contrataciones sean transparentes. También consideró necesario establecer nuevos lineamientos para que los organismos electorales estatales sigan reglas claras y se reduzcan los costos.
Como parte de las acciones que corresponden al Gobierno federal, anunció que se trabaja en un decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México, organismo que produce principalmente las boletas electorales federales. Adelantó que la propuesta podría presentarse a principios de la próxima semana, una vez que esté lista.
Explicó que se busca fortalecer su consejo de administración, ampliar los mecanismos de vigilancia y transparencia e incluso incorporar la participación de universidades. El objetivo, dijo, es que la institución tenga capacidad para producir la mayor parte del material electoral bajo condiciones transparentes y a precios justos.
Sheinbaum aclaró que las boletas federales ya son producidas por Talleres Gráficos de México, pero consideró que es necesario fortalecer la institución para ampliar su capacidad y supervisión. También planteó que otros materiales, como chalecos, mamparas y artículos utilizados en las casillas, puedan ser adquiridos a través de licitaciones abiertas a un mayor número de empresas.
La presidenta sostuvo que las modificaciones legales o constitucionales relacionadas con las elecciones ya no podrían realizarse una vez iniciado el proceso electoral de 2027, por lo que cualquier cambio de esa naturaleza tendría que plantearse después de los comicios. Por ahora, dijo, corresponde garantizar la transparencia de las contrataciones.
En materia presupuestal, Sheinbaum respaldó la reducción de cinco mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027 que prepara la Cámara de Diputados. Consideró que el proyecto presentado por el Instituto era excesivo.
“Pues sí, porque fue un presupuesto inflado el que se mandó”, respondió.
Durante la conferencia se mencionó que el presupuesto del INE rondaba los 37 mil millones de pesos. La presidenta señaló que, al sumar los recursos que reciben los organismos electorales estatales, el gasto relacionado con la organización de las elecciones podría alcanzar alrededor de 50 mil millones de pesos. Aclaró que una parte de esos recursos se destina a la realización de los comicios, pero consideró que también podrían existir costos inflados por los esquemas de contratación que ha denunciado.
Sheinbaum subrayó que cualquier ajuste presupuestal debe garantizar la organización de las elecciones y sostuvo que corresponde a los consejeros y legisladores asegurar que los recursos sean suficientes y se ejerzan con transparencia.
Finalmente, ante los señalamientos de que el INE atraviesa la mayor crisis de su historia y que será difícil recuperar la confianza ciudadana, la presidenta recordó las controversias de las elecciones de 2006, las movilizaciones que exigieron el recuento de votos y la intervención del entonces presidente Vicente Fox.
También cuestionó la resolución del entonces Instituto Federal Electoral y del Tribunal Electoral, al recordar que se reconoció una participación excesiva de Fox en el proceso, pero se determinó que eso no era suficiente para acreditar un fraude electoral.
Sheinbaum sostuvo que esos antecedentes también deben considerarse al evaluar la confianza en las autoridades electorales y reiteró que los actuales consejeros tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia de las elecciones de 2027.
