La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó los siete ejes de la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, que busca regular los incrementos de los alquileres, combatir la especulación inmobiliaria y proteger a las familias frente a desalojos violentos, sin congelar las rentas ni afectar la propiedad privada.
La propuesta, presentada ante el Congreso capitalino, plantea que los aumentos anuales de las rentas no superen la inflación, crear una defensoría para inquilinos y arrendadores, limitar los requisitos para alquilar una vivienda y establecer mecanismos de acompañamiento social para las familias que enfrenten procesos de desocupación.
“Nosotros defendemos que las ciudades son de quienes las habitan, no sólo de quienes pueden pagarlas. Frente a la especulación, derecho a la vivienda, y frente a la expulsión, derecho al arraigo”, afirmó Brugada durante una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
La mandataria señaló que en la Ciudad de México casi 30 por ciento de las familias renta una vivienda y que, durante los últimos 20 años, los precios de los alquileres se han multiplicado por cinco en las alcaldías centrales. Añadió que en los últimos 15 años el número de personas que rentan aumentó 54 por ciento y que algunas familias destinan hasta 40 por ciento de sus ingresos mensuales al pago de vivienda.
Ante este panorama, sostuvo que la iniciativa busca establecer reglas claras para las relaciones entre arrendadores e inquilinos, reducir los abusos y frenar los procesos de expulsión de habitantes de sus comunidades por el encarecimiento de la vivienda.
Los siete ejes de la iniciativa
El primer punto establece que los incrementos de las rentas no podrán superar la inflación anual, con instrumentos jurídicos para garantizar el cumplimiento de esta disposición.
El segundo contempla una Carta de Derechos y Obligaciones para regular los requisitos de arrendamiento. La propuesta busca limitar las garantías exigidas a quienes buscan rentar, eliminar solicitudes excesivas de avales y pólizas jurídicas, prohibir la discriminación y establecer responsabilidades claras para ambas partes.
Como tercer eje se plantea la creación de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social, que ofrecerá orientación, asesoría y patrocinio jurídico gratuito, además de mecanismos de mediación y conciliación para resolver controversias.
El cuarto propone impulsar contratos de arrendamiento estables, con una duración mínima de un año, así como un registro digital protegido para dar seguimiento a los acuerdos. También contempla sanciones ante aumentos ilegales de renta o daños al inmueble.
El quinto punto busca ampliar la oferta de vivienda social y asequible mediante la participación de la iniciativa privada, con apoyos para propietarios que suscriban contratos multianuales.
El sexto eje plantea la creación del Gabinete de Acompañamiento Social ante los Desalojos, que brindará asistencia a familias que enfrenten resoluciones judiciales de desocupación, buscará alternativas habitacionales y canalizará a las personas afectadas a programas sociales, sin intervenir en las decisiones de los jueces.
Finalmente, el séptimo punto contempla un Observatorio Público de Vivienda para monitorear el panorama habitacional y contribuir a la planeación de políticas públicas.
Capacitación para prevenir desalojos violentos
El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, explicó que el Gabinete de Acompañamiento Social buscará que las diligencias de desocupación se realicen de manera pacífica y con respeto a los derechos humanos.
Como parte de las medidas complementarias, se propone capacitar obligatoriamente en derechos humanos al personal encargado de mudanzas y resguardo de pertenencias, con el objetivo de evitar agresiones, impedir que los bienes de las familias terminen abandonados en la vía pública y prevenir que las personas afectadas queden sin un lugar donde pasar la noche.
Brugada afirmó que ningún desalojo debe vulnerar los derechos humanos y que la intervención institucional respetará las resoluciones judiciales.
Por su parte, la consejera jurídica y de Servicios Legales, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, destacó que la defensoría ofrecerá atención especializada tanto a arrendadores como a arrendatarios, con criterios de confidencialidad, eficacia, honradez y transparencia.
Gobierno capitalino descarta congelamiento de rentas
Brugada rechazó las versiones que señalan que la iniciativa contempla congelar los alquileres o atentar contra la propiedad privada. Aseguró que el propósito es regular los incrementos y establecer mecanismos para prevenir abusos, sin eliminar los derechos de los propietarios.
“Nuestro gobierno garantizará y protegerá el derecho a la propiedad privada. Defendemos el patrimonio de los propietarios”, sostuvo.
El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, precisó que la propuesta no establece un precio único para los alquileres ni congela las rentas, sino que busca garantizar reglas claras y su cumplimiento mediante sanciones, registro digital de contratos y servicios gratuitos de orientación, asesoría, mediación y conciliación.
El funcionario informó que, de acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal 2025 citados por el gobierno capitalino, alrededor de dos millones de personas viven en una vivienda rentada en la ciudad y existen más de 813 mil viviendas en alquiler. Añadió que las estimaciones recientes del mercado sitúan las rentas promedio entre 16 mil 600 y 24 mil pesos, dependiendo de la zona y el tipo de inmueble.
Asimismo, recordó que el gobierno capitalino tiene la meta de realizar 200 mil acciones de vivienda hacia 2030: 80 mil viviendas nuevas y 120 mil procesos de mejoramiento integral en barrios populares.
La iniciativa forma parte del Bando Uno
El secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana, Enrique Irazoque Palazuelos, señaló que la propuesta forma parte de la implementación del Bando Uno, impulsado en 2025, y destacó que incorpora el concepto de gentrificación como un proceso de exclusión social que profundiza las desigualdades territoriales y limita el derecho a la ciudad.
A su vez, el secretario de Bienestar e Igualdad Social, Pablo Yanes Rizo, consideró que el encarecimiento de las rentas y la gentrificación son fenómenos internacionales ante los cuales la Ciudad de México busca anticiparse mediante alternativas para ampliar el acceso a la vivienda.
Brugada llamó al Congreso capitalino y a los sectores involucrados a participar en un debate abierto sobre la iniciativa, con el objetivo de escuchar distintas posiciones y construir consensos.
