- El decreto presidencial obliga a identificar y retirar contenidos relacionados con violencia, abuso sexual, ciberacoso y autolesiones; las empresas deberán ajustar sus mecanismos de protección y reportar sus avances. Si incumplen, el Gobierno federal advierte que impulsará una ley con sanciones.
La protección de niñas, niños y adolescentes en internet deja de plantearse únicamente como una responsabilidad familiar para convertirse en una obligación directa de las plataformas digitales. El Gobierno de México firmó este miércoles un decreto que establece medidas para impedir que las personas menores de edad accedan a contenidos violentos o reciban recomendaciones algorítmicas que los expongan a situaciones de riesgo.
La disposición, presentada por la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde Luján, establece un plazo máximo de 30 días naturales para que las plataformas documenten e informen las acciones implementadas para cumplir con las nuevas obligaciones. El seguimiento estará a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que las empresas tendrán que adecuar sus mecanismos para retirar contenidos que promuevan la violencia contra menores de edad y colaborar con las autoridades cuando detecten situaciones que representen un peligro.
La advertencia presidencial tiene una segunda dimensión: si las plataformas no cumplen, el Gobierno federal buscará avanzar hacia una ley que contemple sanciones específicas.
Del retiro de contenidos a la responsabilidad de las empresas
El decreto comprende los servicios digitales que permiten la interacción entre usuarios, así como la generación, difusión y distribución de contenidos en internet. Entre las empresas que participaron en las reuniones con el Gobierno se encuentran Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei.
La disposición identifica distintas categorías de contenido a las que las plataformas no deberán permitir el acceso, la exposición o la recomendación a niñas, niños y adolescentes:
* Discursos de odio y extremismo violento.
* Abuso, explotación y violencia sexual.
* Contenidos relacionados con el suicidio y las autolesiones deliberadas.
* Trastornos alimenticios.
* Violencia escolar, acoso y ciberacoso.
* Ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.
El alcance de la medida no se limita a retirar publicaciones una vez que alguien las denuncia. También exige que las empresas incorporen mecanismos de protección desde el diseño de sus servicios, clasifiquen contenidos por edades y establezcan medidas para verificar la edad de los usuarios.
Otro elemento relevante es la configuración predeterminada de privacidad y seguridad. En lugar de dejar toda la responsabilidad en manos de las familias, las plataformas deberán activar protecciones para menores desde el inicio, además de proporcionar herramientas de supervisión a madres, padres y tutores.
El decreto contempla mecanismos para reportar contenidos y cuentas, así como la obligación de establecer puntos de contacto con las autoridades investigadoras. Las empresas deberán preservar y entregar información relevante cuando sea requerida en el marco de las investigaciones correspondientes, y alertar a las autoridades cuando identifiquen contenidos que representen amenazas contra la vida.
El reto: que los algoritmos también respondan
La relevancia de esta medida está en que coloca la atención sobre el funcionamiento de los servicios digitales, no solamente sobre las publicaciones individuales.
Las plataformas organizan la experiencia de sus usuarios mediante sistemas de recomendación que seleccionan qué videos, imágenes y mensajes aparecen en pantalla. Por ello, la exposición de menores a contenidos nocivos no depende exclusivamente de lo que buscan voluntariamente, sino también de lo que los sistemas les muestran.
El Gobierno busca que las empresas identifiquen y retiren contenidos de riesgo, además de modificar los mecanismos necesarios para impedir que estos se distribuyan o recomienden a usuarios menores de edad.
Sin embargo, el desafío será traducir las obligaciones generales en criterios verificables: cómo se determinará que un contenido constituye una amenaza, qué mecanismos se utilizarán para comprobar la edad sin comprometer los datos personales y cómo se evaluará que los sistemas de recomendación realmente estén cumpliendo.
El decreto señala que las plataformas deberán publicar criterios para identificar y retirar estos materiales. La supervisión de su aplicación será decisiva para determinar si las obligaciones se traducen en cambios efectivos.
Protección de la infancia, sin abrir la puerta a la censura
Uno de los puntos centrales será delimitar con precisión las categorías sujetas a retiro. Durante la conferencia, Sheinbaum aclaró que la medida se dirige a proteger a menores de edad frente a contenidos relacionados con la violencia y no a sancionar expresiones políticas.
Esta distinción es fundamental. La protección de la infancia debe convivir con la libertad de expresión, el derecho a la información y la privacidad. Para ello, los criterios de aplicación tendrán que ser transparentes, proporcionales y sujetos a supervisión.
El decreto también contempla abrir un espacio de discusión sobre posibles propuestas regulatorias adicionales para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
La presidenta indicó que, por ahora, el instrumento tiene carácter obligatorio, pero no establece sanciones específicas para las plataformas. Estas podrían incorporarse en una legislación posterior si se determina que las empresas incumplen.
Una estrategia que también pasa por las escuelas y las familias
La regulación forma parte de una estrategia más amplia que incluye acciones de prevención y atención de la salud mental.
Entre ellas se encuentra el programa ABC de las emociones, con actividades dirigidas a las comunidades escolares, así como la Línea de la Vida, que brinda orientación y apoyo psicológico. La intención es que madres, padres, docentes y estudiantes cuenten con herramientas para identificar señales de riesgo y solicitar ayuda.
La presidenta también expuso un caso en el que una alerta comunicada por un estudiante a su maestra activó mecanismos de coordinación entre autoridades educativas y de seguridad, lo que permitió localizar un arma en el domicilio de otro joven mediante una diligencia autorizada judicialmente.
El ejemplo ilustra la importancia de atender las señales de riesgo antes de que se conviertan en hechos violentos. No obstante, la prevención requiere distinguir entre una amenaza concreta, una conducta preocupante y una expresión que no constituye por sí misma un delito.
El Gobierno tendrá ahora que demostrar que puede coordinar a las empresas tecnológicas, las instituciones educativas y las autoridades de seguridad sin trasladar toda la responsabilidad a las familias ni convertir la vigilancia digital en una herramienta indiscriminada.
Los próximos 30 días serán la primera prueba de cumplimiento. Más allá de la firma del decreto, el resultado dependerá de la capacidad para verificar las medidas adoptadas, atender las denuncias y establecer responsabilidades cuando las protecciones no funcionen.
La discusión de fondo ya está planteada: ¿hasta dónde deben llegar las obligaciones de las empresas que administran los espacios digitales en los que crecen, aprenden y conviven millones de menores?
