Michoacán convirtió al aguacate en una potencia agroexportadora. Pero el crecimiento de esta economía también atrajo a organizaciones criminales que encontraron en productores, transportistas y empacadoras nuevas fuentes de ingresos. Ahora, el Estado busca recuperar el control de una cadena productiva que trasciende el campo y llega hasta las exportaciones a Estados Unidos.
El aguacate mexicano se convirtió en una de las historias de éxito más visibles del campo nacional.
Y dentro de esa historia, Michoacán ocupa un lugar central.
La entidad concentra la mayor parte de la producción nacional y ha construido alrededor del llamado “oro verde” una extensa cadena económica que involucra productores, jornaleros, transportistas, empacadoras, comercializadores y exportadores.
Pero precisamente el valor económico de esta actividad terminó convirtiéndola también en un objetivo para el crimen organizado.
La historia que hoy enfrenta Michoacán no es solamente la de un producto agrícola que se exporta cada vez más. Es la de una economía que se desarrolla dentro de territorios donde distintos grupos criminales han buscado controlar actividades legales, cobrar por ellas y utilizar la violencia para imponer sus propias reglas.
De fruto regional a potencia mundial
El crecimiento de la industria aguacatera michoacana ha sido extraordinario.
Para el ciclo exportador 2026, Michoacán reportó 52 mil 810 huertos registrados, mientras que 33 mil 884 productores de 46 municipios obtuvieron certificación para participar en el esquema de exportación hacia Estados Unidos.
La dimensión económica explica buena parte de su importancia estratégica.
México es el principal proveedor de aguacate para el mercado estadounidense y la producción michoacana constituye una pieza fundamental de esa relación comercial. En 2025, el aguacate se ubicó entre los principales productos agroalimentarios de exportación de México, con ventas a Estados Unidos por miles de millones de dólares.
Pero el crecimiento de esta economía también produjo una nueva disputa: quién controla el territorio donde se produce, quién puede transportar la mercancía y quién puede obtener beneficios de esa actividad.
Cuando el crimen descubrió el valor del campo
La expansión del crimen organizado en Michoacán no se explica únicamente por el narcotráfico.
Durante las últimas dos décadas, diferentes organizaciones criminales comenzaron a diversificar sus fuentes de ingresos y a involucrarse en actividades económicas legales.
El aguacate fue uno de los objetivos.
Investigaciones sobre el fenómeno documentan que organizaciones como La Familia Michoacana y posteriormente Los Caballeros Templarios desarrollaron esquemas de extorsión dirigidos a productores y empresarios. La llamada “protección” terminó convirtiéndose en una forma de control económico.
El problema dejó de ser solamente quién controla una plaza.
Comenzó a ser quién controla una cadena productiva.
El productor que siembra, el trabajador que cosecha, el camión que transporta, la empacadora que prepara el producto y el comerciante que lo vende pueden convertirse en puntos de presión para una organización criminal.
En otras palabras, el crimen encontró una nueva forma de rentabilidad: cobrar por dejar trabajar.
2013: las autodefensas y la ruptura del equilibrio
La presión criminal llegó a uno de sus puntos más visibles en 2013, cuando surgieron grupos de autodefensa en Michoacán.
Productores, agricultores y habitantes de distintas comunidades se organizaron para enfrentar a Los Caballeros Templarios, una organización que había logrado una fuerte presencia territorial y económica.
Las autodefensas modificaron el mapa de poder en diversas regiones.
Pero la caída o debilitamiento de una organización no significó el fin del problema.
El fenómeno criminal se fragmentó.
Nuevos grupos ocuparon espacios, se formaron alianzas y comenzaron nuevas disputas por territorios y mercados.
El resultado fue una transformación del problema: el control criminal dejó de depender de una sola organización y pasó a disputarse entre diferentes estructuras.
El aguacate como territorio de disputa
Actualmente, las autoridades han identificado presiones criminales sobre distintos sectores productivos de Michoacán.
El aguacate y el limón se encuentran entre los productos más expuestos a la extorsión.
Pero el problema alcanza también a otras actividades: ganadería, producción de carne, transporte y comercio.
La razón es económica.
Cuando una actividad genera ingresos constantes y tiene una cadena logística perfectamente identificable, puede convertirse en una fuente de rentas criminales.
Por eso la extorsión no necesariamente ocurre únicamente en el huerto.
Puede aparecer en una carretera, en una empacadora o en el punto donde se concentra la mercancía.
La alerta que cruzó la frontera
En agosto de 2026 ocurrió algo que evidenció hasta dónde había escalado el problema.
Estados Unidos suspendió temporalmente las actividades de sus inspectores en Michoacán debido a preocupaciones de seguridad. Entre las actividades afectadas estuvieron las inspecciones necesarias para autorizar exportaciones de aguacate hacia ese país.
No era la primera vez que la inseguridad provocaba una interrupción de este tipo.
Pero el episodio volvió a demostrar una realidad incómoda: la violencia local puede tener consecuencias en una cadena comercial internacional.
