El gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), una medida que amplía las sanciones financieras y legales contra ambos grupos criminales.
La decisión fue anunciada por el Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que informó el congelamiento de todos los bienes e intereses que ambas organizaciones tengan bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de que ciudadanos o empresas de ese país realicen transacciones con ellas.
Con esta incorporación, Washington amplía la lista de organizaciones criminales mexicanas catalogadas como terroristas, una estrategia que comenzó en febrero de 2025 con la designación de otros cárteles del narcotráfico.
Sanciones más severas
La clasificación como organizaciones terroristas permite a las autoridades estadounidenses fortalecer las medidas para bloquear activos, perseguir redes financieras y sancionar a personas o empresas que proporcionen apoyo material o recursos a estos grupos. La medida se suma a las sanciones que ambas organizaciones ya enfrentaban por actividades relacionadas con el narcotráfico.
El Departamento del Tesoro señaló que el objetivo es limitar la capacidad operativa y financiera de estas organizaciones mediante herramientas legales más amplias para combatir al crimen organizado transnacional.
Los grupos señalados
Los Viagras, con presencia principalmente en Michoacán, han sido vinculados por las autoridades estadounidenses con el tráfico de metanfetaminas y cocaína, además de actividades como extorsión, secuestro y ataques contra fuerzas de seguridad. También se les atribuyen disputas territoriales con otros grupos del crimen organizado.
Por su parte, el Cártel de Juárez, una de las organizaciones criminales más antiguas de México, ha sido señalado por delitos relacionados con el narcotráfico, trata de personas, secuestro, extorsión y otras actividades ilícitas en la frontera norte del país.
La decisión se produce en el marco de la estrategia del gobierno estadounidense para incrementar la presión financiera y operativa sobre organizaciones criminales consideradas una amenaza para su seguridad nacional.
