La Secretaría de las Mujeres avanza en la identificación y medición de las uniones tempranas y la cohabitación forzada en México, mediante un grupo de trabajo interinstitucional que busca integrar información de distintas dependencias para dimensionar el fenómeno, conocer sus causas y orientar políticas públicas de prevención y atención.
Durante el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género, Evelyn Trasviña, coordinadora de Análisis Estratégico y Estadísticas de Género de la dependencia, presentó los avances y desafíos metodológicos de este grupo en el panel “Estadísticas para prevenir y eliminar la violencia por razón de género contra las mujeres y las niñas”.
Explicó que el grupo surgió ante la necesidad de articular registros públicos de salud, censos y bases de datos administrativas, debido a que muchas de estas uniones no quedan asentadas en el Registro Civil, ya que los matrimonios con personas menores de edad están prohibidos legalmente.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México hay 143 mil 668 mujeres de entre 12 y 17 años en situación de unión en zonas rurales.
Trasviña subrayó que en menores de 15 años no puede hablarse de consentimiento en este tipo de relaciones, por lo que deben considerarse situaciones de coerción y violencia sexual.
“En menores de 15 años nunca puede haber consenso; siempre que hay una diferencia de edad abismal o un embarazo infantil estamos hablando de coerción y violencia sexual”, afirmó.
La funcionaria señaló que uno de los principales desafíos es identificar, a partir de los datos disponibles, los elementos que permitan reconocer la coerción y generar mecanismos institucionales para proteger a las niñas.
“El reto es cómo medir esa coerción desde los datos para que sirvan a las instituciones para establecer mecanismos de atención y proteger la trayectoria de vida de las niñas”, agregó.
La propuesta contempla vincular distintas fuentes de información con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) y los registros del sector educativo, a fin de construir una caracterización más amplia de estas uniones.
En el encuentro participaron representantes de instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el INEGI, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
