La asociación identifica presiones de gobiernos de al menos cuatro estados para modificar las reglas de designación de autoridades universitarias y condicionar recursos públicos. La situación pone en el centro del debate la autonomía de las instituciones de educación superior.
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) advirtió sobre intentos de gobiernos estatales de intervenir en la vida interna de las universidades públicas, particularmente en los procesos para designar a sus rectoras y rectores.
Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la asociación, señaló que en al menos cuatro o cinco instituciones se han registrado presiones de gobernadores y congresos locales para influir en las decisiones universitarias.
Entre las prácticas identificadas se encuentran iniciativas para modificar las leyes orgánicas y los reglamentos de las instituciones, con el propósito de cambiar los mecanismos de elección de sus autoridades. También se han presentado presiones relacionadas con la asignación de recursos públicos.
De acuerdo con el dirigente de la ANUIES, entre los gobernadores señalados por estas intervenciones se encuentran los de Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán. Sin embargo, la asociación no ha presentado una relación pública completa de las instituciones involucradas ni de las acciones atribuidas a cada administración estatal.
González Placencia explicó que algunos de estos casos permanecen en negociación, particularmente por las discusiones presupuestales, por lo que evitó revelar los nombres de todas las universidades.
Cambios legales para influir en la elección de rectorías
Uno de los principales motivos de preocupación para la ANUIES es que los congresos estatales impulsen modificaciones a las leyes orgánicas universitarias para alterar los procedimientos mediante los cuales se elige a las autoridades.
La autonomía universitaria comprende la facultad de las instituciones para gobernarse a sí mismas, establecer sus normas internas y determinar sus mecanismos de organización y funcionamiento.
Por ello, la asociación considera que las modificaciones externas que buscan incidir en la designación de rectoras y rectores pueden representar una vulneración de esa facultad.
Uno de los casos que ha generado controversia es el de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
En marzo de 2025, el Congreso de Michoacán modificó el procedimiento para que estudiantes y profesores participaran mediante el voto en la elección de la persona titular de la Rectoría. Con ello se planteó sustituir el mecanismo anterior, en el que intervenía una Comisión de Rectoría integrada por cinco rectores, dos decanos y un estudiante.
Sin embargo, a principios de noviembre de 2026, el Legislativo estatal aprobó que la próxima designación, correspondiente al periodo 2027-2031, se realice nuevamente mediante la antigua Comisión de Rectoría, por única ocasión.
La decisión modificó el mecanismo que se había establecido un año antes y generó cuestionamientos sobre el alcance de la autonomía de la institución.
El presupuesto también puede convertirse en un mecanismo de presión
La ANUIES advirtió que las presiones sobre las universidades no se limitan a los cambios legales. También pueden manifestarse mediante el manejo de los recursos públicos que reciben las instituciones.
Las universidades públicas estatales dependen de aportaciones federales y estatales para financiar sus actividades. En ese contexto, la falta de entrega o el condicionamiento de recursos puede afectar su operación y generar presiones sobre sus decisiones internas.
González Placencia señaló que el incremento presupuestal de 3.2% previsto para las universidades públicas estatales es insuficiente frente al comportamiento de la inflación.
Además, entre siete y ocho de cada diez pesos de sus presupuestos se destinan al pago de salarios, lo que reduce el margen disponible para mantenimiento, infraestructura, equipamiento, investigación y contratación de personal académico.
A estas dificultades se suman los adeudos que algunas instituciones mantienen con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Universidades públicas acumulan déficit de 55 mil 400 millones de pesos
La advertencia sobre la autonomía ocurre en un escenario de dificultades financieras para las instituciones de educación superior.
La ANUIES reportó que las universidades públicas estatales acumulaban un déficit presupuestario de 55 mil 400 millones de pesos entre 2019 y 2026.
Ante la Cámara de Diputados, la asociación solicitó una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos para atender las necesidades financieras de las instituciones.
De ese monto, 9 mil 500 millones de pesos se destinarían a atender presiones salariales, sistemas de pensiones y jubilaciones e infraestructura universitaria.
Los 27 mil 300 millones restantes se plantearon para constituir un fondo federal especial que permita avanzar en la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, conforme a lo establecido en el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación Superior.
La falta de recursos, ha advertido la asociación, limita la capacidad de las universidades para ampliar su matrícula, contratar docentes, renovar equipos y mantener sus instalaciones.
El 29 de octubre, representantes de la ANUIES y rectoras y rectores de universidades públicas estatales se reunieron con integrantes de las comisiones de Presupuesto y Educación de la Cámara de Diputados para solicitar recursos extraordinarios para el ejercicio fiscal 2027.
Entre los compromisos estuvo gestionar una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar el diagnóstico financiero de las instituciones.
UNAM también advierte sobre riesgos para la autonomía
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, también expresó preocupación por los intentos de intervención de gobiernos estatales en las universidades públicas.
Durante la Asamblea General de la ANUIES, señaló que algunas autoridades locales buscan incidir en las decisiones de las instituciones autónomas y revertir avances en materia de autogobierno.
Lomelí se refirió a la situación de la Universidad Michoacana y al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de la Universidad Autónoma de Nayarit.
En octubre de 2026, la Corte concedió un amparo a la institución nayarita contra disposiciones de su Ley Orgánica que permitían la intervención de autoridades externas en el procedimiento para elegir a la Rectoría.
El máximo tribunal consideró que esa participación vulneraba la autonomía universitaria, al invadir atribuciones que corresponden a la propia institución.
Para el rector de la UNAM, estos casos evidencian la necesidad de garantizar que las universidades puedan ejercer su autogobierno sin presiones externas y cuenten con recursos suficientes para cumplir sus funciones.
La ANUIES ha planteado que la defensa de la autonomía debe acompañarse de una política de financiamiento sostenido para la educación superior, así como de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
La asociación mantiene su llamado a los gobiernos estatales y congresos locales para respetar las normas internas de las universidades y evitar que las modificaciones legislativas o las decisiones presupuestales se conviertan en instrumentos de intervención en su vida institucional.
