Sheinbaum pide auditoría amplia al INE y transparencia en contratos y recursos públicos

La presidenta solicitó revisar las contrataciones de distintas administraciones del organismo electoral y llamó a deslindar responsabilidades ante posibles irregularidades.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una revisión amplia de los contratos y el uso de recursos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto de la gestión de Guadalupe Taddei como de administraciones anteriores.

Durante la conferencia matutina de este martes, la mandataria sostuvo que la revisión debe abarcar todos los señalamientos existentes, transparentar las contrataciones y determinar si hay responsabilidades administrativas o legales.

La solicitud se produce después de los cuestionamientos públicos sobre contratos otorgados a diversas empresas y de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del organismo electoral.

Sheinbaum recordó que algunas de las empresas señaladas fueron objeto de acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno anterior, aunque posteriormente obtuvieron resoluciones judiciales que les permitieron continuar operando. Por ello, consideró necesario revisar el historial de las contrataciones y sus condiciones.

“Lo importante desde mi punto de vista es que se haga una auditoría muy amplia”, afirmó la presidenta, quien también pidió que el órgano interno de control del INE entregue a la ASF la información que tenga disponible.

La mandataria señaló que corresponde a la Cámara de Diputados evaluar la permanencia o sustitución del titular del órgano interno de control, mientras que las investigaciones y auditorías deberán desarrollarse conforme a las atribuciones legales de cada institución.

Presupuesto electoral bajo escrutinio

Otro de los puntos abordados fue el presupuesto del INE. Sheinbaum cuestionó el monto de los recursos destinados al organismo y planteó la necesidad de discutir si el costo de las elecciones y el financiamiento público pueden reducirse sin comprometer la organización de los procesos electorales.

La presidenta comparó el presupuesto del instituto con el de otras instituciones públicas y recordó que su propuesta de reforma electoral incluía reducir los recursos destinados tanto al organismo como a los partidos políticos. Esa iniciativa no obtuvo la mayoría calificada necesaria para ser aprobada.

Sin embargo, enfatizó que la discusión presupuestaria no debe sustituir la obligación de transparentar el gasto ni debilitar la autonomía electoral.

Sheinbaum también se refirió a los señalamientos sobre presuntos vínculos entre exfuncionarios electorales y el partido Somos, expuestos durante la conferencia por una reportera de la revista Contralínea. En ese contexto, sostuvo que las posibles irregularidades deben investigarse sin distinciones partidistas.

La presidenta consideró que la renovación de la dirigencia del INE representa una oportunidad para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y garantizar que ninguna de sus áreas favorezca a un partido o grupo político.

Ante la pregunta sobre posibles cambios legales para regular los nombramientos de funcionarios cercanos a la anterior presidencia del instituto, Sheinbaum dijo que tendría que evaluarse si es procedente modificar la legislación en el actual contexto electoral. Añadió que corresponde a las autoridades del propio INE actuar ante eventuales conflictos de interés o actos ilícitos.

Una institución electoral bajo demanda de rendición de cuentas

La mandataria reiteró que el organismo debe ofrecer información completa sobre sus contratos, salarios, proveedores y manejo presupuestario. También pidió que las auditorías no se limiten a errores administrativos menores, sino que permitan identificar cualquier posible uso indebido de recursos públicos.

El llamado ocurre en medio de la discusión sobre la sucesión en la presidencia del INE y las condiciones necesarias para garantizar la confianza pública en la autoridad electoral.

Para Sheinbaum, el objetivo debe ser fortalecer la institución mediante controles efectivos, transparencia y rendición de cuentas, sin que las investigaciones se conviertan en un instrumento de confrontación partidista.

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