El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) aclaró que es incorrecta la información difundida en medios de comunicación y redes sociales sobre supuestas multas de hasta 250 mil UMAS, equivalentes a alrededor de 29 millones de pesos, para establecimientos que retransmitan sin autorización partidos de la Copa Mundial FIFA 2026.
A través de una nota aclaratoria, el organismo señaló que se generó una confusión en la interpretación de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que las sanciones referidas corresponden a otros supuestos previstos en la legislación y no específicamente a los casos de retransmisión no autorizada de emisiones deportivas.
El IMPI recordó que la Ley Federal del Derecho de Autor establece como infracción en materia de comercio la retransmisión, fijación, reproducción o difusión al público de emisiones de organismos de radiodifusión sin la autorización correspondiente, siempre que exista un fin de lucro directo o indirecto.
De acuerdo con el instituto, para este tipo de conductas la legislación prevé multas de entre mil y cinco mil días de multa, calculadas actualmente con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Asimismo, la autoridad puede incrementar las sanciones cuando las conductas se realicen a escala comercial o cuando el infractor persista en la violación después de haber sido sancionado.
La aclaración se produjo luego de que en los últimos días circularan versiones que advertían sobre sanciones de hasta 250 mil UMAS para restaurantes, bares y otros establecimientos que transmitieran encuentros del Mundial sin contar con las autorizaciones correspondientes.
El organismo precisó que mantiene facultades para investigar y sancionar la retransmisión no autorizada de señales protegidas por derechos de autor y derechos conexos, pero subrayó que las multas difundidas públicamente no corresponden al supuesto jurídico aplicable a estos casos.
El IMPI reiteró que durante la Copa Mundial FIFA 2026 vigilará el cumplimiento de la normatividad en materia de propiedad intelectual y derechos de autor, con el objetivo de proteger los derechos de los titulares de las transmisiones y garantizar condiciones de competencia legal para los establecimientos comerciales.
