La decisión fue dada a conocer por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. A través de un mensaje difundido en la red social X, informó que Michael Kozak, alto funcionario de esa oficina, sostuvo una reunión en Washington con el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, a quien devolvió las cartas.
De acuerdo con el comunicado, las notas «pretenden dirigir las acciones del personal del gobierno estadounidense que opera en territorio soberano de Estados Unidos», por lo que fueron rechazadas. La dependencia agregó que México fue exhortado a expresar sus preocupaciones «por la vía diplomática, como es costumbre».
Las notas diplomáticas habían sido enviadas por el gobierno mexicano como parte de las acciones emprendidas tras la muerte de 17 connacionales: 14 fallecidos en centros de detención migratoria y tres durante operativos del ICE. La Secretaría de Relaciones Exteriores exigió el esclarecimiento de cada caso y pidió a las autoridades estadounidenses garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes.
La tensión bilateral aumentó después de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara que dejaría de limitarse a las protestas diplomáticas para iniciar una estrategia jurídica más amplia. El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que México presentaría denuncias penales ante autoridades estadounidenses, impulsaría acciones civiles contra empresas privadas que administran centros de detención migratoria y solicitaría la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entre los casos que motivaron esta ofensiva legal destaca el de Lorenzo Salgado Araujo, quien murió tras recibir un disparo de un agente del ICE durante un operativo migratorio en Houston, Texas. De acuerdo con las autoridades mexicanas, ese hecho reforzó la decisión de recurrir no sólo a los mecanismos diplomáticos, sino también a las vías judiciales para buscar responsabilidades.
El gobierno mexicano sostiene que las notas diplomáticas forman parte de los mecanismos previstos por el derecho internacional para expresar inconformidades entre Estados, mientras que la administración estadounidense argumenta que las comunicaciones enviadas buscaban influir en la manera en que el personal del ICE desarrolla sus funciones dentro de territorio estadounidense.
La devolución de las notas representa un nuevo episodio de fricción entre ambos gobiernos en materia migratoria. Si bien México ha insistido en que sus acciones buscan exclusivamente la protección de los derechos humanos de sus connacionales y no pretenden afectar la relación bilateral, la respuesta de Washington refleja diferencias sobre el alcance de la intervención diplomática en asuntos relacionados con la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses.
Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha informado si responderá por otra vía a las solicitudes de investigación presentadas por México ni si revisará las denuncias relacionadas con las muertes de migrantes mexicanos bajo custodia del ICE. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene abiertas las acciones diplomáticas, penales, civiles e internacionales anunciadas para buscar el esclarecimiento de los 17 casos.
