La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó el análisis publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y difundido por el diario Reforma sobre el impacto de la deuda pública y las pensiones, al considerar que presenta una interpretación “incompleta” de las finanzas públicas mexicanas.
En una aclaración oficial, la dependencia federal señaló que el estudio mezcla conceptos de naturaleza distinta y omite considerar las fuentes de financiamiento, reservas y activos disponibles para cubrir obligaciones relacionadas con deuda y pensiones.
La SHCP argumentó que las pensiones contributivas no pueden analizarse únicamente como gasto público, ya que derivan de derechos laborales adquiridos y están respaldadas por aportaciones a la seguridad social y mecanismos financieros específicos.
De acuerdo con la dependencia, entre enero y marzo de 2026 las contribuciones a la seguridad social ascendieron a 178 mil millones de pesos, mientras que las reservas actuariales y financieras de los institutos de seguridad social alcanzaron 543.2 mil millones de pesos.
Asimismo, indicó que los recursos administrados por las Afores suman actualmente 8.3 billones de pesos, equivalentes al 24 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y se estima que superen el 30 por ciento del PIB hacia 2030.
La Secretaría sostuvo que presentar únicamente el monto del gasto pensionario sin considerar contribuciones, reservas y activos financieros ofrece una visión parcial del sistema.
Además, afirmó que la presión de las pensiones contributivas tenderá a disminuir hacia 2042 debido a la transición demográfica y al avance del esquema de cuentas individuales.
Respecto a las pensiones no contributivas, la dependencia subrayó que tienen un carácter distinto al tratarse de un derecho constitucional dirigido a personas adultas mayores y grupos vulnerables que no tuvieron acceso a seguridad social formal.
La SHCP señaló que esta situación responde a problemas estructurales heredados, como la alta informalidad laboral, bajos salarios y la falta de reconocimiento histórico al trabajo doméstico y de cuidados realizado principalmente por mujeres.
En ese contexto, defendió que las pensiones no contributivas deben evaluarse también por su impacto social y redistributivo.
Según los datos difundidos por Hacienda, entre 2018 y 2024 la pobreza extrema entre adultos mayores se redujo de 8.8 a 3.8 por ciento, mientras que la pobreza general en este sector disminuyó de 43.2 a 23.6 por ciento, lo que equivale a 1.3 millones de personas menos en condición de pobreza.
En materia de deuda pública, la dependencia también cuestionó el uso exclusivo del indicador de deuda bruta para evaluar la situación financiera del país.
Explicó que esa metodología puede sobredimensionar la posición fiscal porque no considera activos financieros, reservas actuariales y fondos de estabilización con los que cuenta el Estado mexicano.
Hacienda informó que al cierre de marzo de 2026 la deuda neta medida mediante el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) se ubicó en 50.4 por ciento del PIB, por debajo del 53.9 por ciento correspondiente a la deuda bruta, debido al efecto de activos financieros equivalentes al 3.5 por ciento del PIB.
