La UIF bloqueó a 25 personas físicas y 15 empresas en el contexto de las investigaciones. Entre 2014 y 2025, compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de 2 mil 646 millones de pesos en organismos electorales.
Las investigaciones sobre la contratación de proveedores de material electoral y el ejercicio de recursos públicos en los organismos electorales abrieron una nueva línea de revisión sobre las redes empresariales que han operado durante años alrededor de las instituciones encargadas de organizar las elecciones en México.
Durante la Mañanera del Pueblo de este 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, junto con la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, información sobre las investigaciones relacionadas con proveedores de organismos electorales y los posibles vínculos entre empresas, funcionarios y actores políticos.
Uno de los datos relevantes fue el anuncio de la UIF sobre la incorporación de 25 personas físicas y 15 personas morales a la Lista de Personas Bloqueadas. La medida se deriva de los análisis financieros realizados por la dependencia a partir de reportes de operaciones inusuales o sospechosas enviados por instituciones bancarias y otros sujetos obligados.
Reyes Colmenares explicó que la UIF cruza esa información con sus propias bases de datos y, cuando encuentra elementos suficientes, puede solicitar la inmovilización de recursos. Sin embargo, aclaró que no podía revelar la identidad de las personas incorporadas a la lista, debido a que se trata de información reservada por disposición legal.
Tampoco confirmó si entre las personas bloqueadas se encuentra Guadalupe Taddei, ni precisó cuántas cuentas bancarias están afectadas o los montos involucrados. Esa información deberá ser proporcionada por las instituciones financieras.
Una red empresarial con antecedentes de casi tres décadas
La investigación presentada por Raquel Buenrostro puso el foco en los hermanos Hernández Casillas y en una estructura empresarial que, de acuerdo con la información expuesta, tiene antecedentes de operación vinculados con el servicio público desde hace 27 años.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que los hermanos tuvieron presencia en distintas etapas del gobierno federal y posteriormente desarrollaron relaciones con actores políticos y estructuras vinculadas con la contratación de servicios electorales.
El análisis de los contratos muestra la dimensión económica de esta red: entre 2014 y 2023, empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas obtuvieron contratos por más de dos mil millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Entre 2024 y 2025, las adjudicaciones sumaron otros 646 millones de pesos en 15 organismos electorales estatales.
En conjunto, las cifras documentadas para ambos periodos superan los dos mil 646 millones de pesos, lo que coloca bajo escrutinio la forma en que se asignaron los contratos, los mecanismos de supervisión y los posibles conflictos de interés.
Sheinbaum cuestionó que, tras la difusión de videos y grabaciones relacionados con el caso, la atención pública se concentrara en Guadalupe Taddei, sin profundizar en quiénes son los proveedores, cómo construyeron sus relaciones institucionales y desde cuándo participan en este mercado.
La mandataria sostuvo que las irregularidades no comenzaron necesariamente durante la gestión de Taddei y planteó la necesidad de revisar los antecedentes de las contrataciones y las responsabilidades de quienes intervinieron en ellas.
También hizo referencia a los vínculos políticos de quienes habrían impulsado a los empresarios, al señalar que es necesario investigar el origen de estas relaciones y su continuidad a través de distintas administraciones.
Talleres Gráficos de México, bajo una nueva propuesta de transparencia
Como parte de las medidas para revisar los mecanismos de contratación de material electoral, la presidenta anunció que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México.
El planteamiento contempla transparentar sus procedimientos de contratación e incorporar a otras instituciones en su Consejo de Administración, con el propósito de ampliar la supervisión y fortalecer los controles sobre el uso de recursos públicos.
La propuesta abre también una discusión sobre la capacidad del Estado para garantizar condiciones de transparencia, competencia y rendición de cuentas en la producción y adquisición de materiales indispensables para los procesos electorales.
INE prepara denuncia contra Guadalupe Taddei
En paralelo a las investigaciones presentadas en Palacio Nacional, el Instituto Nacional Electoral prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Guadalupe Taddei, por posibles delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones.
La denuncia busca que la Fiscalía investigue de oficio las posibles conductas irregulares y determine si existen elementos para fincar responsabilidades penales.
A este procedimiento se suma un pendiente administrativo: la entrega-recepción de la oficina que Taddei ocupó durante tres años y medio al frente del organismo electoral.
De acuerdo con los lineamientos del Órgano Interno de Control del INE, el procedimiento debía realizarse de manera presencial en un plazo máximo de cinco días después de dejar el cargo. Taddei formalizó su renuncia ante la Cámara de Diputados el pasado 26 de octubre, pero hasta ahora no habría concluido este trámite.
El incumplimiento de esta obligación podría derivar en responsabilidades administrativas adicionales.
Por otra parte, al ser cuestionada sobre el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, quien encabezó el organismo a partir de 2014, Sheinbaum señaló que correspondería a la Auditoría Superior de la Federación determinar si debe ser llamado a declarar.
Más allá de los nombres: la fiscalización de los recursos electorales
El caso coloca nuevamente en el centro del debate la transparencia en el financiamiento y la operación de las instituciones electorales. Los contratos millonarios, la concentración de proveedores y las relaciones que se construyen entre empresas y estructuras públicas plantean interrogantes sobre los mecanismos de vigilancia que han operado durante distintos periodos.
Las investigaciones deberán establecer si existieron irregularidades administrativas, responsabilidades de servidores públicos o conductas constitutivas de delito. También será necesario esclarecer el origen de los recursos, el destino de los contratos y los posibles beneficios obtenidos por particulares.
Más allá de las disputas políticas alrededor de los actuales y anteriores integrantes del INE, el fondo del asunto es la rendición de cuentas sobre los recursos públicos destinados a organizar las elecciones. La transparencia en estas contrataciones no es un asunto menor: forma parte de las condiciones institucionales que permiten garantizar la legalidad y la confianza en los procesos democráticos.
