La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada lleguen a cargos de elección popular.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la propuesta contempla la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), la cual funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia.
“Venimos trabajando ya una propuesta desde hace tiempo, que vamos a aprovechar que se reúne el período extraordinario para presentarla”, señaló Sheinbaum.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que los partidos políticos podrían entregar voluntariamente sus listas de aspirantes para que la comisión consulte información con instancias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Con base en esas consultas, las autoridades determinarían si existe o no un “riesgo razonable” de vínculos con la delincuencia organizada. Posteriormente, la comisión comunicaría el resultado a los partidos políticos, sin revelar el origen de la información, y serían los propios institutos políticos quienes decidirían si mantienen o no las candidaturas.
La propuesta también establece que quienes busquen competir por un cargo de elección popular deberán aceptar someterse a este mecanismo de revisión. El procedimiento, aseguró el gobierno federal, se realizaría bajo estricta confidencialidad y respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.
Sheinbaum sostuvo que la iniciativa surge ante casos detectados en distintos municipios del país donde autoridades locales han sido investigadas o detenidas por presuntos nexos con grupos criminales. Recordó situaciones registradas en entidades como el Estado de México, Jalisco y Morelos.
“Es importante, si vamos a tener elección en el 2027, que se presente algún mecanismo que permita a los partidos políticos saber si una persona que se postula por el partido tiene o no algún antecedente”, afirmó la presidenta.
La mandataria indicó que la reforma buscará quedar lista antes del próximo proceso electoral federal, con el fin de fortalecer los controles sobre las candidaturas y evitar la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales y espacios de representación popular.
