La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) abrió la consulta pública sobre el proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, con el propósito de recibir observaciones y propuestas de concesionarios, organizaciones civiles, especialistas, instituciones académicas y ciudadanía antes de emitir la versión definitiva del documento.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la consulta estará abierta del 27 de julio al 21 de agosto y destacó que se trata de un proceso encabezado por la CRT en ejercicio de su autonomía técnica, por lo que invitó a todos los sectores relacionados con la radiodifusión y la televisión, así como a las audiencias, a participar en su construcción.
«La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a la telecomunicación como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos.»
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que el proyecto busca hacer efectivos los derechos de las audiencias previstos en la Constitución y en la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, mediante reglas que den certeza sobre su aplicación. Recordó que los derechos de las audiencias fueron incorporados a la Constitución en 2013, posteriormente limitados por una reforma de 2017 y restituidos tras una resolución de la Suprema Corte en 2022, hasta quedar fortalecidos en la legislación aprobada durante la actual administración.
Los lineamientos serán aplicables a concesionarios de radio y televisión abierta, televisión restringida y programadores de uso comercial, público y social. Entre otros aspectos, establecen la obligación de que los medios cuenten con un Código de Ética, designen una persona defensora de las audiencias y establezcan mecanismos para atender las quejas de los usuarios.
Asimismo, desarrollan los derechos de las audiencias a recibir información veraz y oportuna, distinguir claramente entre información noticiosa y opinión, diferenciar la publicidad del contenido informativo, ejercer el derecho de réplica y garantizar condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.
Alcalde explicó que el procedimiento prevé que las inconformidades sean atendidas primero por la persona defensora de las audiencias designada por cada concesionario y, sólo si la recomendación emitida no es atendida, el caso podrá escalar a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que eventualmente podría imponer sanciones previstas en la ley.
«No tiene nada que ver con censura»
Durante la sesión de preguntas, la presidenta Sheinbaum rechazó que el proyecto represente un mecanismo de censura y sostuvo que su propósito es fortalecer los derechos de las audiencias mediante un esquema de autorregulación.
«Ya empezaron hoy a decir que censura. No tiene nada que ver con la censura, es el derecho de las audiencias. El medio puede publicar dentro de un código de ética definido por el propio medio.»
La mandataria subrayó que los propios concesionarios serán quienes elaboren sus códigos de ética y nombren a sus defensores de las audiencias, mientras que la intervención de la autoridad sólo ocurrirá cuando no se atiendan las recomendaciones emitidas dentro de ese mecanismo.
«Es un proceso de autorregulación. Ya la multa es la última instancia.»
Sheinbaum añadió que el objetivo es garantizar el derecho constitucional a la información y fortalecer la pluralidad informativa, permitiendo que las audiencias cuenten con mecanismos para solicitar aclaraciones, rectificaciones o la presentación de distintos puntos de vista cuando consideren vulnerados sus derechos.
