Un grupo de aspirantes que habían sido aceptados para ingresar a licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) promovió los primeros juicios de amparo contra la decisión de la institución de cancelar los resultados de su examen de admisión y convocarlos a presentar un examen de control presencial.
Las demandas fueron presentadas ante Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, donde dos juezas federales recibieron los primeros recursos promovidos por estudiantes que sostienen haber obtenido su lugar de manera legítima y consideran que la medida vulnera sus derechos al obligarlos a repetir la evaluación por irregularidades que, afirman, no les son atribuibles.
De acuerdo con los promoventes, la UNAM no acreditó que ellos hubieran incurrido en alguna conducta indebida durante la aplicación del examen en línea, por lo que consideran que la cancelación de sus resultados carece de una justificación individual y los coloca en un estado de incertidumbre jurídica.
Las juezas requirieron a las promoventes precisar con mayor claridad el acto reclamado y, por el momento, no concedieron la suspensión solicitada, al considerar que aún es necesario integrar adecuadamente los expedientes antes de pronunciarse sobre esa medida cautelar.
Los estudiantes buscan que la autoridad judicial ordene a la UNAM respetar los resultados originalmente obtenidos y deje sin efectos la aplicación del examen de control anunciado por la institución para validar los puntajes obtenidos en el proceso de admisión 2026.
La UNAM decidió aplicar un examen de control después de que una Comisión Técnica detectó irregularidades en el proceso de admisión realizado por primera vez en modalidad completamente remota y recomendó una nueva evaluación presencial para 58 mil aspirantes. Como parte de las medidas adoptadas, la Universidad también pospuso al 31 de agosto el inicio de clases para los estudiantes de nuevo ingreso.
La decisión ha generado protestas, bloqueos y ahora acciones legales por parte de aspirantes que insisten en que obtuvieron su lugar con base en su desempeño académico y que no deben asumir las consecuencias de las fallas detectadas en el proceso de admisión.
