El Gobierno de México contempla una inversión de alrededor de 5.6 billones de pesos entre 2026 y 2030 en sectores estratégicos; empresarios y autoridades coincidieron en que el reto es convertir los proyectos en obras, inversión y empleos.
La infraestructura es una condición indispensable para el desarrollo económico y para la ejecución de cualquier estrategia de largo plazo. Bajo esta premisa, representantes del Gobierno de México, la banca de desarrollo y el sector empresarial participaron en el primer Foro de Inversión en Infraestructura, convocado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), donde coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado para acelerar proyectos estratégicos.
Durante el encuentro, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, destacó que la infraestructura representa la materialización de la visión y las decisiones de política pública, y sostuvo que el objetivo del Plan México es pasar de las palabras a las acciones concretas.
“Caminar las palabras” es, explicó, hacer realidad los proyectos y evitar que los planes se queden únicamente en documentos.
Inversión histórica en infraestructura
Esteva Medina señaló que, como parte del Plan de Inversión para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, este año se incrementó la inversión en 722 mil millones de pesos, equivalente a alrededor de 2% del PIB.
Para el periodo 2026-2030 se contempla una inversión aproximada de 5.6 billones de pesos en ocho sectores estratégicos, entre ellos carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, energía, agua, salud y educación.
En materia carretera, para 2026 se contemplan 145 mil millones de pesos para infraestructura, además de 100 mil millones bajo esquemas mixtos para autopistas.
La meta incluye la construcción de 802 kilómetros por parte de la SICT y 841 kilómetros mediante proyectos vinculados con Banobras, así como la modernización de 2 mil 246 kilómetros correspondientes a diez ejes prioritarios.
También se prevé la construcción y modernización de 21 puentes y distribuidores viales estratégicos, además de trabajos de conservación en 15 mil 800 kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje.
En caminos artesanales, después de concluir 135 obras en 2025, la meta para este año es alcanzar 388 caminos, equivalentes a aproximadamente 900 kilómetros.
Ferrocarriles y aeropuertos
El programa de infraestructura también contempla una inversión de 586 mil millones de pesos en ferrocarriles entre 2025 y 2030, con 105 mil millones previstos para 2026.
El objetivo es desarrollar tanto trenes de pasajeros como de carga, reducir costos logísticos y conectar polos de desarrollo con puertos y otros centros productivos, fortaleciendo la infraestructura necesaria para el nearshoring.
En infraestructura aeroportuaria se contempla una inversión mixta de 136 mil millones de pesos, que incluye la modernización de terminales, así como nuevos aeropuertos en Tepic y Puerto Escondido.
De acuerdo con Esteva Medina, al finalizar la administración se plantea haber construido o modernizado 5 mil 500 kilómetros de carreteras y autopistas, además de 619 puentes y distribuidores viales, 3 mil kilómetros de vías férreas y 62 aeropuertos.
El conjunto de estas obras, afirmó, podría generar cerca de 4 millones de empleos, considerando la participación de inversión pública y privada.
Seguridad y mantenimiento, parte de la infraestructura
El titular de la SICT subrayó que una infraestructura competitiva no depende únicamente de construir nuevas obras, sino también de conservarlas y garantizar su seguridad.
En materia carretera, informó que se han cerrado 806 accesos irregulares y realizado más de mil operativos, además de cientos de mesas de trabajo con organizaciones del sector transportista.
La seguridad carretera, dijo, constituye uno de los principales retos para que la infraestructura pueda cumplir plenamente su función económica.
Banobras busca ampliar el financiamiento
En el foro, el director general de Banobras, Jorge Mendoza, destacó el papel de la banca de desarrollo como mecanismo para financiar proyectos de largo plazo y atender sectores donde la banca comercial tiene una participación limitada.
Explicó que Banobras tiene capacidad para otorgar financiamiento con plazos de hasta 30 años y asumir mayores niveles de riesgo en sectores estratégicos, particularmente en infraestructura energética.
