La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura frente a las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos relacionadas con funcionarios de Sinaloa, y advirtió que cualquier solicitud internacional deberá apegarse estrictamente a los procedimientos legales mexicanos, además de señalar que, hasta ahora, no existen elementos probatorios suficientes en el caso.
A través de un posicionamiento encabezado por Ulises Lara, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, la institución explicó que fue notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre solicitudes de detención provisional con fines de extradición emitidas por autoridades estadounidenses.
“La Fiscalía General de la República informa que en éste, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”, subrayó.
El organismo detalló que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las leyes aplicables, corresponde a la Fiscalía analizar la documentación recibida para determinar si existen los elementos necesarios que sustenten una eventual detención o extradición.
“Es obligación de esta Fiscalía… analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”, indicó.
De manera paralela, la FGR informó que abrirá una investigación propia para recabar información que permita determinar si hay datos de prueba que sustenten las acusaciones formuladas por Estados Unidos.
Sin embargo, el punto central del posicionamiento es la insuficiencia de pruebas en la solicitud. “De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados”, afirmó.
La institución también cuestionó la difusión pública del caso, al recordar que las propias autoridades estadounidenses solicitaron confidencialidad. “La propia solicitud… requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información… no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso en particular”, señaló.
En ese sentido, la FGR invocó tanto el tratado bilateral de extradición como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que obligan a resguardar la información de este tipo de procedimientos.
Asimismo, recordó que, en caso de que las personas señaladas ocupen cargos como gobernadores o senadores, la legislación mexicana exige un juicio de procedencia para retirarles la inmunidad procesal antes de cualquier acción penal.
Finalmente, la Fiscalía enfatizó que actuará con apego estricto a la ley y en defensa de la soberanía nacional. “Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional…”, sostuvo.
El posicionamiento concluye con una frase que resume la postura institucional: “Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”.
