El exgobernador de Guerrero permanecerá en prisión preventiva en el penal del Altiplano; la FGR lo acusa de ordenar ocultar y destruir evidencias sobre la desaparición de los 43 normalistas
Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero por el delito de desaparición forzada de personas, en relación con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
La decisión fue tomada durante la madrugada de este miércoles por Mario Elizondo Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, después de una audiencia que se prolongó durante más de 15 horas.
El juzgador consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para establecer, en esta etapa del proceso, la existencia de un delito y la probable participación del exmandatario.
Aguirre Rivero permanecerá en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, medida que el juez ratificó. Su defensa había solicitado que pudiera enfrentar el proceso bajo una medida distinta, incluida la prisión domiciliaria, debido a su estado de salud y a que tiene 70 años.
La acusación de la FGR
La Fiscalía sostiene que Aguirre habría ordenado ocultar o destruir grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala correspondientes a la noche del 26 de septiembre de 2014 y las primeras horas del día siguiente.
De acuerdo con la acusación, las imágenes podían contener información relevante sobre el ataque contra los estudiantes y su posterior desaparición.
La FGR basa parte de su investigación en testimonios de exfuncionarias del Poder Judicial de Guerrero, quienes señalaron que Aguirre recibió información y material relacionado con las grabaciones y posteriormente habría ordenado que fueran destruidos.
Según la versión presentada ante el juez, las imágenes mostraban uno de los autobuses en los que eran trasladados los normalistas y a personas armadas que participaron en el operativo ocurrido aquella noche. Para la Fiscalía, el material podía ayudar a identificar a quienes participaron en los hechos y establecer el destino de los estudiantes.
La acusación también señala que Ernesto Aguirre, sobrino del exgobernador y quien se desempeñaba como su asesor, tuvo conocimiento de lo ocurrido y es relacionado por la Fiscalía con el grupo criminal Guerreros Unidos.
La defensa rechaza la acusación
Durante la audiencia, la defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba para intentar desacreditar la versión de la Fiscalía.
Uno de los principales argumentos fue que el exgobernador no se encontraba en Guerrero cuando supuestamente recibió las grabaciones y ordenó destruirlas.
La defensa sostuvo que el 29 de septiembre de 2014 Aguirre estaba en la Ciudad de México, donde se habría reunido con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Uno de los testigos presentados por la defensa afirmó que trasladó al exgobernador a la Ciudad de México para esa reunión y que posteriormente ambos regresaron a Guerrero.
La declaración contradice el testimonio de una exvisitadora del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, quien afirmó ante la FGR que ese mismo día entregó a Aguirre videos obtenidos de cámaras ubicadas en el Palacio de Justicia de Iguala.
El juez consideró que las pruebas presentadas por la defensa no fueron suficientes, en esta etapa, para desacreditar los elementos aportados por la Fiscalía.
Cuatro meses para completar la investigación
Con la vinculación a proceso, la Fiscalía y la defensa tendrán aproximadamente cuatro meses para presentar nuevos elementos de prueba como parte de la investigación complementaria.
El plazo permitirá a ambas partes fortalecer sus respectivas versiones antes de que continúe el proceso judicial.
La vinculación a proceso no constituye una sentencia ni significa que Aguirre Rivero haya sido declarado culpable. El juez determinó únicamente que existen elementos suficientes para que el proceso penal continúe y para que la Fiscalía profundice en la investigación.
El gobernador durante la desaparición de los 43
Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero cuando ocurrió el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los normalistas fueron atacados en Iguala. Seis personas fueron asesinadas y 43 estudiantes fueron desaparecidos.
Aguirre solicitó licencia al cargo el 23 de octubre de 2014, menos de un mes después de los hechos, en medio de la presión política y social generada por la desaparición de los estudiantes.
Su vinculación a proceso representa un nuevo giro en la investigación del caso, al colocar directamente como imputado al funcionario que encabezaba el gobierno estatal cuando ocurrieron los hechos.
El proceso continuará mientras la FGR y la defensa reúnen y presentan nuevas pruebas. El caso Ayotzinapa permanece abierto casi 12 años después de la desaparición de los 43 estudiantes.
