Con 419 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó reformas para sancionar la incorporación de personas a grupos delictivos; el dictamen fue turnado al Senado.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 419 votos a favor, reformas para sancionar el reclutamiento de personas por parte de grupos delictivos, con penas de hasta 20 años de prisión y multas de hasta 50 mil días multa. Cuando el delito se cometa mediante intimidación, amenazas, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, la pena podrá alcanzar los 25 años de cárcel.
El dictamen modifica la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mediante la incorporación del capítulo II Bis, denominado “Del Reclutamiento Forzado de Personas”.
La reforma establece penas de 10 a 20 años de prisión y de cinco mil a 50 mil días multa para quien, por medios impresos, electrónicos o cualquier otro, invite, induzca, incorpore o reclute a una o más personas para formar parte de un grupo delictivo o de la delincuencia organizada, o para realizar actividades delictivas previstas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Si la conducta se realiza mediante intimidación, amenaza, coacción, violencia física o moral o abuso de poder, la sanción será de 15 a 25 años de prisión y de 10 mil a 80 mil días multa.
El proyecto también establece que todo reclutamiento de niñas, niños y adolescentes se considerará reclutamiento forzado. En los casos en que menores de edad sean imputados por este delito, deberán salvaguardarse el interés superior de la niñez, la protección de sus derechos y su restitución, conforme a la legislación aplicable.
Además, las penas podrán incrementarse hasta en una mitad cuando el responsable trabaje o haya trabajado en una empresa de seguridad privada y utilice información confidencial o conocimientos adquiridos mediante capacitación para cometer el ilícito, o cuando se ostente como persona servidora pública.
El mismo incremento podrá aplicarse cuando la víctima pertenezca a un pueblo o comunidad indígena o afromexicana, se encuentre en situación de movilidad humana o cuando el reclutamiento implique lesiones, tortura, violencia sexual, privación de la libertad, fanatismo religioso o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También se contemplan agravantes cuando la víctima tenga formación, profesión, habilidades o conocimientos especializados, o cuando el responsable haya pertenecido a corporaciones de seguridad pública o a la Fuerza Armada Permanente.
En caso de que el delito sea cometido por una persona servidora pública, además de la pena de prisión, se impondrán la destitución y la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión públicos hasta por un plazo igual al de la condena privativa de libertad.
El dictamen prevé la posibilidad de reducir hasta en una tercera parte las penas cuando los autores o partícipes proporcionen información relevante, corroborada con otros datos o medios de prueba, que contribuya a esclarecer los hechos o identificar a otros responsables. Para acceder a este beneficio, deberán cumplirse condiciones como no ser reincidentes y garantizar la reparación integral del daño a la víctima; la reducción no aplicará a imputados por delincuencia organizada.
Tras su aprobación, el dictamen fue remitido a la Cámara de Senadores para continuar con el proceso legislativo. Una vez que entre en vigor, los congresos estatales que contemplen el delito de reclutamiento tendrán un plazo máximo de 180 días naturales para armonizar sus leyes con las nuevas disposiciones.
