El gobierno de México informó que, del 1 de enero de 2018 al 13 de mayo de 2026, ha presentado 269 solicitudes de extradición a Estados Unidos, sin que hasta ahora alguna haya sido concretada, en medio del debate sobre la cooperación bilateral en materia de justicia y seguridad.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la relación entre ambos países debe conducirse bajo principios de legalidad, reciprocidad y respeto mutuo.
“Se formularon 269 requerimientos de extradición de enero del 2018 al 13 de mayo del 2026 a Estados Unidos, 269 requerimientos de extradición. ¿Cuántos se han entregado a México? Ninguno”, afirmó la mandataria.
La presidenta explicó que muchas de las solicitudes mexicanas han enfrentado requerimientos de información adicional o negativas por parte de autoridades estadounidenses, incluso en casos relacionados con delincuencia organizada, corrupción y desaparición forzada.
“Cuando nosotros hemos pedido extradición, los seis años del presidente López Obrador y lo que llevamos en el gobierno, cuando hemos hecho solicitudes de que se extraditen personas que están allá, que han cometido delitos a México, nos piden pruebas o no los extradita”, sostuvo.
En el mismo espacio, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, defendió la postura del gobierno mexicano y señaló que el país actúa conforme al tratado bilateral de extradición y al debido proceso.
“Estamos comprometidos con la cooperación internacional en materia de justicia, con apego al derecho y con respeto a la soberanía, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.
El funcionario detalló que de las 269 solicitudes presentadas por México, 36 ya fueron rechazadas por Estados Unidos y 233 permanecen pendientes. De estas últimas, 183 corresponden a solicitudes formales de extradición y 50 a peticiones de detención provisional con fines de extradición.
Velasco explicó que en 47 de las 50 solicitudes de detención provisional, el gobierno estadounidense pidió información adicional, situación que, aseguró, forma parte de la práctica habitual contemplada en el tratado bilateral entre ambos países.
El canciller precisó que los artículos 11 y 12 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos permiten solicitar pruebas complementarias durante el procedimiento, mientras que el artículo 17 establece que para una detención provisional deben acreditarse elementos como el delito imputado y la existencia de una orden de aprehensión.
Asimismo, recordó que el artículo 9 del tratado señala que ninguno de los dos países está obligado automáticamente a entregar a sus nacionales, por lo que cada solicitud requiere una revisión exhaustiva.
Durante la conferencia, Sheinbaum insistió en que cualquier proceso de extradición debe realizarse conforme a la Constitución mexicana, las leyes nacionales y el tratado bilateral vigente.
“Hay un tratado de extradición y además está la Constitución y las leyes. Entonces, todo tiene que estar en el marco de la ley y de la Constitución”, subrayó.
La mandataria rechazó que México vaya a actuar por presiones políticas o mediáticas y sostuvo que las decisiones relacionadas con extradiciones deben sustentarse en pruebas suficientes y en procedimientos jurídicos sólidos.
El gobierno federal también explicó que el proceso inicia con una revisión diplomática por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente pasa a la Fiscalía General de la República, donde se realiza el análisis judicial correspondiente antes de que un juez determine la procedencia de una detención provisional o extradición.