Estados Unidos es el principal mercado para el aguacate mexicano. Por eso, cuando un inspector estadounidense no puede realizar su trabajo en Michoacán, el problema deja de ser exclusivamente mexicano.
Se convierte en un asunto comercial binacional.
Tras la suspensión, México desplegó mil 500 elementos adicionales para reforzar la seguridad de la zona aguacatera. Las inspecciones comenzaron posteriormente a reanudarse de manera parcial.
El nuevo operativo: proteger una cadena completa
La respuesta del Gobierno federal busca cambiar la lógica tradicional de los operativos.
No se trata solamente de enviar elementos a una zona donde ocurrió un delito.
La estrategia pretende proteger toda la cadena productiva.
El centro de coordinación estará en Uruapan, con un puesto de mando y un Centro Regional de Fusión de Inteligencia.
El despliegue contempla:
* 17 bases de operaciones en empacadoras.
* 29 bases en poblaciones con alta presencia de productores.
* Cerca de 870 efectivos distribuidos en Cotija, Tocumbo, Tingüindín, Los Reyes y Peribán.
* 228 elementos de la Guardia Nacional para vigilar las principales rutas.
* 48 vehículos destinados a las labores de seguridad.
* Acompañamiento militar a trabajadores de Senasica en cinco puntos de inspección.
A los aproximadamente 8 mil elementos del Ejército y la Guardia Nacional que ya se encontraban en Michoacán se sumaron otros mil 500, con lo que la presencia de ambas instituciones se acerca a los 9 mil 500 efectivos.
El golpe de este martes
Mientras se anunciaba este nuevo despliegue, las autoridades informaron sobre una operación contra la extorsión.
Este lunes fueron realizados 11 cateos en Uruapan y Ziracuaretiro, con 12 personas detenidas.
Entre ellas se encuentra Cristian Maximiliano “N”, alias “X1”, señalado por las autoridades como presunto integrante de una célula vinculada con Los Caballeros Templarios.
La investigación apunta a una estructura que presuntamente cobraba y recolectaba cuotas a empresarios de los sectores aguacatero, ganadero y cárnico.
El Gobierno federal informó que, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, 950 personas han sido detenidas mediante esta estrategia.
El objetivo, de acuerdo con las autoridades, no es únicamente detener integrantes de organizaciones criminales, sino reducir su capacidad para extorsionar, controlar territorios, reclutar jóvenes y afectar actividades económicas.
Pero existe otra disputa: la ambiental
La historia del aguacate michoacano tiene además una dimensión ambiental que no puede quedar fuera.
El crecimiento de los huertos ha generado denuncias e investigaciones por cambios ilegales de uso de suelo forestal.
En febrero de 2026, la Profepa informó que había realizado inspecciones en Michoacán relacionadas con la sustitución de vegetación forestal por huertos de aguacate.
En uno de los casos documentados en el ejido Zajo Chico, municipio de Morelia, la autoridad detectó el derribo de árboles de encino en 120.3 hectáreas, donde se pretendía establecer más de 41 mil plantas de aguacate. También fueron detectadas diez ollas para captación de agua destinadas al riego.
En otro predio, en Capula, se identificó cambio de uso de suelo en 16.75 hectáreas, además de la construcción de infraestructura para captación de agua.
Ambos casos derivaron en medidas de clausura y procedimientos administrativos.
Y en julio de este mismo año, la Profepa informó sobre la restauración de 43.24 hectáreas de terrenos forestales en una comunidad indígena de Uruapan donde anteriormente se habían establecido huertos de aguacate de manera irregular. Como parte de la restauración fueron retiradas plantas de aguacate y comenzó la reforestación con mil 600 ejemplares de pino.
Así, alrededor del aguacate aparecen tres grandes disputas que se cruzan en el mismo territorio:
la económica, la criminal y la ambiental.
El verdadero desafío: recuperar el territorio
El caso michoacano muestra cómo una actividad productiva puede convertirse en el centro de múltiples intereses.
El aguacate genera empleos, divisas y oportunidades para miles de familias.
Pero también genera rentas que buscan capturar organizaciones criminales.
Y su expansión plantea preguntas sobre agua, bosques, cambio de uso de suelo y sostenibilidad.
Por eso, el nuevo operativo de seguridad representa mucho más que un despliegue militar.
El desafío consiste en recuperar la capacidad del Estado para garantizar que producir, transportar, empacar y exportar no implique pagar una cuota criminal.
Y también en lograr que el crecimiento de la industria pueda mantenerse sin destruir los ecosistemas que hicieron posible su expansión.
El “oro verde” de Michoacán tiene un valor que trasciende las fronteras.
La pregunta es quién controla ese valor.
Si son los productores, trabajadores y empresas que construyeron la industria; si son las instituciones que deben garantizar el Estado de derecho; o si el crimen organizado continúa encontrando mecanismos para apropiarse de una parte de esa riqueza.
Lo que ocurre hoy en Michoacán no es solamente una batalla por el aguacate.
Es una disputa por el territorio, por la economía legal y por la capacidad del Estado de garantizar que una de las cadenas agroalimentarias más importantes de México permanezca dentro de la legalidad.
