La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquea el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento quedó firme, luego de que su administración dejara vencer el plazo legal para solicitar una reconsideración del fallo emitido el pasado 30 de junio.
Con ello, permanece sin efectos la orden ejecutiva que buscaba negar la ciudadanía automática a los niños nacidos en territorio estadounidense cuyos padres se encontraran en el país de manera irregular o con visas temporales. La medida continuará suspendida mientras avanzan los procesos judiciales relacionados con su constitucionalidad.
El fallo, aprobado el 30 de junio por seis votos contra tres, confirmó que el presidente no puede modificar mediante una orden ejecutiva los criterios establecidos en la Constitución para adquirir la ciudadanía por nacimiento. Aunque Trump había anunciado que buscaría revertir la resolución, su administración no presentó la solicitud de reconsideración dentro del plazo de 25 días previsto por la Corte, por lo que la sentencia quedó firme.
La orden ejecutiva fue emitida por Trump al inicio de su segundo mandato y pretendía restringir el alcance de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que reconoce la ciudadanía estadounidense a la mayoría de las personas nacidas en el país. La medida fue impugnada por organizaciones civiles, grupos defensores de los derechos de los migrantes y diversos estados, al considerar que violaba el texto constitucional.
En un caso relacionado, un tribunal federal también bloqueó recientemente otra política impulsada por la administración Trump que impedía a organizaciones comunitarias ayudar a ciudadanos recién naturalizados a registrarse para votar. La jueza que conoció del caso concluyó que existían elementos suficientes para considerar que la medida podría constituir una forma de discriminación intencional contra nuevos ciudadanos estadounidenses.
La decisión que quedó firme representa uno de los principales reveses judiciales para la política migratoria de Trump y mantiene vigente el principio constitucional que, desde hace más de un siglo, reconoce la ciudadanía estadounidense a prácticamente todas las personas nacidas en el país, con excepciones limitadas, como los hijos de diplomáticos extranjeros.
