México presentará una denuncia por el fallecimiento de Emiliano Andrade-Covarrubias en un centro de detención de Texas. Con este caso suman 18 los connacionales fallecidos en operativos migratorios o bajo custodia estadounidense desde el 20 de enero de 2025.
La muerte de otro mexicano bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de detención, la atención médica a las personas migrantes y la responsabilidad del Estado de garantizar sus derechos humanos, independientemente de su situación migratoria.
Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años, falleció el sábado 17 de octubre en el Centro de Procesamiento Río Grande, operado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Laredo, Texas. De acuerdo con los reportes disponibles, fue encontrado inconsciente durante una revisión de seguridad. La causa de su muerte permanece bajo investigación.
La familia informó a las autoridades mexicanas que Andrade-Covarrubias padecía diabetes e hipertensión y que posiblemente no recibía todos los medicamentos que necesitaba. Estas circunstancias hacen indispensable esclarecer qué atención médica recibió durante su detención, si existieron omisiones y cuáles fueron las condiciones en las que permaneció bajo custodia.
El caso no puede analizarse de manera aislada. Con su fallecimiento, suman 18 los mexicanos que han muerto bajo custodia o en el contexto de operativos migratorios en Estados Unidos desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, el 20 de enero de 2025.
La cifra obliga a examinar los mecanismos de supervisión de los centros de detención, los protocolos de atención sanitaria y la rendición de cuentas de las autoridades responsables. Las políticas de control migratorio pueden contemplar procedimientos de arresto y detención, pero estos no eliminan la obligación de proteger la vida y la integridad de las personas detenidas.
En este contexto, las denuncias por posibles deficiencias en la atención médica y las muertes ocurridas durante la custodia adquieren especial relevancia. La investigación deberá determinar las circunstancias concretas del fallecimiento de Andrade-Covarrubias, sin anticipar conclusiones sobre responsabilidades que todavía deben acreditarse.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno de México presentará una denuncia en Estados Unidos para exigir el esclarecimiento de los hechos.
“Debe haber protección a los derechos humanos”, sostuvo la mandataria, quien también informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, mantuvo contacto con los familiares y que el Gobierno mexicano reforzará las acciones de protección consular.
La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente. El desafío será que las autoridades estadounidenses proporcionen información suficiente, determinen las causas de la muerte y, en su caso, deslinden las responsabilidades correspondientes.
Más allá de los procedimientos diplomáticos, el caso plantea una cuestión fundamental: la política migratoria no puede convertirse en un espacio ajeno a la vigilancia pública y al cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos. Cuando una persona muere mientras está bajo custodia del Estado, la transparencia, la investigación independiente y la rendición de cuentas son indispensables.
Para México, la defensa de los connacionales detenidos en Estados Unidos exige mantener la asistencia consular, facilitar el acceso a los centros migratorios y dar seguimiento a las denuncias por posibles abusos u omisiones. Para las autoridades estadounidenses, esclarecer cada fallecimiento es una obligación que no puede quedar subordinada a los objetivos de control migratorio.
