El instituto reportó más de 2.7 millones de productos asegurados entre septiembre de 2025 y octubre de 2026. La estrategia también contempla acciones contra la piratería digital, el streaming ilegal y la venta de medicamentos por internet.
La piratería y el contrabando representan un desafío que va más allá de los mercados informales y las mercancías que ingresan al país de manera irregular. Hoy, una parte de estas actividades también ocurre en internet, donde se comercializan productos falsificados y se distribuyen contenidos protegidos por derechos de autor sin autorización.
Para enfrentar esta problemática, el Gobierno de México busca fortalecer la coordinación entre autoridades, industrias y empresas de comercio electrónico, con el objetivo de proteger la propiedad intelectual, combatir el comercio ilícito y reducir los riesgos para las personas consumidoras.
En el marco del Día Nacional de Combate al Contrabando y a los Delitos en Materia de Derechos de Autor, la Secretaría de Economía, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) realizaron una jornada de diálogo y colaboración entre representantes del sector público y privado.
Uno de los principales resultados fue la firma de la Declaración de Principios de las Plataformas Digitales en favor de la Propiedad Intelectual, suscrita por Alibaba, Amazon México, Sears, Coppel, Mercado Libre, Sanborns, TikTok y Walmart México, así como por el Servicio Postal Mexicano, Correos de México.
El acuerdo establece compromisos para identificar comerciantes, detectar mercancías falsificadas, facilitar las denuncias de los titulares de derechos y atender publicaciones presuntamente infractoras cuando existan fundamentos suficientes. También contempla salvaguardas para evitar denuncias abusivas y afectaciones injustificadas al comercio legítimo.
Más de 2.7 millones de productos asegurados
Durante una conferencia de prensa, el director general del IMPI, Vidal Llerenas Morales, informó que, del 1 de septiembre de 2025 al 19 de octubre de 2026, el instituto realizó 11 mil 605 visitas de inspección a petición de parte y 3 mil 210 de oficio.
Como resultado, se aseguraron 2 millones 787 mil 190 productos, principalmente textiles, juguetes, calzado y accesorios, con un valor aproximado de 111 millones de pesos.
Llerenas explicó que la colaboración con la industria ha permitido mejorar la identificación de mercancías que podrían vulnerar derechos de propiedad industrial. Añadió que, mediante la declaración de principios, se busca establecer canales de comunicación más ágiles para atender las reclamaciones y facilitar la revisión y eventual eliminación de publicaciones infractoras.
El funcionario señaló que también se buscarán convenios específicos con las empresas participantes para consolidar los mecanismos de cooperación.
La estrategia cuenta, además, con el apoyo de instituciones como Aduanas, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las fiscalías competentes.
Streaming ilegal: una batalla que continúa
El combate a la piratería también se extiende a la distribución no autorizada de contenidos audiovisuales por internet.
Llerenas informó que el IMPI ha retirado alrededor de 360 enlaces relacionados con streaming ilegal, de acuerdo con el balance expuesto durante la conferencia. El funcionario precisó que las acciones continúan después de los operativos vinculados con eventos deportivos y se apoyan en denuncias de empresas y asociaciones afectadas.
Uno de los principales obstáculos es que, después de retirar un enlace, pueden aparecer nuevas direcciones para mantener disponibles los contenidos. Por ello, el instituto trabaja con los titulares de derechos para identificar mecanismos de seguimiento y fortalecer las acciones legales.
El reto consiste en evitar que la eliminación de una página se traduzca únicamente en el traslado de la actividad a otro sitio.
Medicamentos ilegales: un riesgo para la salud
Otro de los temas que el director del IMPI señaló como prioritarios es la venta de medicamentos por internet.
El funcionario indicó que el instituto ha sostenido conversaciones con representantes del sector farmacéutico para definir las vías de actuación y que ya se han emprendido algunas acciones. También reconoció la necesidad de ampliar los esfuerzos frente a la comercialización de estos productos.
Cuando se identifican posibles infracciones a derechos de propiedad industrial, el IMPI puede intervenir dentro de sus atribuciones. Sin embargo, los casos que impliquen riesgos sanitarios o posibles delitos requieren también la participación de las autoridades de salud y de procuración de justicia.
La preocupación no se limita a la falsificación de marcas. Comprar medicamentos de procedencia desconocida puede exponer a las personas a productos con composición, calidad o condiciones de conservación inciertas.
Llerenas señaló que se han identificado sitios dedicados a esta actividad y que, cuando se detectan publicaciones presuntamente infractoras en servicios de comercio electrónico, se solicita su atención. Asimismo, adelantó que se buscará reforzar las acciones contra este mercado.
El mercado ilícito de cigarros y la competencia desigual
Durante la jornada también se expuso la dimensión del comercio ilegal de tabaco. De acuerdo con estimaciones de la industria citadas en el encuentro, este mercado representa alrededor del 26% del consumo nacional de cigarros, equivalente a unos 9 mil millones de unidades al año.
El sector calcula que la actividad genera una evasión fiscal superior a 23 mil millones de pesos anuales.
Estas cifras corresponden a estimaciones de la industria, pero ilustran el impacto económico que puede alcanzar un mercado que opera al margen de las obligaciones fiscales, regulatorias y sanitarias.
La comercialización irregular genera condiciones de competencia desigual para las empresas que cumplen con las disposiciones aplicables y dificulta la identificación del origen de las mercancías.
Sensibilizar a los consumidores, otro frente de acción
Para el titular del IMPI, los operativos y los aseguramientos deben complementarse con acciones de sensibilización que permitan explicar las consecuencias de adquirir productos ilegales.
La estrategia contempla sumar a autoridades locales y otras instituciones públicas, además de reforzar la coordinación en aduanas y puntos de distribución.
En el entorno digital, la prevención también implica advertir sobre los riesgos de privacidad y seguridad asociados con determinados sitios no autorizados. Algunos pueden exponer a los usuarios a publicidad engañosa, robo de datos o programas maliciosos, aunque estos riesgos dependen de las características de cada servicio.
El funcionario también sostuvo que el combate al comercio ilícito requiere la participación de empresas y consumidores, pues la vigilancia institucional por sí sola no permite abarcar todas las formas de comercialización.
El reto: convertir los acuerdos en resultados medibles
La estrategia contra la piratería y el contrabando enfrenta un mercado que combina cadenas físicas de distribución, operaciones transfronterizas y actividades digitales capaces de reubicarse con rapidez.
Los aseguramientos, las inspecciones y el retiro de enlaces permiten dimensionar parte del trabajo institucional, pero no bastan por sí solos para determinar cuánto se ha reducido el comercio ilegal. Para evaluar los resultados será importante conocer la reincidencia de los vendedores, la continuidad de las publicaciones retiradas, las sanciones aplicadas y la evolución de las pérdidas económicas de los sectores afectados.
La declaración firmada representa un paso hacia una cooperación más estructurada entre el Gobierno y las empresas participantes. Su alcance dependerá de que los compromisos se traduzcan en procedimientos claros, atención oportuna de denuncias y protección tanto para los titulares de derechos como para los comerciantes legítimos y las personas consumidoras.
El objetivo final es reducir las rutas de comercialización ilícita, proteger la innovación y el empleo formal, y fortalecer la seguridad de quienes adquieren productos y utilizan servicios digitales.
