La presidenta afirmó que la investigación contra César Jáuregui Moreno corresponde a las fiscalías y sostuvo que la presencia de agentes estadounidenses en un operativo sin autorización debe esclarecerse conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista un acuerdo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, relacionado con la detención del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, y aseguró que su gobierno no establece pactos para determinar quién debe ser investigado o encarcelado.
Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria respondió a versiones periodísticas que plantean un supuesto acuerdo entre ambos gobiernos, incluso con la posibilidad de que la gobernadora recibiera una embajada a cambio de acciones judiciales contra el exfiscal.
“Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia”, afirmó Sheinbaum, quien insistió en que corresponde a las fiscalías desarrollar las investigaciones y presentar las pruebas ante las autoridades judiciales.
El origen de la investigación
La presidenta explicó que el caso se originó tras la muerte de dos agentes del Gobierno de Estados Unidos en un accidente automovilístico en la Sierra Tarahumara, luego de que presuntamente participaran en actividades relacionadas con la revisión de un laboratorio de drogas junto con autoridades de Chihuahua.
Sheinbaum señaló que, tras conocerse la participación de los agentes estadounidenses, el Gobierno federal revisó si contaban con autorización para operar en territorio mexicano conforme a la Ley de Seguridad Nacional.
De acuerdo con la mandataria, los agentes no tenían el permiso correspondiente y habían ingresado al país bajo otras consideraciones. También sostuvo que el operativo referido no debía haberse realizado en esas condiciones, debido a los riesgos de la carretera y a que la investigación de delitos de competencia federal corresponde a la Fiscalía General de la República.
A partir de estos hechos, explicó, se inició una investigación para esclarecer la presencia de los agentes extranjeros y la participación de autoridades estatales.
La presidenta indicó que la Fiscalía General de la República encontró elementos para investigar una posible violación a la Ley de Seguridad Nacional por parte del exfiscal. Añadió que las pruebas de la imputación deben presentarse por las vías legales correspondientes.
La soberanía, en el centro del debate
Sheinbaum sostuvo que el caso debe analizarse desde el cumplimiento de la ley y la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, rechazó que las declaraciones políticas de dirigentes opositores deban convertirse automáticamente en investigaciones penales.
Al ser cuestionada sobre las peticiones de políticos mexicanos a autoridades estadounidenses para imponer sanciones o intervenir en asuntos nacionales, la mandataria consideró que esas posturas deben discutirse en el ámbito político y ser evaluadas por la ciudadanía.
La presidenta también rechazó que corresponda al Ejecutivo federal exonerar a la gobernadora Maru Campos o determinar su responsabilidad. Señaló que esa decisión depende de los resultados de las investigaciones y de las determinaciones judiciales.
“Que lo evalúe la Fiscalía”, respondió al preguntársele si la investigación debería extenderse a la gobernadora.
Sheinbaum agregó que el proceso debe desarrollarse conforme al sistema penal acusatorio y que cualquier responsabilidad debe sustentarse en pruebas.
El caso coloca nuevamente en el centro de la discusión la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, los límites de actuación de agentes extranjeros en territorio nacional y la obligación de que cualquier colaboración respete las leyes mexicanas.
La presidenta reiteró que la coordinación bilateral debe realizarse sin subordinación y con respeto a la soberanía y la integridad territorial de México.
