Ante el inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llamó a los legisladores a privilegiar el análisis técnico, el diálogo con el sector productivo y la construcción de acuerdos para garantizar certeza jurídica y evitar que nuevas disposiciones afecten la inversión, la competitividad y el empleo formal.
El organismo empresarial advirtió que la agenda legislativa tendrá efectos directos sobre las empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), por lo que consideró necesario evaluar los costos y efectos de cada reforma antes de su aprobación.
“Legislar bien implica asegurar que los beneficios de una norma superen los costos de su implementación”, sostuvo.
Entre los asuntos que, a juicio de COPARMEX, requieren especial atención se encuentran el Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027, propiedad intelectual, regulación ambiental, inversión extranjera, inteligencia artificial, derechos de pueblos indígenas y afromexicanos y diversas modificaciones laborales y de transporte.
Pide evitar nuevas cargas fiscales
Sobre el Paquete Económico y la Miscelánea Fiscal 2027, COPARMEX rechazó cualquier reforma que, desde su perspectiva, incremente de manera innecesaria las cargas para las empresas, encarezca la formalidad o desincentive la inversión.
El organismo planteó que las decisiones fiscales y presupuestarias deben orientarse a fortalecer la competitividad y el empleo formal, además de generar condiciones de certeza para quienes invierten y producen en el país.
También pidió revisar con especial cuidado las modificaciones en materia de derechos de autor y propiedad industrial, debido a sus posibles efectos sobre el ecosistema digital.
En particular, consideró necesario evitar cargas excesivas para los proveedores de internet y encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de propiedad intelectual y la generación de condiciones que favorezcan la innovación y el crecimiento empresarial.
Certeza jurídica en materia ambiental e inversión extranjera
Respecto de la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente enviada por el Ejecutivo federal, COPARMEX consideró necesario conciliar la protección ambiental con la viabilidad técnica, la certeza jurídica y el fomento a la inversión.
El organismo pidió que el Congreso abra espacios de diálogo y Parlamento Abierto con el sector empresarial para analizar la propuesta, reducir la sobrerregulación y evitar discrecionalidad en trámites y autorizaciones.
Uno de los principales puntos de preocupación para COPARMEX es la reforma a la Ley de Inversión Extranjera. Si bien reconoció la importancia de salvaguardar la soberanía nacional, advirtió que el esquema planteado podría introducir mecanismos de control y discrecionalidad que, en su opinión, afectarían la certeza jurídica y el clima de negocios.
Entre los aspectos señalados están el escrutinio de instancias de seguridad para inversiones superiores a 49% en sectores estratégicos, la negativa ficta ante el silencio administrativo y sanciones que podrían alcanzar hasta 200 mil UMAs.
Según COPARMEX, estas disposiciones podrían generar obstáculos burocráticos, afectar las condiciones para el nearshoring y eventualmente entrar en tensión con compromisos internacionales enmarcados en el T-MEC.
Regulación de IA debe evitar frenar la innovación
La confederación también ubicó la regulación de la inteligencia artificial entre los asuntos de mayor relevancia para las empresas.
Consideró que las nuevas disposiciones tendrán efectos sobre la operación y los costos empresariales, por lo que México debe establecer mecanismos de certeza y protección sin frenar la innovación, la inversión tecnológica ni el desarrollo de nuevas soluciones.
En cuanto a la legislación secundaria en materia de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, COPARMEX pidió reglas claras, transparentes y con plazos definidos para los procesos de opinión y consulta con las comunidades.
El organismo sostuvo que el objetivo debe ser garantizar los derechos de las comunidades sin generar incertidumbre o paralizar proyectos estratégicos y de inversión que puedan generar desarrollo y empleo en las regiones.
Cuestiona impacto de nuevas obligaciones laborales
Entre las propuestas que también pidió analizar se encuentra la relacionada con el traslado de menores en transporte terrestre, debido a sus posibles efectos sobre las empresas de transporte y logística.
COPARMEX consideró que las nuevas obligaciones deben tomar en cuenta las condiciones operativas del sector y garantizar la seguridad de los menores sin imponer cargas que considere desproporcionadas.
También llamó a evaluar el impacto de la propuesta para ampliar hasta 24 meses el periodo de lactancia en empresas con más de 50 trabajadores, al considerar que tendría efectos sobre la organización de los centros de trabajo.
En contraste, señaló que ampliar el acceso a seguros puede contribuir a la estabilidad financiera de las MiPyMEs, al permitirles enfrentar riesgos, proteger inversiones y preservar empleos ante situaciones adversas.
Pide fortalecer certeza en reformas judiciales y anticorrupción
En materia de Estado de derecho, COPARMEX pidió que las leyes secundarias derivadas de la reforma constitucional al Poder Judicial contribuyan a fortalecer la certeza jurídica y la confianza necesaria para la inversión.
Consideró necesario impulsar la profesionalización y especialización de los perfiles, simplificar el proceso electoral y fortalecer los mecanismos de investigación, evaluación y transparencia de los juzgadores.
Sobre las reformas en materia anticorrupción, el organismo empresarial señaló que fortalecer la transparencia y la integridad institucional puede contribuir a recuperar la confianza y mejorar la relación entre autoridades y empresas. Sin embargo, pidió que las nuevas disposiciones sean claras, proporcionales y aplicables, sin generar cargas innecesarias.
COPARMEX también anunció que dará seguimiento a la legislación secundaria de la reforma constitucional en materia de intervención extranjera, tanto durante su discusión legislativa como en su aplicación por parte de las autoridades electorales.
El organismo sostuvo que cualquier modificación debe preservar la certeza jurídica y evitar que las nuevas disposiciones se conviertan, según su postura, en herramientas políticas que generen incertidumbre sobre candidaturas o alteren las condiciones de competencia.
Asimismo, consideró necesario que el espacio vacante en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tras la renuncia de la exmagistrada Mónica Soto sea ocupado por un perfil técnico, con experiencia y reconocimiento en materia electoral y alejado de cualquier ideología política.
COPARMEX advierte caída en el ánimo para invertir
Al plantear la necesidad de recuperar la confianza empresarial, COPARMEX citó datos de su indicador #DataCOPARMEX, según los cuales únicamente 23% de sus socios considera que es un buen momento para invertir en México.
De acuerdo con el organismo, este porcentaje representa una caída de 16.5 puntos porcentuales respecto al año anterior y el nivel más bajo desde que comenzó a medir este indicador.
La confederación señaló además que la incertidumbre política representa uno de los principales obstáculos para las empresas: 16.6% de los socios la identifica como un factor que condiciona sus decisiones de inversión, lo que la coloca, según COPARMEX, como el tercer obstáculo más relevante.
Ante este escenario, el organismo pidió al Congreso mantener el diálogo con el sector productivo y evaluar los efectos económicos y operativos de las reformas antes de aprobarlas.
“México necesita un Poder Legislativo que escuche a quienes invierten, emprenden y generan empleo”, sostuvo COPARMEX, que también llamó a garantizar presupuestos adecuados para instituciones como el Instituto Nacional Electoral y las fiscalías, así como a dar seguimiento a los nombramientos de magistraturas del Tribunal Electoral.
La confederación reiteró su disposición a participar en la discusión legislativa y pidió que el próximo periodo ordinario se conduzca bajo criterios de responsabilidad, análisis técnico, certeza jurídica y visión de largo plazo, particularmente ante las implicaciones que las nuevas normas pueden tener para las MiPyMEs y la generación de empleo formal.
