El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) emitió el fallo final del arbitraje iniciado por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, contra el Estado mexicano, en el que desestimó la mayor parte de las reclamaciones relacionadas con las operaciones de Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo.
El procedimiento, promovido al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), derivó de la inconformidad de la empresa por diversas medidas adoptadas entre 2018 y 2022 por autoridades federales y estatales que, a su juicio, afectaron sus proyectos de inversión en México.
En un comunicado, la Secretaría de Economía informó que el tribunal únicamente resolvió a favor de la empresa en una reclamación relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018, medida que, según el Gobierno de México, representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado.
De acuerdo con diversos reportes periodísticos, la empresa había solicitado una indemnización cercana a mil 700 millones de dólares, mientras que la compensación determinada por el tribunal asciende a alrededor de 17 millones de dólares.
Tras conocerse el fallo, el Gobierno de México señaló que analiza detalladamente la resolución para determinar las acciones legales que tenga a su alcance.
Asimismo, reiteró su compromiso con la inversión extranjera que genere innovación, empleos bien remunerados y protección al medio ambiente, así como con el respeto a las reglas y procedimientos previstos en los tratados internacionales para brindar certidumbre jurídica.
Por su parte, Vulcan Materials afirmó que el tribunal concluyó que México incurrió en violaciones al TLCAN respecto de algunas de las medidas impugnadas, aunque reconoció que la indemnización concedida fue significativamente menor a la reclamada.
El diferendo entre la empresa estadounidense y el Estado mexicano se originó por las restricciones impuestas a las actividades de extracción de piedra caliza de Calica en Playa del Carmen, Quintana Roo, luego de que el gobierno federal argumentó afectaciones ambientales en la zona.
