El Gobierno de México construirá un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, luego de los dos enfrentamientos registrados en menos de 24 horas en el penal de El Castillo, en Mazatlán, que dejaron 12 personas muertas, entre ellas un niño de dos años que acudió de visita familiar, y 17 internos lesionados.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este sábado que la nueva prisión contará con infraestructura para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en la entidad. La construcción se realizará por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que, mientras se concreta el proyecto, la seguridad en el Centro Penitenciario de Mazatlán fue reforzada con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Harfuch también agradeció a la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para la construcción del nuevo centro.
El anuncio ocurre después de una serie de hechos violentos en el penal de El Castillo, donde los enfrentamientos entre internos dejaron un saldo de 11 personas privadas de la libertad y un menor de edad fallecidos. Los reportes oficiales y periodísticos atribuyen los disturbios a disputas entre grupos vinculados con facciones rivales del Cártel de Sinaloa.
Dos enfrentamientos en menos de 24 horas
El primer episodio ocurrió el jueves 8 de octubre, durante el horario de visita familiar. La riña dejó 10 personas muertas —nueve internos y un niño de dos años que se encontraba en el centro penitenciario con su madre—, además de 16 personas heridas, de acuerdo con los primeros reportes.
Al día siguiente se registró un nuevo enfrentamiento que dejó otros dos internos muertos y elevó a 12 el número total de víctimas mortales. Entre los fallecidos se encontraba Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como Owen, identificado en reportes periodísticos como integrante de la facción de Los Chapitos.
Los hechos motivaron el despliegue de fuerzas de seguridad federales y estatales para recuperar el control del centro penitenciario. La Fiscalía de Sinaloa inició las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo ingresaron armas de fuego al penal.
La violencia también puso nuevamente bajo escrutinio las condiciones de seguridad de El Castillo, así como los mecanismos de supervisión y control de objetos prohibidos dentro de las instalaciones.
Refuerzan vigilancia mientras se construye la nueva prisión
El Gobierno federal no ha detallado todavía la ubicación definitiva, el calendario de construcción ni el presupuesto específico del nuevo centro penitenciario. Por ahora, la medida inmediata consiste en reforzar la vigilancia del penal de Mazatlán con personal de la Guardia Nacional y del sistema federal de prevención y reinserción social.
La nueva prisión, de acuerdo con el anuncio de Harfuch, tendrá como objetivo mejorar las condiciones de seguridad y fortalecer el control de las instalaciones penitenciarias en Sinaloa.
Sin embargo, la construcción de un nuevo centro no resuelve por sí misma las interrogantes sobre los recientes enfrentamientos, el ingreso de armas y la capacidad de las autoridades para prevenir nuevos episodios de violencia dentro de las cárceles.
La investigación sobre los hechos de El Castillo deberá establecer las responsabilidades correspondientes, mientras el Gobierno federal y las autoridades estatales avanzan en el proyecto de infraestructura anunciado.
