Cinco empresas con vínculos entre sí habrían concentrado adjudicaciones para suministrar material electoral a organismos locales entre 2014 y 2025. El titular del órgano de control informó que existen 18 expedientes por presuntas irregularidades, cinco de ellos en procedimientos de responsabilidad administrativa.
El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó que cinco empresas con vínculos entre sí simularon competencia para obtener contratos por 2 mil 461 millones 75 mil pesos destinados al suministro de material electoral a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), entre 2014 y 2025.
Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, el funcionario explicó que las compañías comparten representantes legales y socios, aunque operan como empresas distintas. De acuerdo con las investigaciones, esta estructura habría permitido aparentar competencia en los procedimientos de contratación.
Las empresas señaladas son Cajas Graf, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
En el desglose de los contratos, Cajas Graf recibió adjudicaciones por mil 72 millones 876 mil pesos; Formas Finas y Materiales, por 815 millones 961 mil pesos; Corporativo ZEG, por 278 millones 717 mil pesos; Comercializadora JVLY, por 208 millones 396 mil pesos, y Seriplast de México, por 85 millones 123 mil pesos.
En conjunto, los contratos sumaron 2 mil 461 millones 75 mil pesos. Carvente Contreras señaló que las empresas habrían mantenido operaciones con al menos 20 organismos electorales locales.
El funcionario también identificó a Oaxaca entre las entidades con mayores montos de contratación, con 270 millones 737 mil pesos. Veracruz encabezó la relación, con 303 millones 34 mil pesos, seguido de Coahuila, con 273 millones 868 mil pesos.
El titular del OIC sostuvo que el problema no se limita al INE, sino que alcanza a los organismos electorales estatales y responde a prácticas que calificó como históricas y estructurales.
18 expedientes por posibles irregularidades
En su comparecencia, Carvente Contreras informó que el Órgano Interno de Control mantiene 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades administrativas dentro del INE.
De ese total, 13 permanecen en etapa de investigación y cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa. En estos últimos casos, los servidores públicos involucrados fueron citados a una audiencia inicial.
El funcionario evitó revelar nombres, números de expediente y elementos de prueba, al señalar que los procedimientos están sujetos a reserva y al debido proceso.
Explicó que algunas de las indagatorias derivaron de auditorías realizadas por el propio órgano de control, que había identificado posibles anomalías antes de que los señalamientos se difundieran públicamente.
“Tenemos voz, pero no voto”
Durante la comparecencia, el titular del OIC también aclaró que su área no tiene facultades para autorizar o rechazar las contrataciones del instituto.
“Tenemos voz, pero no tenemos voto”, expresó al explicar que la responsabilidad de solicitar, tramitar y formalizar los contratos corresponde a las unidades administrativas del INE que requieren los bienes y servicios.
Con ello, rechazó que el órgano de control haya otorgado el visto bueno a las contrataciones cuestionadas. Señaló que su intervención consiste en realizar auditorías, revisar expedientes, detectar anomalías y emitir recomendaciones, pero no en participar con voto en las decisiones administrativas.
Carvente Contreras indicó que el OIC ha formulado más de 200 recomendaciones preventivas ante la Junta General Ejecutiva para advertir sobre riesgos en adquisiciones y operaciones del organismo.
También cuestionó que durante la administración anterior se convocara a sesiones de la Junta General Ejecutiva con muy poca anticipación, incluso con media hora de margen, lo que, a su juicio, limitaba la revisión de asuntos relevantes.
Como parte de las medidas para prevenir nuevas irregularidades, propuso crear un padrón de integridad empresarial que permita revisar los antecedentes y vínculos de los proveedores antes de adjudicarles contratos, así como fortalecer la coordinación entre el OIC, la Auditoría Superior de la Federación y las contralorías estatales.
Una revisión que alcanza a los organismos electorales locales
El titular del órgano de control precisó que el análisis sobre las cinco empresas se concentró en la adquisición de materiales electorales y no incluyó, por el momento, los sistemas electrónicos.
Para sustentar sus hallazgos, el OIC revisó información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, 106 contrataciones de materiales electorales realizadas por los OPLE y 53 procedimientos de licitación pública.
De acuerdo con el estudio preliminar, entre 2021 y 2025 las cinco compañías concentraron 77 por ciento del mercado analizado, equivalente a mil 883 millones de pesos.
La comparecencia ocurre en medio de los cuestionamientos sobre las contrataciones del INE y los señalamientos relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei, quien dejó la presidencia del organismo el pasado 26 de octubre.
Las investigaciones del OIC deberán determinar si existieron faltas administrativas, conflictos de interés u otras conductas sancionables, así como identificar a los servidores públicos que pudieran tener responsabilidad. Hasta ahora, los señalamientos forman parte de procedimientos en curso y no constituyen resoluciones definitivas.
