La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó una reunión con las madres y los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, en la que el Gobierno de México presentó avances recientes de las investigaciones y refrendó su compromiso para esclarecer los hechos, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.
El encuentro se realizó este jueves y contó con la participación de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán, así como integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
También estuvieron presentes Maia Campbell, representante adjunta de ONU-DH en México, y representantes de las organizaciones Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz.
Durante la reunión fueron presentadas cuatro líneas prioritarias que orientan las diligencias recientes del caso, entre ellas nuevas detenciones, el análisis de comunicaciones telefónicas y la revisión de hechos y actores relevantes para fortalecer la investigación.
De acuerdo con el Gobierno de México, estas acciones han permitido ampliar las indagatorias e incorporar nuevos elementos para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Cuatro líneas prioritarias
El gobierno federal informó a las familias sobre las líneas de investigación que actualmente concentran las diligencias.
Entre ellas se encuentran las relacionadas con nuevas detenciones, así como el análisis de comunicaciones telefónicas que podrían aportar información para reconstruir los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
También se realiza una revisión de hechos y actores considerados relevantes para fortalecer la investigación y ampliar el conocimiento sobre lo ocurrido con los estudiantes.
El gobierno no detalló en el comunicado cuáles son las personas detenidas recientemente ni proporcionó información adicional sobre las comunicaciones que están siendo analizadas.
La estrategia, señaló, busca integrar nuevos elementos a las investigaciones que permitan avanzar tanto en el esclarecimiento de los hechos como en las tareas de búsqueda.
Extradiciones pendientes
Uno de los compromisos planteados durante la reunión fue intensificar las gestiones ante gobiernos extranjeros para concretar extradiciones pendientes relacionadas con el caso.
Entre ellas se encuentra la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de Barandilla en Iguala en 2014.
El Gobierno de México señaló que continuará realizando las gestiones necesarias para lograr que las personas requeridas por la justicia mexicana puedan ser trasladadas al país y enfrentar los procesos correspondientes.
La extradición de Bernabé es considerada relevante dentro de las investigaciones debido al cargo que desempeñaba durante los hechos ocurridos en Iguala.
Búsqueda de los estudiantes
El gobierno también aseguró que fortalecerá las tareas de búsqueda de los 43 normalistas.
La administración federal afirmó que se agilizará el análisis de la información obtenida durante las investigaciones y que se agotarán todas las líneas que puedan contribuir a determinar el paradero de los estudiantes.
El compromiso incluye mantener las diligencias abiertas para incorporar nuevos elementos que permitan avanzar en la localización de los jóvenes.
Las familias cuestionaron los avances
Durante el encuentro, las madres y los padres de los estudiantes expusieron sus planteamientos respecto de la información presentada por las autoridades.
También abordaron las actividades que se realizarán con motivo del 12.º aniversario de la desaparición de los normalistas, que se cumplirá el próximo 26 de septiembre.
El Gobierno de México reconoció ante las familias que Ayotzinapa continúa siendo “una herida abierta” tanto para ellas como para el país.
Por ello, reiteró que las investigaciones continuarán hasta agotar las líneas que puedan contribuir a esclarecer lo ocurrido.
Un nuevo informe antes del aniversario
Uno de los compromisos establecidos durante la reunión es que el Gobierno de México presentará a las familias un informe con los avances y resultados más recientes de las investigaciones antes de la movilización prevista para el 26 de septiembre.
El documento deberá incorporar los resultados obtenidos en las diligencias recientes y permitir a las familias conocer el estado de las investigaciones previo a las actividades por el aniversario de la desaparición.
La fecha tendrá especial relevancia porque marcará 12 años desde la desaparición de los 43 estudiantes.
Participación de organismos y organizaciones de derechos humanos
La reunión contó con la participación de representantes de organismos gubernamentales, organizaciones de derechos humanos y familiares de los estudiantes.
La presencia de ONU-DH México, a través de Maia Campbell, así como de Tlachinollan, Centro Prodh, Fundar y Serapaz, permitió que las organizaciones acompañantes estuvieran presentes durante la presentación de los avances.
El Gobierno de México reiteró que mantendrá una comunicación directa, permanente y transparente con las familias.
Compromiso contra la impunidad
La administración federal refrendó también su compromiso de combatir la impunidad y continuar las investigaciones con determinación, sensibilidad y responsabilidad.
El gobierno sostuvo que las acciones no se limitarán a las diligencias ya realizadas y que se mantendrán abiertas las líneas necesarias para conocer la verdad sobre lo ocurrido en Iguala.
La búsqueda de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la identificación de responsabilidades forman parte de los objetivos planteados por el Ejecutivo federal.
Ayotzinapa, prioridad de Estado
Al concluir el encuentro, el Gobierno de México reiteró que Ayotzinapa es una prioridad de Estado y que mantendrá las acciones necesarias para conocer la verdad, localizar a los jóvenes y garantizar justicia.
A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las autoridades sostienen que las investigaciones continúan abiertas y que los nuevos elementos obtenidos serán incorporados a las indagatorias.
Antes del 26 de septiembre, las familias recibirán un nuevo informe con los avances y resultados más recientes, mientras el gobierno federal continuará con las diligencias de investigación, búsqueda y las gestiones para concretar las extradiciones pendientes.
