La reunión entre Omar García Harfuch y el director de la DEA, Terrance Cole, puso nuevamente sobre la mesa las diferencias entre ambos gobiernos sobre la clasificación de los grupos criminales y los límites de la colaboración bilateral. Claudia Sheinbaum reiteró que México mantendrá la coordinación en seguridad, pero no aceptará acciones unilaterales ni renunciará a su soberanía.
La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos enfrenta un desafío que va más allá del combate al narcotráfico: la diferencia entre las estrategias, las definiciones jurídicas y los alcances de actuación que cada país reconoce frente a las organizaciones criminales.
La reunión que sostuvieron este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, volvió a colocar estas diferencias en el centro de la relación bilateral.
Durante la conferencia mañanera de este martes, García Harfuch explicó que el encuentro forma parte de un mecanismo de coordinación periódica que se realiza cada tres o cuatro meses y que también incluye a otras agencias estadounidenses, como el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Entre los asuntos revisados estuvieron las solicitudes de extradición de ambos países, el intercambio de información y la continuidad de investigaciones conjuntas.
Sin embargo, la comunicación pública de la DEA introdujo un elemento relevante. La agencia estadounidense informó que ambos funcionarios conversaron sobre los esfuerzos compartidos para desmantelar organizaciones que calificó como “narcoterroristas” y combatir la corrupción que, de acuerdo con su planteamiento, permite su operación.
La diferencia no es solamente semántica. La utilización del concepto de terrorismo tiene implicaciones políticas, jurídicas y de seguridad nacional, particularmente cuando se trata de establecer los alcances de la actuación de un gobierno fuera de sus fronteras.
La disputa por la definición del terrorismo
La presidenta Claudia Sheinbaum marcó distancia respecto de la clasificación utilizada por Washington. Explicó que México reconoce a estas organizaciones bajo la figura de delincuencia organizada, conforme a su marco jurídico, y que no comparte la definición estadounidense de terrorismo aplicada a estos grupos.
“Nosotros llamamos delincuencia organizada, porque esa es la tipificación del Código de Procedimientos Penales. Nosotros no compartimos el nombre de terrorismo, porque desde la perspectiva de México terrorismo está definido de otra manera”, señaló.
El punto central de esta diferencia es que una clasificación jurídica no puede convertirse en un argumento para desconocer las competencias de otro Estado ni para justificar operaciones unilaterales en su territorio.
Sheinbaum recordó que, después de que Estados Unidos designó a determinadas organizaciones criminales como terroristas, México modificó los artículos 40 y 19 de la Constitución para reforzar la protección de la soberanía nacional y establecer límites frente a cualquier intervención extranjera.
La discusión adquiere especial importancia en un momento en que la administración de Donald Trump ha colocado el combate a los cárteles y al tráfico de drogas entre sus prioridades de seguridad nacional.
Para México, la cooperación con Washington es necesaria frente a problemas que atraviesan las fronteras, pero debe desarrollarse dentro de los acuerdos bilaterales y del respeto a la integridad territorial de ambos países.
Cuatro principios para una relación entre iguales
La presidenta reiteró que la colaboración en seguridad se rige por cuatro principios: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.
“Estados Unidos conoce muy bien nuestra posición, no tiene la menor duda de cuál es nuestra posición, son nuestros cuatro principios que no son negociables”, afirmó.
Esta postura plantea un equilibrio complejo. México necesita mantener el intercambio de inteligencia, la coordinación de investigaciones y los mecanismos de extradición con su principal socio comercial y vecino, pero al mismo tiempo busca impedir que la agenda de seguridad estadounidense determine unilateralmente las decisiones nacionales.
La responsabilidad compartida también implica reconocer que los problemas de seguridad no se originan ni se resuelven exclusivamente en México. El tráfico de drogas, el flujo de armas, las redes financieras que permiten el lavado de dinero y la demanda de sustancias ilícitas requieren acciones en ambos lados de la frontera.
En ese sentido, una cooperación efectiva necesita atender las responsabilidades de cada país y no limitarse a exigir resultados al gobierno mexicano.
El nuevo escenario político en Washington
La relación bilateral también se desarrolla en un contexto de reacomodos políticos en Estados Unidos. Ante los cambios derivados de las elecciones intermedias y los movimientos en el equipo del presidente Donald Trump, Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de que se intensifiquen las presiones hacia México en materia de seguridad.
La mandataria sostuvo que, hasta el momento, no existen señales de que la relación esté cambiando ni de que los movimientos políticos en Washington hayan generado nuevas alertas para el gobierno mexicano.
“Hasta ahora no tenemos ninguna evidencia de que eso pueda pasar. ¿Y con el Congreso? Tampoco. O sea, no ha cambiado, digamos, la relación, incluso con el cambio de nuevo jefe de gabinete del presidente Trump, no ha habido nada que nos alerte de que algo está cambiando”, expresó.
El escenario estadounidense será relevante para México, particularmente por el peso que tienen las decisiones de Washington en las políticas migratoria, comercial y de seguridad regional.
La cooperación con la DEA, por tanto, no puede analizarse como un encuentro aislado entre funcionarios. Forma parte de una relación en la que convergen intereses compartidos, diferencias de enfoque y una discusión permanente sobre los límites del poder de cada Estado.
El reto para ambos gobiernos será construir una estrategia que permita enfrentar las estructuras criminales transnacionales sin convertir la cooperación en subordinación política o jurídica.
México sostiene que está dispuesto a colaborar, intercambiar información y coordinar investigaciones. Pero establece una línea fundamental: la seguridad compartida no significa ceder soberanía. La eficacia de la cooperación bilateral dependerá, precisamente, de que ambos países reconozcan y respeten esa condición.
