¿Cuántas personas tienen que enfermar y morir para que una emergencia ambiental sea atendida como una emergencia de salud pública?
En Hidalgo, alrededor de la presa Endhó, la contaminación dejó de ser solamente un problema ecológico. Se ha convertido en una amenaza que las comunidades asocian con enfermedades, muertes prematuras y un deterioro progresivo de sus condiciones de vida. Lo más preocupante es que, después de décadas de exposición a aguas residuales y descargas industriales, todavía no existe una investigación epidemiológica pública que permita establecer con precisión la dimensión del daño sanitario.
Los testimonios de los habitantes dibujan un panorama inquietante. En General Pedro María Anaya, municipio de Tepetitlán, una organización comunitaria contabilizó al menos 42 personas fallecidas por cáncer, 15 sobrevivientes y seis casos activos. No se trata de una estadística oficial ni de una demostración de causalidad, pero sí de una señal que exige una investigación científica inmediata.
La dimensión del problema rebasa los testimonios. Una investigación periodística publicada en 2023 documentó que, entre 2010 y 2020, las muertes registradas por cáncer en la región aumentaron 189%, frente a un incremento de 30% en el conjunto del país. Además, datos del INEGI analizados por The New York Times señalan que las tasas de mortalidad por cáncer en Tula de Allende superaron el promedio nacional cada año desde 2016. En Tepetitlán también se han registrado tasas de mortalidad por insuficiencia renal y enfermedades del tracto urinario que en determinados años llegaron a duplicar el promedio nacional.
Son indicadores que no permiten atribuir automáticamente las enfermedades a una fuente de contaminación, pero que hacen insostenible ignorar la pregunta sobre la relación entre el ambiente y la salud de la población.
Un territorio que recibe los desechos de millones de personas
La historia de la presa Endhó está vinculada con decisiones de infraestructura y desarrollo que transformaron el Valle del Mezquital.
Desde la década de 1970, aguas residuales del Valle de México fueron conducidas hacia Hidalgo. A este flujo se sumaron descargas de un corredor industrial con refinería y numerosas fábricas. El río Tula se convirtió en uno de los principales conductos de estos residuos y desemboca en la presa Endhó.
El resultado es un territorio sometido durante décadas a una presión ambiental acumulada. La carga de materia orgánica, los residuos industriales, los sedimentos contaminados y la proliferación del lirio acuático han modificado las condiciones del ecosistema.
La planta de tratamiento de Atotonilco representa una infraestructura fundamental para el saneamiento, pero el tratamiento de aguas residuales no necesariamente elimina todos los contaminantes industriales, metales y compuestos químicos. Por ello, no basta con medir cuánta agua se trata: es indispensable conocer qué sustancias permanecen y qué ocurre con ellas después de las descargas.
La evidencia científica ya plantea señales de alarma
Un estudio publicado en 2025 en el libro académico de la Sociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, con investigación en el río Tula y la presa Endhó, evaluó cinco zonas de muestreo.
Los investigadores analizaron parámetros fisicoquímicos, demanda biológica y química de oxígeno, metales pesados y compuestos orgánicos volátiles.
Entre sus resultados reportaron siete metales pesados: cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo y zinc, además de arsénico y cianuro. También identificaron 14 compuestos orgánicos volátiles.
El estudio reportó 23 contaminantes y señaló que, conforme a las clasificaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, algunos pertenecen a grupos de carcinogenicidad comprobada, probable o posible.
Esto no significa que todas las personas expuestas desarrollarán cáncer ni que los casos registrados en las comunidades hayan sido provocados por esos contaminantes. Significa que existe una combinación de sustancias que requiere vigilancia ambiental y sanitaria, evaluación de las vías de exposición y estudios de riesgo para la población.
A ello se suma el Estudio Técnico Justificativo del Gobierno federal para la restauración ecológica, que identificó hidrocarburos aromáticos policíclicos en el aire de municipios de la zona y advirtió sobre la presencia de arsénico en pozos de agua subterránea analizados.
La contaminación, por tanto, no puede reducirse a lo que ocurre dentro del embalse. También deben investigarse el aire que respiran las familias, el agua que consumen, los suelos donde cultivan y los alimentos que llegan a sus mesas.
El dato más grave: la información sanitaria no es pública
Entre finales de 2024 y principios de 2025, brigadas de la Secretaría de Salud federal y autoridades estatales realizaron un censo en comunidades cercanas a la presa.
Sin embargo, de acuerdo con una investigación de EL PAÍS publicada en octubre de 2026, los resultados no fueron localizados por las instituciones que participaron y no se han hecho públicos.
¿Cómo se puede diseñar una política de prevención si no se conoce con precisión el estado de salud de las personas que viven en la zona?
¿Cómo determinar si existe una mayor incidencia de determinados tipos de cáncer, enfermedades renales, respiratorias o cardiovasculares sin un registro epidemiológico por comunidad, edad, sexo y tiempo de residencia?
Y, sobre todo, ¿cómo descartar una relación entre la exposición prolongada a contaminantes y los padecimientos que denuncian los habitantes sin realizar los estudios necesarios?
La ausencia de evidencia epidemiológica no equivale a evidencia de ausencia de daño.
En junio de 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 159/2024 a la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Gobierno de Hidalgo y los municipios de Tula de Allende y Tepetitlán. El organismo documentó violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua por las descargas de aguas residuales no controladas.
Es decir, la problemática ambiental y la responsabilidad institucional no son solamente denuncias de los pobladores: existe un pronunciamiento formal de un organismo nacional de derechos humanos.
Restaurar la presa no es suficiente: hay que proteger a quienes viven alrededor
La recuperación de la presa Endhó debe ir mucho más allá de retirar el lirio acuático, controlar los mosquitos o limpiar superficialmente el embalse.
La restauración ambiental necesita acompañarse de una política integral de salud pública que incluya estudios epidemiológicos independientes, vigilancia de enfermedades crónico-degenerativas, análisis permanentes de agua, aire y suelo, identificación de fuentes contaminantes y atención médica especializada para las comunidades.
También es indispensable conocer qué sustancias llegan a la presa, quién las descarga, qué capacidad real tienen las plantas de tratamiento para removerlas y cuáles son las consecuencias de la exposición acumulada.
No se puede hablar de justicia ambiental sin garantizar el derecho a la salud, ni de recuperación ecológica sin reparar los daños que pudieron sufrir las poblaciones durante décadas.
La presa Endhó plantea una pregunta que interpela a las autoridades ambientales, sanitarias y a las instituciones científicas del país: ¿quién está investigando lo que sucede en el cuerpo de las personas que han vivido durante generaciones junto a este foco de contaminación?
Porque el problema no es solamente una presa contaminada. Es una población que necesita saber a qué está expuesta, por qué está enfermando y qué hará el Estado para protegerla.
No podemos esperar a que la ciencia confirme cada relación causal para garantizar agua segura, aire limpio, vigilancia epidemiológica y atención médica. La prevención debe comenzar antes de que el daño sea irreversible.
