La asociación advierte que el límite de ocupación de 50% anual genera incertidumbre jurídica y puede afectar a unas 160 mil familias que obtienen ingresos de esta actividad en el país.
Ante la próxima discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre las disposiciones que regulan las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs) en Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) pidió revisar los efectos de las restricciones, en particular el límite que impide ocupar estos inmuebles más de 50% de las noches del año.
La organización advirtió que mantener esta disposición puede generar incertidumbre jurídica, dificultar la operación formal y afectar a trabajadores, pequeños empresarios y familias que participan en esta actividad económica.
“Estamos a favor de la regulación. Pero regular no debe significar impedir que una actividad económica legítima pueda operar. Es fundamental que las reglas tengan una justificación técnica, puedan cumplirse y respondan a los problemas que buscan resolver”, señaló Sean Cázares Ahearne, director general de AMVITUR.
La asociación sostuvo que la discusión debe considerar tanto la protección del acceso a la vivienda como las consecuencias económicas de las medidas regulatorias. De acuerdo con estimaciones recopiladas por AMVITUR, las viviendas turísticas aportan alrededor de 5% del PIB turístico nacional, equivalente a 133 mil millones de pesos, y generan oportunidades de ingreso para aproximadamente 160 mil familias.
La dimensión de esta actividad también se refleja en los empleos y servicios vinculados con la administración de inmuebles, limpieza, mantenimiento y transporte, entre otros. La organización recordó que, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el turismo representa 8.7% de la economía mexicana y genera 7.4% del empleo nacional.
En Ciudad de México, AMVITUR identifica aproximadamente 25 mil 759 viviendas turísticas activas, equivalentes a 0.8% de los 3.03 millones de viviendas de la capital. En contraste, señala que existen alrededor de 207 mil viviendas deshabitadas, que representan 7% del parque habitacional.
La asociación aclaró que estas cifras no descartan presiones en determinadas colonias, pero consideró que el encarecimiento de las rentas debe analizarse tomando en cuenta otros factores, como la insuficiente construcción de vivienda, los inmuebles desocupados y las diferencias entre zonas de la ciudad.
Otro de los problemas señalados por la organización es la falta de una ruta administrativa clara para cumplir con la normativa. La Ley de Turismo de Ciudad de México contempla que, a partir del cuarto inmueble registrado, se presente una clave de establecimiento mercantil; sin embargo, AMVITUR afirma que el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM) no cuenta con una clasificación específica para las viviendas turísticas.
Esta situación, sostiene, dificulta que los operadores formalicen su actividad, al exigirles requisitos para los que no existe un mecanismo de registro adecuado.
Sobre el límite de ocupación anual, la asociación advirtió que un inmueble puede enfrentar la negativa de renovación de su registro si supera el umbral de 50%, aun cuando cumpla con las demás obligaciones fiscales, administrativas y de seguridad.
“Hay una diferencia entre supervisar las condiciones en las que se presta un servicio y limitar su operación. Si buscamos mayor seguridad, necesitamos supervisar la seguridad. Si queremos proteger la convivencia vecinal, necesitamos mecanismos efectivos para garantizarla”, afirmó Cázares Ahearne.
AMVITUR consideró que la próxima revisión de la Suprema Corte representa una oportunidad para evaluar los efectos de las disposiciones y analizar alternativas que permitan proteger el acceso a la vivienda, fortalecer la seguridad y dar certeza a quienes participan en el sector turístico.
“Corregir una regulación que no funciona no es retroceder. Es gobernar mejor”, concluyó el director general de la asociación.
