El juez Richard Stearns consideró que el gobierno no demostró una violación continua de las leyes federales de derechos civiles en la universidad
Un juez federal de Boston desechó este jueves la demanda presentada por el gobierno de Donald Trump contra la Universidad de Harvard, en la que acusaba a la institución de no proteger adecuadamente a estudiantes judíos e israelíes frente al antisemitismo.
El juez Richard Stearns determinó que la administración no había demostrado de manera suficiente que Harvard estuviera incurriendo en una violación continua de las leyes federales de derechos civiles. Consideró que los hechos señalados por el gobierno se concentraban principalmente en el ciclo escolar 2023-2024 y que los incidentes posteriores eran demasiado aislados para sustentar la acusación de una conducta persistente de la universidad.
La demanda fue presentada en marzo por el Departamento de Justicia, que acusó a Harvard de haber permitido un ambiente en el que estudiantes judíos e israelíes habrían sido objeto de acoso, discriminación y hostigamiento durante las protestas relacionadas con la guerra entre Israel y Hamás.
El gobierno sostuvo que autoridades y profesores de Harvard habían ignorado o respondido de manera insuficiente ante esos hechos y que la universidad había incumplido sus obligaciones bajo el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
El juez cuestiona la continuidad de los hechos
En su resolución, Stearns señaló que los principales incidentes utilizados por el gobierno para sustentar la demanda ocurrieron durante el año académico 2023-2024.
La administración también presentó algunos hechos posteriores, incluidos incidentes registrados en marzo de 2025. Sin embargo, el juez consideró que estos últimos eran demasiado aislados y episódicos para demostrar una violación continua de las normas federales contra la discriminación.
El punto central del fallo no fue determinar que nunca hubieran ocurrido actos antisemitas en el campus, sino establecer si las pruebas presentadas por el gobierno eran suficientes para demostrar una violación vigente de las obligaciones de Harvard bajo el Título VI.
El Título VI prohíbe la discriminación por motivos de raza, color u origen nacional en programas o instituciones que reciben fondos federales.
Harvard rechazó las acusaciones
Harvard ha rechazado las acusaciones de la administración y sostuvo que el gobierno no había demostrado la existencia de una violación actual o inminente del Título VI.
La universidad también ha afirmado que condena el antisemitismo y que está comprometida con garantizar que sus estudiantes judíos e israelíes puedan participar plenamente en la vida universitaria sin sufrir acoso o exclusión.
En documentos presentados ante el tribunal, Harvard argumentó que la demanda constituía una acción de represalia después de que la universidad se negara a aceptar varias exigencias de la administración Trump.
La institución también ha implementado medidas internas para atender las preocupaciones relacionadas con el antisemitismo y otras formas de discriminación dentro del campus.
Otro frente en la disputa entre Trump y Harvard
La demanda por derechos civiles forma parte de un conflicto mucho más amplio entre la administración Trump y Harvard.
El gobierno federal ha intentado reducir o retirar fondos de investigación de la universidad y cuestionó su política para admitir estudiantes extranjeros.
En otro litigio, un juez federal determinó que la administración había actuado ilegalmente al cancelar más de 2 mil millones de dólares en fondos de investigación destinados a Harvard. El gobierno apeló esa decisión.
La administración también intentó impedir que Harvard pudiera matricular estudiantes internacionales, pero esa medida fue bloqueada posteriormente por otro juez federal.
La ofensiva contra Harvard forma parte de la campaña de Trump contra varias de las principales universidades estadunidenses, a las que su gobierno acusa de permitir antisemitismo y de no combatir adecuadamente determinadas formas de discriminación.
El gobierno podría apelar
La decisión de Stearns representa un revés para el Departamento de Justicia, que buscaba utilizar las leyes federales de derechos civiles para recuperar fondos públicos otorgados a Harvard.
El gobierno todavía puede apelar la decisión y continuar otros litigios contra la universidad.
Harvard, por su parte, mantiene abiertos otros procesos judiciales relacionados con las medidas adoptadas por la administración Trump.
El fallo de este jueves, por tanto, no determina que los problemas de antisemitismo denunciados en Harvard sean inexistentes, sino que establece que las pruebas presentadas por el gobierno no fueron suficientes para demostrar la violación continua de la legislación federal que requería su demanda.
