La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llamó a los gobiernos federal, estatal y municipales a poner en marcha una estrategia integral de recuperación económica para Sinaloa, ante la pérdida de empleos, el aumento de la informalidad, el deterioro del ingreso de las familias y el impacto de la violencia en la actividad productiva.
En un posicionamiento público, el organismo empresarial advirtió que la recuperación económica de la entidad no será posible sin restablecer las condiciones de seguridad que requieren las familias y las empresas para desarrollar sus actividades, invertir y generar empleos.
COPARMEX señaló que, aunque la economía sinaloense registró un repunte durante el segundo trimestre de 2026, este avance se sostiene principalmente en el sector agrícola, por lo que consideró necesario consolidarlo para evitar que sea pasajero.
El organismo destacó que en el último año se han perdido 44 mil empleos en el estado y que 49 por ciento de la población ocupada trabaja en la informalidad, sin prestaciones sociales. A estas condiciones se suma el deterioro de la seguridad: Sinaloa permanece entre las entidades con mayores niveles de violencia y la extorsión casi se duplicó durante este año, de acuerdo con las cifras citadas por la organización.
Ante este panorama, COPARMEX Nacional, junto con las representaciones empresariales de Mazatlán, Los Mochis, Sinaloa y Guasave, planteó una agenda de seis prioridades para recuperar el dinamismo económico de la entidad.
La primera consiste en fortalecer la seguridad para recuperar la inversión y el empleo. El organismo pidió a los tres órdenes de gobierno incrementar los recursos destinados a seguridad pública y reforzar las capacidades de prevención, inteligencia, investigación y proximidad policial, así como las corporaciones estatales y municipales.
Consideró que los niveles de violencia requieren una respuesta más eficaz, coordinada y sostenida, pues sin una estrategia sólida de seguridad será difícil atraer nuevas inversiones, generar puestos de trabajo y recuperar la confianza de las familias y del sector empresarial.
Como segunda prioridad, propuso el rescate y la reconversión del sector primario, mediante facilidades de financiamiento, seguros agrícolas y coberturas de precios para pequeños y medianos productores, en coordinación con la banca de desarrollo.
También planteó impulsar la agroindustria, el procesamiento, el empaque y la exportación de productos para generar mayor valor agregado, mejorar la rentabilidad del campo y promover empleos formales más estables.
La tercera propuesta está enfocada en la formalización y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Para ello, planteó un programa estatal de formalización que incluya incentivos, facilidades administrativas, acceso preferente a compras gubernamentales y esquemas de factoraje.
Además, pidió establecer una ventanilla única empresarial y simplificar los trámites estatales y municipales para contener la pérdida de pequeños y medianos establecimientos.
Como cuarto eje, COPARMEX propuso consolidar la inversión productiva en el sector secundario, aprovechando el dinamismo de la construcción y la manufactura para posicionar a Sinaloa como destino de proyectos de relocalización de empresas, conocida como nearshoring.
Para alcanzar ese objetivo, consideró necesario coordinar acciones de infraestructura, promoción y certidumbre para los inversionistas, además de fortalecer la vinculación entre las instituciones de educación técnica y universitaria y las necesidades de las empresas.
El organismo señaló que la pérdida de 6 mil 445 empleos manufactureros, pese al crecimiento de la actividad económica del sector, evidencia la necesidad de alinear mejor la formación de talento con la demanda de la industria.
La quinta prioridad consiste en recuperar el ingreso de las familias y reducir la pobreza laboral. COPARMEX propuso implementar un programa de productividad dirigido a los sectores donde más se ha deteriorado el ingreso, particularmente los servicios, mediante capacitación y actualización de habilidades con financiamiento compartido entre empresas y gobierno.
El sexto eje plantea establecer mecanismos de gobernanza y coordinación público-privada mediante la creación de un Consejo Estatal de Reactivación Económica de Sinaloa, con participación de los gobiernos, organismos empresariales, universidades y sociedad civil.
Este órgano tendría como propósito coordinar las acciones de recuperación, darles seguimiento y evaluar sus resultados, ante la magnitud de los desafíos económicos y sociales que enfrenta la entidad.
Además de los seis ejes, el organismo empresarial solicitó a los gobiernos federal y estatal analizar medidas extraordinarias de apoyo económico y fiscal para preservar empleos, evitar cierres de empresas y mantener la actividad productiva en las regiones más afectadas por la inseguridad.
Entre las propuestas planteó aplicar temporalmente estímulos fiscales que incluyan reducir la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 16 a 8 por ciento, en condiciones similares a las de la franja fronteriza, así como disminuir 50 por ciento el Impuesto sobre la Renta (ISR) para empresas y actividades productivas que enfrentan un entorno particularmente adverso.
También demandó una estrategia extraordinaria de promoción y recuperación turística, con el objetivo de restablecer la confianza de visitantes e inversionistas y respaldar a las empresas de la cadena de valor del turismo, uno de los sectores más afectados por la inseguridad y uno de los principales generadores de empleo en Sinaloa.
El posicionamiento fue suscrito por COPARMEX Nacional, junto con Verónica Estrada, presidenta de COPARMEX Mazatlán; Kenia Moreno, presidenta de COPARMEX Los Mochis; Martha Reyes, presidenta de COPARMEX Sinaloa, y Erick Mena, presidente de COPARMEX Guasave.
Los representantes empresariales reiteraron su disposición al diálogo con los tres órdenes de gobierno y llamaron a construir una respuesta de Estado basada en la coordinación institucional y la corresponsabilidad
