La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes el inicio de la consulta nacional para la elaboración de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, un proceso que abarcará 16 mil 728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano, con el propósito de construir de manera colectiva la primera legislación de este tipo en los más de 200 años de vida independiente de México.
Durante la conferencia matutina, la mandataria firmó la convocatoria que será publicada en el Diario Oficial de la Federación y que marca el inicio formal de la etapa informativa del proceso, el cual se desarrollará entre julio y octubre y concluirá con la presentación de la iniciativa al Congreso de la Unión el próximo 12 de octubre, fecha que el Gobierno federal identifica como el Día de la Nación Pluricultural y de la Resistencia Indígena.
La consejera jurídica de la Presidencia, María Luisa Alcalde, explicó que la consulta tiene como objetivo recoger opiniones, propuestas y observaciones de los propios pueblos indígenas y afromexicanos sobre el contenido de la iniciativa, elaborada durante alrededor de un año y medio de trabajo entre diversas dependencias federales, especialistas y representantes comunitarios.
Precisó que el proceso contempla cinco etapas: la publicación de la convocatoria; una fase informativa del 1 de julio al 6 de agosto, durante la cual se distribuirán materiales explicativos en las comunidades; una etapa deliberativa del 7 de agosto al 13 de septiembre; el análisis e incorporación de las propuestas recibidas entre el 21 de septiembre y el 11 de octubre, y finalmente la presentación de la iniciativa presidencial ante el Congreso.
Como parte de la consulta se realizarán 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo en Acapulco, Chihuahua, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, La Paz y San Pedro, además de la participación de organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Naciones Unidas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en calidad de observadora.
El director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, explicó que la nueva legislación deriva de la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre de 2024, la cual reconoció por primera vez a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Señaló que la ley establecerá las bases para ejercer plenamente la libre determinación, la autonomía y la participación en la vida pública del país.
El funcionario detalló que la iniciativa está integrada por ocho libros que regulan aspectos como el reconocimiento jurídico de las comunidades; el ejercicio de la autonomía; los derechos específicos de los pueblos afromexicanos; la protección de mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas; los derechos de personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad; los procedimientos de consulta previa, libre e informada; la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como un régimen de responsabilidades, sanciones y un nuevo juicio de amparo indígena y afromexicano para proteger derechos colectivos.
Regino destacó que durante la elaboración de la propuesta participaron 35 dependencias del Gobierno federal mediante 148 reuniones de trabajo, además de un comité técnico asesor integrado por 20 especialistas y representantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. Consideró que la futura legislación representa un hecho histórico al tratarse de la primera ley indígena nacional desde la conformación del Estado mexicano.
La presidenta Sheinbaum afirmó que el reconocimiento pleno de los pueblos indígenas y afromexicanos es uno de los cambios constitucionales más importantes impulsados por la Cuarta Transformación y sostuvo que, por primera vez, México reconoce plenamente los derechos colectivos de estas comunidades.
La mandataria recordó que ni la Constitución de 1824, ni la de 1857, ni la de 1917 establecieron un reconocimiento integral de los pueblos originarios, ya que únicamente la Constitución reformada en 2024 incorpora este principio de manera explícita. Añadió que dicho reconocimiento también se refleja en la asignación directa de recursos públicos mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM), cuyos recursos son administrados directamente por las propias comunidades a través de sus asambleas.
Sheinbaum sostuvo que la nueva legislación también contribuirá a combatir el racismo y la discriminación al garantizar plenamente los derechos colectivos e individuales de los pueblos originarios y afirmó que el proyecto forma parte del concepto de Humanismo Mexicano, el cual —dijo— reconoce la diversidad cultural del país y la importancia histórica de las civilizaciones originarias en la construcción de la identidad nacional.
La presidenta subrayó que alrededor del 20 por ciento de la población mexicana continúa identificándose como indígena o afromexicana, pese a más de tres siglos de colonia y más de dos siglos de vida independiente, lo que, afirmó, demuestra la vigencia de las culturas originarias y la necesidad de consolidar un marco jurídico que garantice plenamente sus derechos.
Finalmente, señaló que la iniciativa fue construida con la participación de representantes indígenas desde su elaboración y que ahora serán las propias comunidades quienes determinen, mediante la consulta, si el contenido debe modificarse antes de su envío definitivo al Congreso de la Unión.
