La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como parte de una investigación sobre lo que calificó como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada hasta ahora en México, la cual habría ocasionado un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública.
En un mensaje a medios, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos explicó que las investigaciones permitieron identificar una compleja estructura empresarial, financiera, aduanera y logística dedicada a la importación, distribución y comercialización irregular de combustibles, actividad que además de generar pérdidas económicas para el país, constituye una fuente de financiamiento para organizaciones criminales.
Godoy detalló que la organización utilizaba un esquema de huachicol fiscal, mediante el cual introducía combustible desde Estados Unidos con declaraciones falsas o incompletas ante las aduanas, reportando menores volúmenes o clasificando la mercancía como otros productos para evadir el pago de impuestos.
Empresa fundada por Ernesto Ruffo
De acuerdo con la investigación, la red comenzó a operar a través de Ingemar, una empresa vinculada a actividades portuarias fundada por el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, quien fue detenido este jueves en Ensenada, Baja California, por elementos del Gabinete de Seguridad en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada y contrabando.
Las empresas relacionadas con esta estructura importaban formalmente productos derivados del petróleo; sin embargo, al ingresar la mercancía desde refinerías de Texas declaraban cantidades muy inferiores a las reales o registraban productos distintos para evitar el pago de contribuciones. Posteriormente, el combustible era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas.
Declaraban solo el 10% del combustible transportado
La fiscal explicó que la investigación reveló que cada carro tanque de ferrocarril transportaba hasta 110 mil litros, aunque ante las autoridades únicamente se declaraban alrededor de 10 mil litros, es decir, apenas el 10% de su capacidad.
Una vez que el combustible ingresaba al país sin las revisiones correspondientes, era descargado en espuelas ferroviarias y posteriormente distribuido mediante pipas y tractocamiones pertenecientes a siete empresas, sin contar con los permisos de la autoridad reguladora del sector energético.
Movimientos financieros por más de 3 mil millones de pesos
La investigación también incluyó el análisis de casi 80 cuentas bancarias, operaciones cambiarias y transferencias internacionales, lo que permitió detectar movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos y operaciones en divisas por más de mil 386 millones de dólares.
Según la FGR, las cuentas mostraban el comportamiento típico de las llamadas «cuentas puente», utilizadas para ocultar el origen de los recursos y dificultar la identificación de los beneficiarios finales mediante esquemas de triangulación financiera.
Daño al erario superior a 4 mil millones de pesos
Como parte de la ampliación de las investigaciones, realizadas en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México, la FGR detectó que entre enero y julio de 2025 la organización realizó 4 mil 238 operaciones de importación a través de las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.
El análisis permitió estimar un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública por la introducción irregular de combustibles y la omisión en el pago de impuestos.
Además, en una primera etapa de la investigación se documentó que aproximadamente 15.3 millones de litros de combustible no fueron declarados ante las autoridades fiscales, lo que generó una evasión de más de 106.8 millones de pesos únicamente por concepto de IEPS e IVA.
Hay 25 órdenes de aprehensión
Godoy informó que como resultado del primer bloque de la investigación se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión. Hasta el momento han sido detenidos Ernesto Ruffo Appel y otras cuatro personas, mientras continúan los operativos para cumplimentar el resto de los mandamientos judiciales.
Asimismo, precisó que entre los investigados se encuentran socios de las empresas involucradas, operadores logísticos, agentes aduanales y otros servidores públicos presuntamente relacionados con la red de contrabando. Las acciones judiciales se desarrollan en Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro y Tabasco.
La fiscal subrayó que las investigaciones continúan y reiteró que la FGR respetará el debido proceso y la presunción de inocencia de las personas involucradas, mientras avanza en el desmantelamiento de las redes dedicadas al contrabando de hidrocarburos y la evasión fiscal.
