Hoy en la Mañanera del Pueblo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch dio a conocer que durante 2024 y lo que va del 2025, ha habido un número alarmante de determinaciones judiciales que, lejos de proteger a la sociedad y garantizar la justicia a las víctimas de la violencia, han favorecido a quienes las agreden:
“Se tiene registro de 193 determinaciones, casi 200 decisiones de órdenes jurisdiccionales que favorecieron o pretendieron beneficiar a presuntos delincuentes con traslados, liberaciones y egresos definitivos”.
García Harfuch agregó que derivado de estas determinaciones se han concretado en 164 egresos por cambio de medida cautelar y dos egresos definitivos.
“Lo que significa más de 100 delincuentes que regresaron a las calles. Además de 27 traslados de personas privadas a otros centros penitenciarios sin que se cumplieran con las formalidades del proceso”, señaló el secretario de Seguridad.
Omar García Harfuch señaló los casos en los que el juez Gregorio Salazar, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México ha facilitado la liberación de personas procesadas por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y corrupción:
“La más reciente fue el 24 de abril, con el egreso de Gerardo Ponce Alanís, identificado como uno de los líderes del cártel del Pacífico, quien fue trasladado al Centro Estatal de Aguaruto, Sinaloa, para cumplir con la medida de prisión preventiva. En dicho penal estatal, el pasado lunes, se realizó un operativo de la Secretaría de Seguridad del estado con apoyo de la Guardia Nacional; se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, cuchillos, droga, dinero en efectivo, etcétera”.
García Harfuch agregó que entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre Ceferesos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos.
El titular de Seguridad agregó que de los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones; y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones.
También se dio a conocer que de octubre del 2024 a abril de 2025, fueron liberadas 26 personas que pertenecían a diferentes organizaciones criminales, como Cártel de Sinaloa, Golfo, Jalisco, Familia Michoacana, Zetas, Los Rojos, entre otros grupos delincuenciales.
Finalmente expuso que dos de los delincuentes que fueron trasladados el pasado 27 de febrero a Estados Unidos contaban con orden de extradición que no pudieron hacerse efectivas por la intervención de los jueces:
“En el caso de Óscar “N”, estuvo sujeto a un procedimiento de extradición requerido por el gobierno de Estados Unidos por delitos como asociación delictuosa y contra la salud, el cual fue pospuesto en 54 ocasiones por diferentes jueces.
Con respecto a Miguel Ángel “N”, era requerido por los delitos de asociación delictuosa, contra la salud, lavado de dinero e introducción de armas de fuego; su proceso fue pospuesto en 79 ocasiones por 7 jueces”.
García Harfuch finalizó su intervención declarando que “es inaceptable que órganos jurisdiccionales, cuya misión es salvaguardar el orden y la justicia, tomen determinaciones para favorecer a los delincuentes”.
La presidenta Sheinbaum agregó que estas irregularidades se van a sanear con la reforma al Poder Judicial y criticó a los opositores a la reforma judicial:
“Porque salen ahora con que “somos autoritarios” porque el pueblo va a elegir a los jueces, pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos en donde es increíble, impresionante, que jueces liberen, y liberen, y liberen delincuentes, y resulta que siempre acaban en unos cuantos.
Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, por supuesto, ya la Fiscalía que haga la investigación” dijo la mandataria.
Por su parte el Fiscal, Alejandro Gertz explicó que existe un acuerdo interno que impide la actuación en contra de los jueces señalados de beneficiar a personas relacionadas con el crimen organizado:
“¿Qué es lo que nos ha ocurrido?
Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que “ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan”. Eso en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial se acabó, tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo”.
El Fiscal agregó que se cuenta con los casos en los que los jueces han cometido delitos contra la impartición de justicia, señalados en el artículo 225 del Código Penal Federal y que será en septiembre, cuando entre en operaciones el nuevo Poder Judicial que se proceda en contra de ellos.
