El gobierno trabaja con empresas tecnológicas para desarrollar sistemas que apoyen la interpretación de estudios médicos y ofrezcan orientación de salud con información validada. La protección de datos y la supervisión profesional serán fundamentales.
El gobierno de México trabaja con empresas de inteligencia artificial para desarrollar herramientas que apoyen la atención médica y faciliten el acceso de la población a información confiable sobre salud.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, de acuerdo con datos de empresas tecnológicas, alrededor de 15 millones de mexicanos ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para realizar consultas relacionadas con su salud. Ante esta realidad, el gobierno busca establecer mecanismos que permitan aprovechar estas tecnologías con respaldo de las autoridades sanitarias.
Uno de los proyectos contempla el uso de inteligencia artificial para apoyar la interpretación de radiografías, resonancias magnéticas y mastografías. La herramienta podría ayudar a los especialistas a analizar imágenes médicas con mayor rapidez y contribuir a identificar posibles anomalías.
La segunda línea de trabajo apunta al desarrollo de una aplicación para el futuro sistema universal de salud. La intención es que las personas puedan consultar síntomas y recibir orientación general con información validada por la Secretaría de Salud.
Sheinbaum explicó que su gobierno ha sostenido conversaciones con empresas del sector, entre ellas OpenAI, y que el objetivo es construir herramientas que respondan a las necesidades del sistema público de salud.
La mandataria también advirtió sobre los riesgos de utilizar inteligencia artificial sin supervisión, particularmente cuando se trata de recomendaciones médicas o de salud mental. Señaló que estas plataformas no deben sustituir a los profesionales ni emitir prescripciones de medicamentos de manera autónoma.
El desafío será integrar la tecnología sin poner en riesgo a los pacientes: proteger los datos personales, garantizar la calidad de la información y establecer límites claros para evitar diagnósticos equivocados o recomendaciones que puedan causar daño.
La iniciativa abre una discusión sobre el papel que tendrá la inteligencia artificial en los servicios públicos de salud y sobre las condiciones necesarias para que su incorporación reduzca tiempos de atención y desigualdades, en lugar de generar nuevos riesgos.
