Las investigaciones sobre contratos para materiales electorales abarcan distintas administraciones del organismo. Sheinbaum cuestionó particularmente la actuación de Lorenzo Córdova y de los anteriores consejeros, mientras el Órgano Interno de Control reporta cinco empresas con contratos por dos mil 461 millones de pesos.
La polémica por las presuntas irregularidades en la contratación de materiales electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un debate que va más allá de la actual administración de Guadalupe Taddei: la responsabilidad de los consejeros que encabezaron el organismo durante años y que tenían entre sus atribuciones vigilar el funcionamiento de la institución.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó por qué los anteriores integrantes del Consejo General del INE no actuaron para revisar la concentración de contratos en un grupo reducido de empresas proveedoras de urnas, mamparas y otros materiales electorales.
El cuestionamiento se produjo después de que el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, planteara la necesidad de revisar los contratos y los antecedentes de las presuntas irregularidades.
Sheinbaum también cuestionó la autoridad de Ugalde para hablar de democracia y recordó su participación en la organización de las elecciones presidenciales de 2006.
Pero el señalamiento de mayor alcance institucional estuvo dirigido a Lorenzo Córdova, quien presidió el INE de 2014 a 2023.
Cinco empresas y contratos por dos mil 461 millones de pesos
El tema tiene un antecedente concreto. El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó recientemente sobre investigaciones relacionadas con cinco empresas que obtuvieron contratos por dos mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025.
De acuerdo con los datos presentados ante legisladores, las empresas identificadas son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México.
Las investigaciones apuntan a posibles vínculos entre representantes legales y socios, así como a mecanismos que habrían permitido simular competencia entre proveedores.
El monto corresponde a contratos del INE y de organismos públicos locales electorales, por lo que el problema no se limita a las adquisiciones realizadas por una sola administración del instituto.
El OIC también informó que mantiene 18 expedientes relacionados con presuntas irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei: 13 están en investigación y cinco en procedimientos de responsabilidades administrativas.
Es importante precisar que se trata de investigaciones en curso y que los señalamientos todavía deben resolverse conforme a los procedimientos legales correspondientes.
¿Por qué los anteriores consejeros no intervinieron?
La pregunta planteada por Sheinbaum tiene una dimensión institucional.
Durante su intervención, la presidenta cuestionó que Lorenzo Córdova, al frente del INE durante casi nueve años, no hubiera actuado para evitar que un reducido grupo de empresas concentrara la fabricación y suministro de materiales electorales.
También recordó que el Consejo General tiene facultades de dirección, supervisión y vigilancia sobre el funcionamiento del organismo, aunque la responsabilidad directa de cada contratación corresponde a las áreas administrativas y ejecutoras competentes.
Aquí se encuentra uno de los puntos centrales del debate: si durante años existió una concentración de proveedores y posibles mecanismos de simulación de competencia, es necesario establecer qué áreas conocían esas prácticas, qué controles se aplicaron, qué advertencias se recibieron y por qué no se corrigieron oportunamente.
La responsabilidad no puede atribuirse automáticamente a todos los consejeros por el simple hecho de haber integrado el Consejo General. Sin embargo, su papel de supervisión merece ser examinado a la luz de las facultades que tenían y de la información que estuvo a su alcance.
Una historia que viene de las elecciones de 2006 y 2012
Sheinbaum amplió su cuestionamiento al recordar los procesos electorales de 2006 y 2012.
Sobre la elección presidencial de 2006, criticó la negativa a realizar un recuento total de los votos y recordó la posterior destrucción de las boletas electorales.
También mencionó las denuncias relacionadas con la compra de votos en 2012 y el caso de las tarjetas Monex, en el contexto de la elección presidencial que ganó Enrique Peña Nieto.
La mandataria sostuvo que las autoridades electorales de aquellos años no respondieron de manera suficiente a los cuestionamientos sobre la equidad de los procesos electorales.
En su argumentación, vinculó estos antecedentes con la necesidad de revisar integralmente el funcionamiento de las instituciones electorales, en lugar de concentrar toda la responsabilidad en la administración actual.
La reforma de 2014 y el poder del Consejo General
Otro elemento importante es la reforma político-electoral de 2014, mediante la cual el entonces IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral.
La modificación amplió las atribuciones del organismo nacional y le otorgó la facultad de designar a los consejeros de los organismos públicos locales electorales.
Sheinbaum recordó que Guadalupe Taddei llegó al Consejo General después de ser designada consejera electoral de Sonora por el INE, durante la presidencia de Lorenzo Córdova.
Su argumento es que, si se revisan los contratos y las relaciones entre proveedores y autoridades electorales, también deben examinarse los antecedentes institucionales que permitieron la continuidad de esas prácticas.
La fiscalización, una prueba para la credibilidad electoral
El debate obliga a distinguir entre dos asuntos: las posibles irregularidades cometidas en las contrataciones y la responsabilidad de quienes tenían la obligación de prevenirlas, detectarlas o denunciarlas.
La existencia de contratos millonarios, proveedores relacionados entre sí y expedientes de investigación requiere transparencia, auditorías y explicaciones públicas.
También exige que los órganos de control determinen responsabilidades individuales, sin convertir las investigaciones en condenas anticipadas.
La discusión sobre el INE no puede reducirse a una confrontación entre antiguos y actuales funcionarios. Lo que está en juego es la confianza pública en una institución cuya función central es garantizar elecciones libres, confiables y transparentes.
Si hubo omisiones durante años, también debe esclarecerse quién tenía facultades para intervenir, qué información conocía y por qué no actuó.
