La mandataria sostuvo que no debe existir ninguna sospecha de corrupción en el Instituto Nacional Electoral y pidió que se realicen las auditorías necesarias para esclarecer los señalamientos sobre una presunta relación entre su presidenta, Guadalupe Taddei, y un proveedor del organismo.
La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a esclarecer los señalamientos públicos sobre una presunta relación entre la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y una persona vinculada con la proveeduría del organismo.
Durante la conferencia matutina de este 23 de octubre, la mandataria sostuvo que no debe existir ninguna sombra de corrupción en las instituciones públicas y subrayó la importancia de garantizar la transparencia del árbitro electoral, particularmente ante la proximidad de nuevos procesos electorales.
Sheinbaum afirmó que deben realizarse las auditorías que correspondan para aclarar los hechos y determinar si existe alguna irregularidad.
Al ser cuestionada sobre la posibilidad de que Taddei solicite una separación temporal del cargo mientras se investigan los señalamientos, la presidenta respondió que esa decisión corresponde a la propia funcionaria.
La mandataria también estableció una diferencia entre las movilizaciones que en el pasado se realizaron bajo la consigna de defender al INE y la necesidad actual de proteger la integridad institucional del organismo. A su juicio, la defensa de la institución no debe confundirse con la protección de intereses particulares.
Los señalamientos sobre posibles vínculos con proveedores no constituyen, por sí mismos, una prueba de corrupción. Su esclarecimiento requiere información verificable, revisión de los procedimientos de contratación y, en su caso, investigaciones de las autoridades competentes.
La exigencia de transparencia cobra especial relevancia porque el INE tiene la responsabilidad de organizar elecciones y garantizar condiciones de legalidad, imparcialidad y confianza pública.
El punto central, planteado por la presidenta, es que las instituciones electorales deben estar libres de conflictos de interés y que cualquier sospecha fundada debe aclararse mediante procedimientos institucionales, sin sustituir las investigaciones por juicios anticipados.
