En un mensaje en video, la gobernadora de Chihuahua defendió la actuación de la Fiscalía estatal y aseguró que colaborará con la FGR en la investigación federal contra el exfiscal, detenido por su presunta responsabilidad en la participación irregular de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas.
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó que en su administración nadie está por encima de la ley y rechazó que exista protección o persecución política en el caso del exfiscal estatal César Jáuregui Moreno, detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por una investigación relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra el narcotráfico.
En un mensaje difundido este lunes 19 de octubre en sus redes sociales, la mandataria aseguró que la Fiscalía General del Estado cumplió con sus responsabilidades al investigar los hechos ocurridos en abril en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, y sostuvo que la resolución de los procesos corresponde ahora al Poder Judicial.
“Nadie que haya servido en mi gobierno está por encima de la ley. En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni se persigue a nadie”, afirmó.
Campos explicó que la investigación estatal concluyó su etapa inicial la semana pasada y derivó en la judicialización de una causa por delitos del fuero común. Precisó que la detención realizada por la FGR corresponde a un procedimiento distinto, iniciado a partir de las investigaciones de la autoridad federal.
La gobernadora ofreció entregar a la Federación la información y documentación que le sean requeridas, así como atender las diligencias necesarias dentro del marco legal.
Maru Campos defiende la cooperación internacional, pero exige apego a la ley
Durante el mensaje, Campos sostuvo que la colaboración con otros países en materia de seguridad es legítima y necesaria, aunque subrayó que debe realizarse mediante los canales institucionales correspondientes.
“La cooperación con autoridades de otros países es legítima y necesaria, pero debe darse con apego a la ley, como siempre lo habíamos venido haciendo, es decir, a través de los conductos institucionales”, señaló.
La mandataria afirmó que su gobierno mantendrá la colaboración con las autoridades federales y con sus socios internacionales para combatir al crimen organizado, pero insistió en que todas las instituciones bajo su responsabilidad deben actuar conforme a la legislación mexicana.
El pronunciamiento ocurre después de que la participación de agentes estadounidenses en una operación antidrogas en Chihuahua generara cuestionamientos sobre los mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales y federales, así como sobre los límites legales de la intervención de personal extranjero en territorio nacional.
Campos no anunció medidas adicionales contra otros funcionarios de su administración, pero señaló que, si las investigaciones arrojan nuevos hechos relacionados con el ejercicio de cargos públicos, la Fiscalía estatal actuará dentro de sus atribuciones y proporcionará a las autoridades federales la información que soliciten.
¿Por qué investigan a César Jáuregui?
El caso se remonta a abril, cuando autoridades mexicanas realizaron un operativo para desmantelar un presunto laboratorio de drogas sintéticas en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara.
Después del operativo, un accidente carretero provocó la muerte de cuatro personas: dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua y dos ciudadanos estadounidenses identificados en los reportes del caso como agentes vinculados con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
La participación de personal estadounidense en la operación no se conoció públicamente desde el principio y posteriormente se convirtió en un asunto de controversia entre las autoridades estatales y federales.
El entonces fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, renunció al cargo el 27 de abril. Posteriormente, la Fiscalía estatal abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del operativo y determinar si servidores públicos incurrieron en irregularidades.
El 17 de octubre, Jáuregui fue detenido por autoridades estatales por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, relacionados con la participación de personal extranjero en actividades de seguridad.
Un juez de control resolvió que enfrentara ese proceso bajo medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Sin embargo, después de esa audiencia, agentes de la FGR cumplimentaron una orden de aprehensión federal contra el exfuncionario por el presunto delito de traición a la patria.
La Fiscalía federal sostiene que el caso involucra la participación no autorizada de agentes extranjeros en tareas de seguridad en México. Las imputaciones deberán ser examinadas por las autoridades judiciales y no constituyen, por sí mismas, una declaración definitiva de culpabilidad.
La Fiscalía estatal y la FGR llevan causas distintas
En su mensaje, Campos insistió en que la investigación de la Fiscalía de Chihuahua y la causa federal no deben confundirse.
La mandataria recordó que el pasado 24 de abril, un día después de reunirse con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la creación de una unidad especializada dentro de la Fiscalía estatal para investigar lo sucedido en El Pinal.
De acuerdo con Campos, el acuerdo que dio origen a esa unidad estableció el mandato de investigar la posible comisión de delitos o faltas graves por parte de servidores públicos y deslindar responsabilidades en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
La gobernadora aseguró que esa investigación concluyó su primera etapa y que la Fiscalía estatal actuó conforme a sus atribuciones al presentar los cargos correspondientes ante el Poder Judicial.
Sobre la investigación federal, señaló que la FGR llevó el asunto ante las instancias judiciales con base en sus propias indagatorias y reiteró que Chihuahua atenderá los requerimientos que reciba.
“La Fiscalía del Estado hizo lo que le corresponde y ha informado oportunamente el estado del proceso; la determinación del proceso corresponde al Poder Judicial”, sostuvo.
La distinción es relevante porque Jáuregui enfrenta procedimientos en dos ámbitos: uno estatal, por presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público, y otro federal, por el delito de traición a la patria. Ambos procesos deberán avanzar conforme a sus respectivas competencias.
El caso abre un nuevo frente entre autoridades estatales y federales
La detención del exfiscal ha colocado bajo escrutinio los mecanismos de colaboración entre Chihuahua y Estados Unidos en materia de seguridad, en particular los procedimientos para autorizar la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.
El Gobierno federal ha reiterado que la cooperación internacional contra el crimen organizado debe ajustarse a las leyes mexicanas y a los procedimientos institucionales. La participación de agentes extranjeros sin la autorización correspondiente es uno de los puntos centrales de la investigación.
El caso también ha generado cuestionamientos políticos sobre el conocimiento que tenían las autoridades estatales acerca de la presencia y las funciones del personal estadounidense involucrado en el operativo.
En su mensaje, Campos no aceptó responsabilidad de su gobierno por las presuntas irregularidades atribuidas a Jáuregui, pero afirmó que las investigaciones deben continuar y que cualquier nueva información relacionada con servidores públicos estatales será entregada a las autoridades competentes.
La gobernadora cerró su pronunciamiento con el compromiso de mantener el combate al crimen organizado mediante la colaboración con el Gobierno de México y sus socios internacionales, siempre dentro de la ley.
Por ahora, el desarrollo de las investigaciones y las decisiones judiciales determinarán las responsabilidades que pudieran derivarse del operativo de El Pinal y de la participación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
