La presidenta Claudia Sheinbaum enviará este lunes a la Cámara de Diputados una nueva reforma constitucional para modificar de fondo el modelo de elección judicial aprobado en 2024. La propuesta busca aplazar los comicios previstos para 2027 hasta 2028, reducir el número de candidaturas, simplificar las boletas y homologar criterios de evaluación para jueces y magistrados, luego de las complicaciones detectadas durante el primer proceso electoral del Poder Judicial.
El gobierno federal y Morena prevén discutir la iniciativa en un periodo extraordinario del Congreso antes de que concluya mayo, con la intención de que pueda ser aprobada a inicios de junio y posteriormente enviada al Senado y a los congresos estatales para su validación constitucional.
La iniciativa fue presentada por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien explicó que la Consejería Jurídica realizó un análisis sobre la viabilidad de modificar el calendario electoral judicial. Según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum, la revisión comenzó desde la llegada de Alcalde al área jurídica de Presidencia, tras detectar problemas operativos y de organización en el nuevo modelo electoral judicial.
El cambio más importante consiste en trasladar la elección judicial intermedia del domingo de junio de 2027 a junio de 2028. De aprobarse la reforma, ese año se renovará la segunda mitad de los cargos pendientes dentro del Poder Judicial federal y de los poderes judiciales estatales. Posteriormente, las elecciones judiciales seguirán realizándose de forma concurrente con los procesos ordinarios de 2030, 2033 y 2036.
En 2028 deberán elegirse cuatro magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito, además de 424 magistrados y 2 mil 831 jueces locales en 25 entidades federativas. Se trata de una de las mayores reorganizaciones judiciales planteadas desde la reforma constitucional impulsada por Morena.
Uno de los argumentos centrales del gobierno para aplazar la elección es la complejidad logística que implicaría realizar simultáneamente en 2027 los comicios constitucionales y la elección judicial bajo el modelo actual. Durante la conferencia matutina, Sheinbaum señaló que en estados como Durango y Veracruz ya se observó el problema de instalar casillas separadas para ambos procesos, lo que complicó la participación ciudadana.
Además, el aplazamiento tendría un impacto presupuestal favorable. De acuerdo con estimaciones expuestas por el gobierno federal, mover la elección a 2028 permitiría al Instituto Nacional Electoral ahorrar alrededor de 2 mil millones de pesos en organización y operación electoral.
Uno de los ejes centrales de la nueva iniciativa es reducir el número de candidatos en las boletas. Actualmente, cada poder —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— puede proponer tres perfiles por cargo. La propuesta plantea disminuirlos a dos candidatos finales por especialidad y puesto, luego de un proceso de evaluación e insaculación pública.
De acuerdo con Alcalde, cada comité evaluador revisará conocimientos jurídicos, experiencia, competencias, antecedentes y “buena fama pública” de los aspirantes. Posteriormente seleccionará a cuatro perfiles mejor evaluados y, mediante sorteo, quedarán únicamente dos candidaturas finales por cargo, garantizando la paridad de género.
La intención es disminuir el volumen de nombres en las boletas y facilitar el voto ciudadano. Durante la elección judicial de 2025, uno de los principales cuestionamientos fue precisamente la complejidad de las papeletas y el desconocimiento de los perfiles participantes.
La reforma también plantea crear una Comisión Coordinadora integrada por representantes de los comités evaluadores de los tres poderes, con el objetivo de homologar criterios y metodologías de selección. Esta instancia verificaría requisitos formales —como licenciatura en Derecho, promedios académicos o experiencia profesional— y aplicaría exámenes de conocimientos estandarizados.
Otro de los cambios relevantes es la simplificación de las boletas electorales. La propuesta establece que el Instituto Nacional Electoral dividirá el territorio en distritos judiciales específicos para que cada ciudadano vote únicamente por un juez o magistrado por materia: administrativa, civil, penal, laboral o mixta.
Las boletas distinguirían claramente qué poder postuló a cada candidato mediante colores diferenciados y también identificarían a jueces o magistrados en funciones que busquen reelegirse. Según el planteamiento del gobierno federal, esto permitiría que el elector identifique con mayor claridad las opciones y reduzca la confusión registrada en el proceso pasado.
La iniciativa además incorpora mecanismos permanentes de capacitación obligatoria para jueces y magistrados. El Tribunal de Disciplina Judicial, en coordinación con la Escuela Judicial, tendría la responsabilidad de implementar programas continuos de actualización y evaluación del desempeño.
En paralelo, la reforma pretende homologar las reglas judiciales en las entidades federativas para evitar diferencias entre estados. La propuesta busca que todas las reformas locales reproduzcan criterios como la insaculación obligatoria, la reducción de candidaturas y los procedimientos de evaluación.
Entre las modificaciones adicionales destaca la posibilidad de instalar en un mismo lugar las casillas para elecciones ordinarias y judiciales, aunque sin participación de representantes partidistas en el proceso judicial. También se propone que el escrutinio y cómputo de votos se realice directamente en las casillas, y no en sedes centrales, como ocurrió en la elección anterior.
La iniciativa adelanta además de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria electoral judicial, con el argumento de otorgar más tiempo a los comités de evaluación para revisar perfiles.
Otro punto relevante es que las vacantes derivadas de renuncias, muertes o destituciones de jueces y magistrados serían cubiertas hasta la siguiente elección judicial, mientras que la Suprema Corte podría operar con dos secciones especializadas para resolver asuntos menores y agilizar la carga de trabajo del pleno.
Finalmente, la propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 coincida con una eventual consulta de revocación de mandato presidencial, siempre que ésta sea solicitada conforme al artículo 35 constitucional.
La reforma representa un reconocimiento implícito de las dificultades operativas que enfrentó la primera elección judicial organizada bajo el nuevo modelo impulsado por Morena. Aunque el gobierno sostiene que el sistema debe mantenerse, la nueva iniciativa busca corregir los problemas de saturación de candidaturas, complejidad de las boletas y falta de criterios uniformes que marcaron el arranque de la transformación judicial.
