El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presentó este jueves 5 de noviembre su renuncia al cargo, en medio de una crisis financiera y política provocada por la intervención de Ueno Bank, institución que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y que mantenía vínculos empresariales con el mandatario.
La dimisión fue anunciada mediante un mensaje en video difundido en sus redes sociales, mientras la Cámara de Diputados debatía una solicitud de juicio político en su contra. Peña argumentó que su decisión buscaba preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas.
“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”, declaró.
El mandatario también ofreció disculpas a la ciudadanía, aunque no reconoció responsabilidad directa en la crisis bancaria. Señaló que su prioridad era garantizar la devolución de los recursos a los afectados y pidió que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpliera su función.
Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó su renuncia y aprobó por unanimidad, con 78 votos, iniciar el juicio político. Los legisladores argumentaron que el procedimiento debe continuar para evitar que Peña obtenga los fueros correspondientes a un expresidente que pasa a ocupar un escaño como senador vitalicio.
La decisión final sobre su destitución corresponde al Senado. Por tanto, aunque Peña anunció su dimisión, su salida no había quedado formalmente resuelta al cierre de los primeros reportes.
El escándalo de Ueno Bank
La crisis que precipitó la salida de Peña comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay intervino Ueno Bank tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal requerido.
La entidad financiera, que contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, quedó bajo administración de las autoridades. La medida provocó la suspensión de operaciones y dejó a numerosos usuarios sin acceso a sus cuentas, depósitos y pagos.
El banco también administraba alrededor de 850 millones de dólares en fondos públicos, de acuerdo con los reportes de las investigaciones periodísticas, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de la seguridad social y las pensiones de los trabajadores paraguayos.
La intervención derivó en investigaciones por presuntas irregularidades financieras, préstamos a empresas vinculadas con los propietarios de la entidad y deficiencias en la supervisión bancaria. Las autoridades detuvieron a directivos y ejecutivos de la institución, mientras la Fiscalía abrió investigaciones sobre el manejo de los recursos y la actuación de funcionarios públicos.
Los vínculos empresariales de Peña
El escándalo alcanzó al presidente debido a sus antiguos vínculos con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank. Peña mantuvo una participación accionaria en la estructura corporativa vinculada con la entidad hasta 2025.
Las acusaciones presentadas por legisladores opositores señalan posibles conflictos de interés, presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos y falta de supervisión sobre las operaciones del banco.
Peña ha rechazado haber cometido actos ilícitos y sostuvo que las responsabilidades deben determinarse mediante las investigaciones correspondientes.
La crisis también provocó la salida de Carlos Carvallo de la presidencia del Banco Central, así como la pérdida de respaldo político de Peña dentro del Partido Colorado, al que pertenece. El expresidente de esa agrupación, Horacio Cartes, y otros dirigentes retiraron su apoyo al mandatario en medio de las exigencias de rendición de cuentas.
Protestas y sucesión política
La intervención bancaria provocó manifestaciones en Asunción durante varios días. Ahorristas, jubilados, trabajadores y ciudadanos afectados exigieron recuperar sus recursos y reclamaron responsabilidades al gobierno.
Las protestas también alcanzaron a trabajadores de empresas vinculadas con el grupo propietario del banco, quienes denunciaron dificultades para cobrar sus salarios.
En caso de que el Congreso formalice la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana está previsto como su sucesor y deberá completar el periodo presidencial hasta agosto de 2028, conforme al orden constitucional. No obstante, su eventual llegada al Ejecutivo también ocurre en medio de cuestionamientos políticos relacionados con el caso bancario.
La crisis deja a Paraguay ante un escenario de incertidumbre institucional y financiera, mientras las autoridades buscan garantizar la devolución de los depósitos y determinar las responsabilidades por el colapso de una entidad que concentraba una parte importante de los recursos de ciudadanos e instituciones públicas.
