Fiscales generales de 29 estados acusan a la empresa de diseñar plataformas adictivas y recopilar ilegalmente datos de niños; la compañía podría enfrentar sanciones de hasta 1.4 billones de dólares
Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, enfrenta a partir de esta semana en un tribunal federal de Oakland, California, uno de los mayores desafíos legales de su historia por las acusaciones de que sus plataformas fueron diseñadas para mantener a niños y adolescentes conectados durante periodos prolongados y que la compañía no protegió adecuadamente a los menores.
El litigio fue presentado por los fiscales generales de 29 estados de Estados Unidos, que acusan a Meta de utilizar características que favorecen un uso compulsivo de sus plataformas y de haber engañado a los usuarios sobre los riesgos para los menores. La demanda también sostiene que la compañía recopiló y utilizó datos de niños menores de 13 años sin el consentimiento requerido de sus padres, en posible violación de la legislación federal de privacidad infantil.
El juicio se desarrolla en un contexto de creciente presión judicial sobre las principales plataformas digitales por sus efectos sobre niños y adolescentes. Meta podría enfrentar sanciones que, según cálculos de la propia compañía, alcanzarían hasta 1.4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor de mercado. Sin embargo, los fiscales generales no han hecho pública una cantidad específica que pretendan obtener y especialistas consideran poco probable que se imponga una sanción de esa magnitud.
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey encabezan el caso
Aunque la demanda involucra a 29 estados, el juicio que comienza en Oakland será encabezado por California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey.
El proceso deriva de una demanda presentada en 2023 después de una investigación conjunta sobre el impacto de Facebook e Instagram entre los usuarios jóvenes. Los fiscales sostienen que Meta conocía los riesgos asociados con sus plataformas y, aun así, mantuvo características destinadas a aumentar el tiempo que los usuarios permanecían conectados.
Entre los elementos cuestionados se encuentran los algoritmos de recomendación, las notificaciones y otras funciones diseñadas para incrementar la interacción, así como mecanismos que, según los fiscales, pueden favorecer un uso prolongado de las plataformas.
La acusación también señala que Meta habría presentado sus servicios como seguros para los menores mientras ocultaba o minimizaba información sobre posibles riesgos.
¿Qué acusa la demanda?
El caso combina dos grandes grupos de acusaciones.
El primero se refiere al diseño de las plataformas y sus efectos sobre niños y adolescentes. Los fiscales generales sostienen que Meta diseñó Facebook e Instagram para maximizar el tiempo de permanencia y la interacción de los usuarios, incluso cuando esto podía perjudicar el bienestar de los menores.
La demanda sostiene que algunas funciones de las plataformas pueden favorecer comportamientos compulsivos y que Meta habría utilizado estos mecanismos para aumentar sus ingresos publicitarios.
El segundo grupo de acusaciones está relacionado con la privacidad de los menores. Los estados sostienen que Meta recopiló y utilizó información de niños menores de 13 años sin obtener el consentimiento parental requerido por la legislación federal conocida como Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).
En junio, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers rechazó el intento de Meta de obtener un fallo que terminara anticipadamente con el litigio. En esa resolución también coincidió con California en que la compañía no había obtenido el consentimiento parental de una manera suficiente para cumplir con COPPA, una decisión que permitió que el caso avanzara hacia el juicio.
Meta rechaza las acusaciones
Meta niega las acusaciones y sostiene que ha trabajado durante años para mejorar la seguridad de los adolescentes en sus plataformas.
La empresa afirma que ha incorporado herramientas destinadas a proteger a los menores, ha trabajado con padres, expertos y autoridades y ha realizado investigaciones sobre los problemas que afectan a los jóvenes.
También cuestiona la premisa de las demandas y sostiene que los fiscales están intentando atribuir a sus plataformas problemas de salud mental que tienen múltiples causas.
Meta ha argumentado además que “adicción a las redes sociales” no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, y ha rechazado que sus productos hayan sido diseñados con el propósito de perjudicar a los menores.
Un juicio con un jurado que no decidirá el caso
El proceso tendrá una particularidad poco habitual.
La jueza Gonzalez Rogers decidió constituir un jurado consultivo de ocho personas, integrado por cinco mujeres y tres hombres. El grupo escuchará las pruebas, deliberará y emitirá conclusiones sobre determinadas cuestiones, pero su veredicto no será vinculante.
La decisión final corresponderá a la propia jueza.
Rogers justificó la utilización de este mecanismo por el impacto que tiene el caso sobre millones de usuarios y porque la opinión de ciudadanos puede ayudar al tribunal a valorar cuestiones relacionadas con los estándares de la comunidad.
Meta se opuso a la utilización del jurado consultivo y había solicitado que la jueza resolviera el caso directamente.
