La presidenta señaló que la Auditoría Superior de la Federación es la instancia facultada para fiscalizar al organismo autónomo y que ya realiza revisiones sobre periodos anteriores y posteriores a 2023. Ante las exigencias de que se investigue y sancione a Guadalupe Taddei, sostuvo que las responsabilidades deberán establecerse a partir de los resultados de las auditorías.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que será la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la que determine si existieron irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de las revisiones que realiza sobre sus contratos y operaciones, y establezca si existen elementos para dar vista a las autoridades penales o administrativas.
Durante su conferencia de este martes, la mandataria fue cuestionada sobre las denuncias relacionadas con contratos por más de mil 800 millones de pesos vinculados con la gestión de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, así como por las declaraciones de legisladores que han planteado que la exfuncionaria debería enfrentar un proceso judicial.
Sheinbaum explicó que, al tratarse de un organismo autónomo, el INE no es fiscalizado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que revisa las dependencias del gobierno federal, sino por la Auditoría Superior de la Federación.
“Quien puede auditar al INE, el único que puede auditar al INE es la Auditoría Superior de la Federación”, puntualizó.
La presidenta recordó que el auditor superior presentó un informe el viernes pasado ante la Cámara de Diputados, en el que dio cuenta de los avances de las revisiones al organismo electoral. De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, la ASF realizará una auditoría sobre los periodos anteriores a 2023 y fortalecerá la revisión que ya había iniciado respecto de las operaciones de 2023 a la fecha.
La mandataria detalló que, una vez concluidas las auditorías, las posibles irregularidades deberán seguir las vías institucionales correspondientes, dependiendo de su naturaleza.
“Una vez realizada esa auditoría, si hay un asunto penal, se presenta a la Fiscalía General de la República, si hay un asunto administrativo, se presenta al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, si hay una denuncia a la fiscalía, la fiscalía tiene que investigar. Así es cómo son los procedimientos en nuestro país”, explicó.
En ese sentido, sostuvo que no corresponde anticipar responsabilidades ni determinar sanciones antes de que concluyan las investigaciones. Sin embargo, aseguró que no habrá protección para quienes hayan incurrido en actos de corrupción.
“Quien haya cometido actos de corrupción que sea sancionado por las instancias que tienen que sancionarlo, Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República”, expresó.
Investigación sobre contratos de material electoral
El tema de la fiscalización del INE se relaciona también con los señalamientos sobre la concentración de contratos para la adquisición de material electoral en un grupo de empresas, situación que ha sido cuestionada por legisladores y que la propia presidenta pidió investigar.
Sheinbaum planteó que debe revisarse cómo se configuró esa relación comercial y desde cuándo opera, pues, según señaló, la concentración de proveedores viene de administraciones anteriores.
“¿Cómo es que un grupo de empresas se apoderó desde hace más de 20 años del material electoral? Eso tiene que investigarse y sancionarse”, afirmó.
La presidenta consideró necesario revisar la historia de las contrataciones y de la integración de las autoridades electorales, particularmente a partir de la reforma de 2014, cuando se modificó el sistema de nombramiento de los consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE).
Explicó que antes de esa reforma los congresos estatales designaban a los integrantes de los institutos electorales locales. A partir de 2014, el INE asumió la facultad de nombrar a los consejeros de los OPLE, lo que, a su juicio, concentró decisiones en el organismo nacional.
“La verdadera concentración de poder en el Instituto Nacional Electoral se dio en el 2014”, sostuvo.
En ese contexto, Sheinbaum recordó que Lorenzo Córdova encabezaba el entonces INE cuando se realizó la designación de consejeros electorales locales bajo el nuevo modelo.
También hizo referencia a la trayectoria de Guadalupe Taddei, quien antes de llegar a la presidencia del organismo nacional formó parte del Instituto Estatal Electoral de Sonora. La mandataria sostuvo que su nombramiento en esa instancia correspondió a los consejeros electorales de 2014 y no a Morena.
“Como bien lo he dicho, la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, no fue nombrada por Morena, como ahora lo quieren decir”, señaló.
Agregó que, cuando se eligió a la presidencia del INE en 2023, los partidos políticos participaron en la votación de la quinteta de aspirantes de la que resultó electa Taddei.
Sheinbaum defiende autonomía del INE y pide investigar responsabilidades
Al responder a los cuestionamientos sobre la independencia del organismo electoral, luego de que el Consejo Coordinador Empresarial se pronunciara sobre la necesidad de preservarla, la presidenta sostuvo que su gobierno busca un INE fuerte y con autonomía, pero insistió en que debe responder a la voluntad popular y estar libre de intereses particulares.
“Por supuesto que queremos un Instituto Nacional Electoral fuerte, que responda a la voluntad del pueblo, a la verdadera democracia”, afirmó.
La mandataria defendió la necesidad de revisar las decisiones tomadas en el organismo durante distintas administraciones y rechazó que la investigación sobre posibles irregularidades deba interpretarse como un intento de debilitarlo.
Aseguró que el propósito es esclarecer el origen de las contrataciones y sancionar cualquier conducta indebida, sin afectar la función del instituto como garante de los procesos electorales.
“Tenemos que hacer un análisis de qué pasó a partir del 2014”, insistió.
Finalmente, sostuvo que el INE debe salir fortalecido de este proceso y reiteró que la investigación sobre los contratos y las posibles responsabilidades corresponde a las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia, conforme a sus atribuciones.
