Macron ordena modificar la iniciativa para superar las objeciones constitucionales y mantener la restricción al acceso de menores
El Consejo Constitucional de Francia anuló la disposición central de la “Ley para proteger a los menores de los riesgos a los que los expone el uso de las redes sociales”, que prohibía a los menores de 15 años utilizar estas plataformas. La decisión se produjo después de que más de 60 diputados de La France Insoumise (LFI), partido de oposición, presentaran un recurso ante el máximo órgano constitucional para cuestionar la norma aprobada por el Parlamento.
El Consejo consideró que la prohibición general constituía una restricción desproporcionada de las libertades de expresión y comunicación. También determinó que el mecanismo previsto para verificar la edad de los usuarios no ofrecía garantías jurídicas suficientes para proteger su privacidad.
La ley había sido aprobada definitivamente por el Parlamento el 21 de julio y establecía que la prohibición entraría en vigor el 1 de septiembre. El texto impedía a los menores de 15 años crear nuevas cuentas y contemplaba que las plataformas eliminaran, cuatro meses después, las cuentas existentes de usuarios que no cumplieran con la edad mínima.
Una prohibición considerada demasiado amplia
La ley establecía una prohibición general para los menores de 15 años. El Consejo Constitucional consideró que la medida imponía una restricción desproporcionada a la libertad de expresión y comunicación, debido a las condiciones en las que debía comenzar a aplicarse.
El Consejo también cuestionó el sistema de verificación de edad necesario para hacer cumplir la prohibición. Determinó que la legislación no establecía con suficiente precisión las condiciones y límites bajo los cuales los usuarios tendrían que acreditar su edad, ni ofrecía garantías jurídicas suficientes para proteger su vida privada.
El problema no se limitaba a los menores. Para impedir que los usuarios menores de 15 años accedieran a las plataformas, también los adultos tendrían que acreditar su edad, lo que planteaba implicaciones para la privacidad de todos los usuarios.
Macron ordena modificar la iniciativa
Tras la decisión del Consejo Constitucional, Emmanuel Macron ordenó al primer ministro Sébastien Lecornu modificar la iniciativa para atender las objeciones planteadas por el tribunal y garantizar que una nueva versión sea compatible con la Constitución francesa y con el marco regulatorio de la Unión Europea.
El presidente mantiene el objetivo de establecer restricciones al acceso de los menores a las plataformas digitales y pidió que el nuevo texto pueda estar listo antes de la primavera de 2027, cuando Francia celebrará elecciones presidenciales y Macron no podrá buscar un tercer mandato.
La decisión del Consejo Constitucional, por tanto, no supone que el gobierno francés haya abandonado la iniciativa, sino que deberá modificarla para superar las objeciones constitucionales.
¿Qué decía la ley?
La legislación aprobada por el Parlamento establecía una prohibición amplia del acceso a las redes sociales para menores de 15 años.
La medida alcanzaba plataformas como TikTok, Instagram y Snapchat, aunque el texto no contenía una lista cerrada de servicios. También generaba dudas sobre la situación de plataformas como YouTube, WhatsApp, Reddit o determinados videojuegos que incorporan funciones sociales.
El texto contemplaba algunas excepciones para servicios como enciclopedias en línea y directorios educativos o científicos.
La aplicación se había diseñado en dos etapas: a partir del 1 de septiembre, los menores de 15 años no podrían crear nuevas cuentas; posteriormente, las plataformas tendrían cuatro meses para eliminar las cuentas existentes de usuarios que no cumplieran con el requisito de edad.
La norma también incluía una prohibición del uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias. El Consejo Constitucional no anuló esa disposición, por lo que la decisión sobre las redes sociales no afecta esa parte de la legislación.
Protección infantil frente a libertad y privacidad
La iniciativa francesa forma parte de un debate internacional sobre los efectos del uso intensivo de redes sociales entre niños y adolescentes.
El gobierno de Macron ha argumentado que las plataformas pueden exponer a los menores a acoso, contenidos perjudiciales y otros riesgos para su salud y desarrollo. La propuesta buscaba establecer una barrera de edad más estricta para reducir esa exposición.
Sin embargo, sus críticos cuestionaron tanto la eficacia de una prohibición general como las consecuencias de exigir sistemas de verificación de edad.
El Consejo Constitucional no negó la posibilidad de que el Estado adopte medidas para proteger a los menores. Su decisión se concentró en determinar que la herramienta elegida en esta ley no respetaba adecuadamente el equilibrio entre ese objetivo y los derechos fundamentales.
La decisión refleja una dificultad que enfrentan otros países que estudian restricciones similares: cómo proteger a los menores sin imponer restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión ni mecanismos de verificación que afecten la privacidad de los usuarios.
Un debate que se extiende a otros países
La decisión del Consejo Constitucional francés se produce en medio de un debate internacional sobre cómo limitar la exposición de niños y adolescentes a las redes sociales y al uso excesivo de dispositivos digitales.
La Unión Europea también analiza medidas para reforzar la protección de los menores frente a determinadas funciones de las plataformas digitales.
Uno de los casos más avanzados es Australia, que en diciembre de 2025 comenzó a aplicar una prohibición de acceso a las redes sociales para menores de 16 años. La medida alcanza plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube y establece obligaciones para las empresas que operan esos servicios.
México también ha abierto este debate. La presidenta Claudia Sheinbaum impulsa foros de discusión para concientizar sobre el funcionamiento de los algoritmos de las redes sociales y su capacidad para generar patrones de uso adictivo, así como sobre los efectos del llamado scrolling infinito. El gobierno también analiza restringir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos en las escuelas, una medida que ya se aplica en 16 estados mediante disposiciones que limitan su utilización en planteles de educación básica.
El caso francés muestra las dificultades de establecer una prohibición general y, al mismo tiempo, garantizar los derechos de los usuarios.