De acuerdo con Mendoza, el banco ha crecido 38%, mantiene un índice de morosidad de 1.58% y una capitalización superior al 20%.
Desde el inicio de la actual administración, Banobras ha desembolsado alrededor de 200 mil millones de pesos y contempla colocar aproximadamente 130 mil millones de pesos durante 2026.
Carreteras y energía representan cerca de 70% de los desembolsos de la institución.
El sector privado pide certidumbre
Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora, destacó que la colaboración entre el sector público y el privado es indispensable para convertir las oportunidades de inversión en proyectos concretos.
El dirigente empresarial señaló que el crecimiento de la economía está generando cuellos de botella en algunas carreteras y planteó la necesidad de ampliar y mantener corredores estratégicos como México-Querétaro, Querétaro-San Luis Potosí y los corredores hacia Monterrey y Nuevo Laredo.
También destacó la importancia del mantenimiento de la infraestructura y de contar con reglas claras que otorguen certidumbre a los inversionistas.
Para el CCE, el objetivo consiste en lograr infraestructura que conecte, financiamiento que haga viables los proyectos y regulación que otorgue certidumbre.
Planeación a largo plazo
Uno de los elementos centrales planteados durante el foro fue la necesidad de contar con una visión de infraestructura que trascienda los ciclos administrativos.
Esteva Medina explicó que el Consejo de Planeación Estratégica, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya trabaja con proyecciones a 20 y 30 años.
Las estimaciones contemplan la necesidad de construir alrededor de 5 mil 300 kilómetros adicionales de infraestructura carretera hacia 2040 y otros 6 mil 300 kilómetros hacia 2050.
La visión de largo plazo busca anticipar las necesidades de movilidad, logística, energía y desarrollo regional que tendrá el país en las próximas décadas.
Nuevos esquemas para atraer inversión
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, planteó que el reto central no es solamente identificar los proyectos, sino encontrar los mecanismos para que el ahorro interno se convierta en financiamiento para infraestructura.
Definió a este sector como un espacio de colaboración de largo plazo entre el Gobierno y la iniciativa privada, desde la planeación hasta la construcción, financiamiento y mantenimiento de las obras.
En este contexto, destacó la entrada en vigor de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, publicada el 9 de abril de 2026, que establece mecanismos para impulsar esquemas de inversión mixta con participación de los sectores público, privado, social e institucional.
La legislación contempla mecanismos para compartir riesgos, costos y beneficios, bajo criterios de interés público.
También se plantearon incentivos fiscales para promover nuevas inversiones, particularmente en infraestructura, desarrollos industriales y proyectos vinculados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar, que actualmente contemplan 14 polos distribuidos en distintas regiones del país.
El objetivo es evitar que la inversión se concentre únicamente en las zonas tradicionalmente favorecidas y contribuir a reducir desigualdades regionales, generar empleos y fortalecer las capacidades productivas locales.
Convertir las oportunidades en realidades
El primer Foro de Inversión en Infraestructura puso sobre la mesa uno de los principales desafíos del Plan México: lograr que la planeación se transforme en proyectos, que los proyectos se conviertan en inversión y que la inversión termine en obras que generen desarrollo económico y bienestar.
El Gobierno federal plantea una participación activa mediante planeación, rectoría y certidumbre; el sector privado, por su parte, aporta capacidad de ejecución, innovación y financiamiento.
La apuesta, coincidieron los participantes, es que esta coordinación permita acelerar la infraestructura que México necesita para elevar su competitividad, fortalecer las cadenas de suministro, aprovechar el nearshoring y generar oportunidades de desarrollo en distintas regiones del país.
Más allá de las cifras, el desafío será garantizar que los recursos lleguen efectivamente a las obras, que éstas se concluyan en tiempo y forma y que reciban mantenimiento durante toda su vida útil.
Porque en infraestructura, construir es apenas el principio: el verdadero impacto se mide en conectividad, productividad, seguridad, empleo y bienestar para la población.
