La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la investigación que derivó en la orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responde a una indagatoria ministerial iniciada hace más de un año por una presunta red de contrabando de combustible y evasión fiscal, por lo que rechazó que tenga un trasfondo político.
Durante la conferencia matutina, la mandataria explicó que las investigaciones comenzaron tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con combustible de presunta procedencia ilícita en Coahuila, hecho que permitió a la Fiscalía General de la República reconstruir un esquema mediante el cual se introducía diésel desde Estados Unidos sin declarar correctamente la mercancía para evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
«Entraron tanques de ferrocarril y no reportaron que traían diésel, sino que traían otro material. ¿Con qué objetivo? Evitar el pago de impuestos… Eso es lo que le han llamado el huachicol fiscal; en realidad es contrabando de combustible», explicó Sheinbaum.
La presidenta señaló que, como resultado de esa investigación, la Fiscalía identificó a la empresa Ingemar como presunta importadora del combustible y solicitó una orden de aprehensión contra Ruffo Appel, a quien ubica como socio mayoritario de esa compañía. No obstante, subrayó que corresponderá al Poder Judicial determinar su situación jurídica con base en las pruebas que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.
«La empresa que importa ese combustible… de esa empresa es socio mayoritario el exgobernador. Si el exgobernador tiene, en el marco de la ley, toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia», sostuvo.
Sheinbaum insistió en que la actuación de las autoridades no distingue militancias ni cargos públicos y recordó que durante su administración también se han iniciado procesos penales contra servidores públicos de distintas fuerzas políticas.
«Es derivado de una investigación que tiene un año… No hay ninguna visión de que a los que llegan por un partido no se les investiga y a los que llegan por otro partido sí se les investiga. De ninguna manera», afirmó.
En un mensaje difundido ayer, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que la organización investigada declaraba únicamente el 10 por ciento de la capacidad real de los ferrotanques para evadir impuestos, mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que la indagatoria ha permitido ejecutar ocho órdenes de aprehensión y que aún existen otros mandamientos judiciales pendientes de cumplimentar.
