La suspensión de los cortes durante tres semanas evidenció la vulnerabilidad de los productores frente a las empacadoras y los mercados internacionales. El Gobierno federal anunció un acuerdo para reanudar las exportaciones, mientras prepara certificaciones laborales y ambientales para el sector.
El aguacate mexicano, uno de los productos agroalimentarios de mayor presencia en los mercados internacionales, enfrenta una crisis que va más allá de la comercialización. La caída de los precios pagados a los productores, los conflictos con las empresas empacadoras, las condiciones laborales de los jornaleros, la extorsión y el avance de las huertas sobre zonas forestales han colocado a esta actividad en el centro de los desafíos económicos, sociales y ambientales de Michoacán.
Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que la noche del martes se alcanzó un acuerdo entre empresas empacadoras y trabajadores del sector aguacatero para reanudar la agroexportación a partir del jueves 5 de noviembre.
El conflicto se originó por la caída del precio del fruto en las huertas. De acuerdo con la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba López, los productores estaban recibiendo entre 13 y 20 pesos por kilogramo, cantidades que, señalaron, no alcanzan para cubrir sus costos de producción.
La inconformidad provocó la suspensión de los cortes durante aproximadamente tres semanas y afectó la cadena de suministro destinada a los mercados internacionales.
Sheinbaum explicó que uno de los factores detrás de la reducción de precios es el crecimiento de la producción de aguacate en otros países, que ha incrementado la competencia en los mercados internacionales y presionado el valor del producto mexicano.
La mandataria señaló que el Gobierno federal mantiene conversaciones con productores, cortadores, agroexportadores y autoridades de Estados Unidos para buscar condiciones que permitan garantizar la continuidad de las exportaciones y mejores condiciones de comercialización.
Un conflicto que revela la desigualdad en la cadena del aguacate
La crisis pone sobre la mesa una pregunta fundamental: ¿quién obtiene los mayores beneficios de uno de los negocios agrícolas más importantes de México?
Mientras el aguacate llega a los consumidores de distintos países a precios que reflejan su valor comercial, los productores michoacanos denunciaron que el pago recibido en las huertas resulta insuficiente para cubrir fertilizantes, mantenimiento, agua, transporte, control sanitario y mano de obra.
El problema no se limita a los propietarios de las huertas. Los jornaleros y cortadores también resienten las interrupciones de la actividad, pues la suspensión de los cortes afecta sus ingresos y la estabilidad de sus familias.
En este contexto, el Gobierno federal informó sobre la puesta en marcha del Certificado Laboral para la Agroexportación, una herramienta que busca garantizar que los trabajadores vinculados con la producción destinada a mercados internacionales cuenten con condiciones laborales adecuadas y seguridad social.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, informó que al 25 de octubre se habían emitido 262 certificados, de los cuales 80 por ciento correspondían a agroexportadores de Michoacán. El primero de noviembre comenzó una segunda fase para incorporar al resto de la cadena de valor.
El costo ambiental del negocio: los bosques bajo presión
Otro de los grandes problemas que enfrenta la producción aguacatera es la expansión de huertas sobre terrenos forestales.
La rentabilidad del cultivo ha incentivado durante años el cambio de uso de suelo, con consecuencias para los bosques, la biodiversidad y la disponibilidad de agua en la región.
Durante la conferencia, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que se han identificado alrededor de cinco mil huertas bajo vigilancia especial, cuyos polígonos ya están mapeados en Michoacán y Jalisco.
El Gobierno federal prepara un certificado de no deforestación que será emitido por la Semarnat y que busca impedir que el aguacate producido en terrenos deforestados ilegalmente pueda acceder a los mercados de exportación.
La presidenta explicó que se trabaja en un mecanismo federal para sustituir y homologar los mecanismos estatales existentes.
La certificación ambiental y la laboral representan dos cambios importantes para el sector: no bastará con producir y cumplir los requisitos fitosanitarios; también será necesario demostrar que la producción no contribuye a la destrucción de los bosques y que se respetan los derechos de quienes trabajan en las huertas.
El Plan Michoacán: inversión y desarrollo frente a la violencia
El conflicto del aguacate se presentó durante el balance del primer año del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, anunciado después del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Sheinbaum informó que el plan contempla una inversión estimada de 118 mil millones de pesos entre 2025 y 2030. Hasta el momento se han ejercido 72 mil 431 millones, equivalentes a un avance de 67 por ciento.
Entre las acciones destacan 30 mil 451 millones de pesos de inversión social; 795 mil 717 estudiantes con becas; 56 mil 577 créditos para mujeres por 660.8 millones de pesos, así como inversiones en infraestructura carretera, salud, vivienda, electrificación y desarrollo comunitario.
También se informó sobre la construcción de un polo de desarrollo con una inversión prevista de nueve mil 300 millones de pesos y un portafolio de 24 proyectos de inversión por mil 337 millones.
Sin embargo, la propia presidenta reconoció que Michoacán mantiene zonas donde es necesario reforzar el trabajo, particularmente frente al delito de extorsión, que afecta directamente a distintas actividades productivas.
El próximo martes se presentarán los resultados específicos del componente de seguridad del plan.
El desafío de fondo
La reanudación de las exportaciones representa un paso para recuperar la actividad comercial, pero no resuelve por sí misma los problemas estructurales del sector.
El aguacate mexicano enfrenta el reto de mantener su competitividad internacional sin trasladar los costos de las crisis comerciales a los pequeños productores y jornaleros, sin permitir que la rentabilidad justifique la destrucción de los bosques y sin dejar a las comunidades a merced de la extorsión.
La pregunta ya no es solamente cuánto aguacate puede exportar México, sino bajo qué condiciones económicas, laborales, ambientales y de seguridad puede sostenerse esta industria.