Los argumentos iniciales están previstos para el 18 de agosto y el proceso podría extenderse durante unas seis o siete semanas, con una decisión de la jueza prevista para octubre.
¿Qué podría ordenar el tribunal?
El caso no se limita a una posible sanción económica.
Los fiscales generales también buscan que el tribunal obligue a Meta a realizar cambios en el funcionamiento de Facebook e Instagram.
Entre las medidas solicitadas se encuentran establecer restricciones de edad, eliminar funciones como el scrolling infinito, borrar algoritmos y modelos de inteligencia artificial desarrollados a partir de datos de niños y modificar los sistemas de recomendación para que prioricen el bienestar de los usuarios sobre el tiempo de permanencia y la interacción.
Los estados también pretenden que Meta establezca límites más estrictos para los usuarios jóvenes y adopte medidas adicionales para impedir que menores de edad accedan a determinadas funciones.
Por ello, una resolución adversa podría tener consecuencias que vayan mucho más allá de una multa: podría obligar a modificar características centrales del funcionamiento de las plataformas.
El antecedente de Nuevo México
El juicio en California llega después de una derrota importante para Meta en Nuevo México.
La semana pasada, un tribunal de ese estado ordenó a la empresa pagar 567 millones de dólares y realizar cambios en sus plataformas después de determinar que Meta había contribuido a una crisis de salud mental entre menores y había incurrido en prácticas que perjudicaban a los usuarios jóvenes. Meta ha anunciado que apelará esa decisión.
También existen otros procesos contra Meta y las principales plataformas digitales.
En California hay más de 3 mil demandas federales presentadas por individuos, distritos escolares y otras entidades contra Meta, Google, TikTok y Snap, que fueron agrupadas ante el mismo tribunal federal. Existe además otro conjunto de más de 3 mil 300 demandas en tribunales estatales de California.
Los casos buscan establecer si las empresas pueden ser legalmente responsables por los efectos de determinadas características de sus plataformas sobre los menores.
Un problema que alcanza a toda la industria
El caso contra Meta forma parte de una disputa mucho más amplia sobre la relación entre redes sociales, salud mental y menores.
Además de Meta, Google, TikTok y Snap enfrentan demandas similares de familias, distritos escolares y autoridades estatales. Algunas ya han llegado a juicios o acuerdos.
En uno de los primeros procesos con jurado, celebrado en California, Meta y YouTube fueron declaradas responsables de daños en un caso relacionado con una joven que había comenzado a utilizar las plataformas durante su infancia. Meta también ha enfrentado otros fallos adversos en los últimos meses.
Al mismo tiempo, distintos gobiernos han comenzado a adoptar medidas legislativas para limitar el acceso de los menores a las redes sociales o restringir determinadas funciones de las plataformas.
California, por ejemplo, aprobó en 2024 la Protecting Our Kids from Social Media Addiction Act, que busca limitar determinadas funciones consideradas adictivas y establece requisitos relacionados con el consentimiento parental. El estado también trabaja en regulaciones para su aplicación.
Un juicio que podría cambiar las redes sociales
El proceso de Oakland será observado más allá de California porque puede ayudar a determinar hasta dónde llega la responsabilidad legal de las plataformas por el diseño de sus productos y por los daños que puedan sufrir los usuarios jóvenes.
Para los fiscales, el caso demuestra que las empresas conocían los riesgos y priorizaron el crecimiento y la interacción de los usuarios.
Para Meta, las demandas intentan convertir a una empresa tecnológica en responsable de problemas sociales y de salud mental mucho más amplios, además de cuestionar funciones que forman parte del funcionamiento habitual de las redes sociales.
La decisión de la jueza Gonzalez Rogers podría establecer límites sobre el diseño de plataformas dirigidas a menores y determinar qué obligaciones tienen las empresas respecto de los datos y la seguridad de los niños.
Por eso, más que el monto potencial de 1.4 billones de dólares, el verdadero alcance del juicio puede estar en las medidas que el tribunal eventualmente imponga a Meta. Una resolución que obligara a modificar algoritmos, eliminar funciones de interacción o establecer nuevas restricciones de edad podría tener repercusiones en toda la industria de las redes sociales.
Nota editorial: yo mantendría “alegan”, “sostienen” y “según los fiscales” a lo largo de la nota. No podemos escribir que Instagram y Facebook “causan adicción” o que Meta “daña la salud mental de los jóvenes” como hechos establecidos: son precisamente cuestiones que el tribunal deberá resolver. Esto es especialmente importante porque ya existen fallos adversos contra Meta, pero también están en apelación y no convierten automáticamente las acusaciones de este nuevo proceso en hechos probados.
