- La presidenta pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos investigar a fondo las denuncias de violencia durante operativos policiales y reclamó identificar a quienes ordenaron o ejecutaron los abusos. También llamó a revisar casos denunciados en Guanajuato y otras entidades.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la tortura y los abusos cometidos por integrantes de corporaciones policiales y pidió que se investiguen las denuncias de violencia contra jóvenes durante actuaciones de las fuerzas del orden, particularmente en Jalisco.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria afirmó que ninguna autoridad puede justificar la tortura durante una detención y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realizar una investigación profunda sobre los hechos denunciados en esa entidad.
La declaración se produjo después de que una periodista expusiera presuntas violaciones a derechos humanos atribuidas a corporaciones policiales de Jalisco y Guanajuato, entre ellas el uso de fuerza contra manifestantes y denuncias de agresiones durante detenciones.
“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco”, sostuvo la presidenta al referirse a las denuncias de uso de chorros de agua, gases lacrimógenos y presuntos actos de tortura contra jóvenes.
Sheinbaum pidió esclarecer quién dio las órdenes, entrevistar a las víctimas y determinar las responsabilidades correspondientes. También sostuvo que, cuando los hechos lo ameriten, la CNDH o la Fiscalía General de la República deberán intervenir conforme a sus atribuciones.
Investigar quién ordenó los abusos y quién los ejecutó
La postura presidencial coloca en el centro una cuestión fundamental para el Estado de derecho: la actuación policial debe sujetarse a la ley y al respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso durante operativos de contención, detenciones o manifestaciones públicas.
La investigación de posibles abusos no puede limitarse a determinar si hubo lesiones. También debe esclarecer las circunstancias de los hechos, las instrucciones recibidas por los agentes, el uso de la fuerza y la existencia de mecanismos de supervisión.
En el caso de Jalisco, Sheinbaum pidió que se investigue a fondo lo ocurrido y que se identifique a los responsables si se acreditan violaciones a los derechos humanos.
La solicitud no equivale a una resolución sobre la responsabilidad individual de los policías señalados. Esa determinación requiere investigaciones con pruebas, testimonios y garantías procesales.
Pero sí establece una posición política explícita: la violencia ejercida por agentes del Estado no debe normalizarse ni quedar sin consecuencias.
Las denuncias también alcanzan a Guanajuato
Durante la conferencia, la periodista Jeanette Alcantar, del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato, expuso diversos casos denunciados en esa entidad.
Entre ellos mencionó la presunta agresión contra el reportero Jorge Luis Sierra por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado; la denuncia de tortura contra seis estudiantes de la Universidad de Guanajuato detenidos por policías municipales; y un video en el que, según lo expuesto por la periodista, el director operativo de la Policía de León, Óscar Nava, agrede físicamente a una mujer.
También se refirió al caso de Iván, un joven obrero de 19 años que, de acuerdo con la denuncia presentada, habría sido asesinado por policías estatales en el municipio de San Felipe. La periodista señaló que la familia enfrenta además un proceso de estigmatización y criminalización.
Se trata de señalamientos de distinta naturaleza y con circunstancias particulares. Su presentación en la conferencia no constituye, por sí misma, una determinación judicial sobre cada caso.
Sheinbaum respondió que las denuncias deben investigarse y que, cuando corresponda, las autoridades competentes deben intervenir.
La mandataria subrayó que existe una responsabilidad directa de los gobiernos estatales sobre el desempeño de sus policías y que los casos de presunta tortura no pueden quedar al margen de la supervisión institucional.
La tortura no puede justificarse como método de control
La prohibición de la tortura constituye una obligación del Estado mexicano. No depende de la conducta atribuida a una persona detenida, de la gravedad de una protesta ni de las circunstancias de un operativo.
Por ello, las denuncias de malos tratos deben examinarse con independencia de las razones por las que se produjo una detención o de las acusaciones formuladas contra las personas involucradas.
En una democracia, la fuerza pública tiene facultades para proteger a la población y hacer cumplir la ley, pero su actuación está limitada por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Cuando existen señalamientos de tortura, la investigación debe permitir establecer qué ocurrió, identificar a los responsables y determinar las consecuencias administrativas o penales que procedan.
La presidenta pidió que se investigue lo sucedido en Jalisco y reiteró que no debe haber tolerancia frente a la tortura policial.
Su planteamiento también abre una discusión más amplia sobre la necesidad de fortalecer los controles internos de las corporaciones, los protocolos de detención, la capacitación de los agentes y los mecanismos independientes de supervisión.
Seguridad pública y derechos humanos: una responsabilidad institucional
Las denuncias de abusos policiales plantean un desafío para las estrategias de seguridad: reducir los delitos y proteger a la población exige instituciones capaces de actuar dentro de la ley.
La confianza ciudadana depende no sólo de que las autoridades investiguen a quienes cometen delitos, sino también de que investiguen a sus propios integrantes cuando existen indicios de abuso de poder.
En ese sentido, la rendición de cuentas debe incluir procedimientos claros para recibir denuncias, preservar evidencia, proteger a las víctimas y evitar represalias contra quienes documentan o denuncian hechos de violencia.
También requiere que las investigaciones se traduzcan en resultados verificables. Las declaraciones de rechazo a la tortura son relevantes, pero la garantía efectiva de los derechos humanos depende de que los casos se esclarezcan y, cuando se acrediten responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes.
La petición presidencial a la CNDH y el señalamiento de la responsabilidad de los gobiernos estatales colocan el tema en la agenda pública. El siguiente paso será conocer qué investigaciones se abren, qué autoridades intervienen y cuáles son sus conclusiones.
El principio que está en juego es inequívoco: ninguna corporación policial puede situarse por encima de la ley. La protección de la población y el respeto a los derechos humanos no son objetivos contrapuestos; ambos son obligaciones del Estado.
